El Tribunal Oral Federal 2 avanzó con una nueva etapa de la ejecución patrimonial de la condena por el caso Vialidad y ordenó inmovilizar una serie de propiedades, acciones y otros activos.
Las medidas buscan evitar que esos bienes sean transferidos o afectados mientras se define cuáles serán finalmente decomisados para cubrir los $685.000 millones establecidos por la Justicia.
Uno de los inmuebles alcanzados es el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. La propiedad está vinculada a Los Sauces, una sociedad de la familia Kirchner.
La decisión no significa que el inmueble pase automáticamente a manos del Estado. El embargo funciona como una garantía para mantenerlo disponible hasta que concluya el proceso de decomiso y las partes puedan intervenir en esa instancia.
El listado incluye además propiedades de la familia Kirchner en Río Gallegos y El Calafate, cómo distintos terrenos e inmuebles, entre ellos el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén.
También quedaron comprendidas incluidos el chalet de la expresidenta sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner y otras casas ubicadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
En Puerto Madero quedaron afectados varios inmuebles del complejo Madero Center, entre ellos unidades, cocheras y una baulera que durante años fueron alquilados por el empresario Cristóbal López.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso también alcanzaron activos relacionados con Lázaro Báez y distintas sociedades.
El nuevo paquete surge después de un primer listado de 111 propiedades cuyo decomiso fue ordenado por el TOF 2 y que ahora está bajo análisis de la Corte Suprema. En paralelo, el tribunal trabaja sobre otros 144 bienes, entre inmuebles, vehículos y participaciones empresarias.
Para fundamentar las nuevas cautelares, los jueces remarcaron que la sentencia de Vialidad estableció una conexión económica entre las empresas de Báez y el patrimonio de la familia Kirchner. Bajo ese criterio, consideran alcanzables los bienes incorporados durante el período comprendido entre 2003 y 2015.
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