La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la causa por presunto lavado de activos relacionada con una casaquinta de Pilar, valuada en US$17 millones, vuelva al juzgado federal de Campana.
La investigación analiza la presunta utilización de testaferros para adquirir la propiedad y otros bienes de lujo, en un expediente que menciona a dirigentes de la AFA como Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
El tribunal, integrado por Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, determinó que la pesquisa debe continuar en la Justicia Federal Criminal y Correccional y no en el fuero Penal Económico.
El juez Alejandro Slokar votó en disidencia por cuestiones formales.
El expediente había sido enviado al juzgado Penal Económico N°10 de la Ciudad de Buenos Aires, subrogado por Verónica Straccia, luego de una resolución de la Cámara del fuero. Ahora deberá regresar a Campana, donde interviene el juez Adrián González Charvay.
La defensa de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, había solicitado que la investigación volviera a ese juzgado debido a que la propiedad central de la pesquisa está ubicada en Pilar, dentro de su jurisdicción. La fiscalía de Mario Villar se había opuesto al planteo al considerar que la investigación también comprende hechos vinculados con la Ciudad de Buenos Aires.
Casación sostuvo que el lavado de activos, contemplado en el artículo 303 del Código Penal, es competencia de la Justicia Federal y no del fuero Penal Económico.
Los jueces aclararon que el cambio de jurisdicción no anula las medidas realizadas ni obliga a reiniciar la investigación. Todo lo actuado conserva validez y la pesquisa deberá continuar con las pruebas incorporadas y las que todavía resten producir.
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