En la Cámara baja se aprobó ayer la Ley Vial por la cual se modifica el Código Penal, incorporando los artículos 197 bis y 197 sobre personas que conduzcan en estado de ebriedad. Este proyecto es impulsado por víctimas de delitos como Matías Bagnato y Viviam Perrone, de la Asociación Madres del Dolor.
Con esta norma, quien conduzca un vehículo con más alcohol en sangre de lo permitido (0,5%), así como "bajo efectos de la droga, una conducta temeraria, violando normas o quien pisa y abandona y quiete una vida" podría ser condenado a 3 a 6 años de cárcel.
Según las estadísticas, en Argentina 25 personas mueren cada día por siniestros viales. A partir de la sanción de la ley, no podrá obtener la excarcelación quien provoque la muerte de una o más personas y se dé a la fuga, quien maneje a un 30% más de la velocidad máxima permitida o tenga 0,5 gramos de alcoholo por litro de sangre (profesionales) o 1 gramo por litro de sangre (particulares). La norma considera agravante el hecho de huir de la escena del accidente y abandonar a la víctima.
En el caso de los choferes del transporte público la pena se aplica si lo hacen con 0,5 gramos por litro. También el juez podrá condenar a tres años al conductor cuando se compruebe que mató porque iba a una velocidad superior el 30% de la máxima permitido.
Después de haber cajoneado el proyecto durante largo tiempo, la Cámara de Diputados sancionó este jueves la ley que endurece las penas por delitos viales, reclamada por organizaciones de familiares de víctimas.
La iniciativa fue aprobada sin debate con 197 votos a favor, apenas uno en contra –del diputado de izquierda Juan Carlos Giordano- y 4 abstenciones, del Partido Obrero y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita).
Diputados ratificó el proyecto original, rechazando los cambios que había introducido el Senado el pasado 23 de noviembre. El presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Luis Petri, explicó que con la ley las penas por homicidios culposos serán de entre 3 y 6 años –hoy son de 2 a 5 años, es decir, excarcelables-.
En diálogo con la prensa parlamentaria, Petri aclaró que se rechazaron los cambios del Senado porque “dejaban (la aplicación de las penas) abierta a interpretación judicial”. La cara visible del reclamo por la norma fue Viviam Perrone, la madre de Kevin Sedano, el joven que en 2002 fue atropellado y abandonado por un conductor que se dio a la fuga.
Comentarios recientes