Más allá que hay una causa judicial en trámite, el Gobierno de la Ciudad decidió avanzar en la urbanización de dos villas porteñas. La Legislatura porteña aprobó el 19 de diciembre la ley marco para desarrollar e integrar el barrio Rodrigo Bueno asentado en la Costanera Sur, sobre parte de la Reserva Ecológica.
En cuanto al Barrio Rodrigo Bueno, los legisladores sancionaron: "Dispóngase la reurbanización, zonificación e integración social, cultural y urbana del barrio Rodrigo Bueno, ello basado en los principios de igualdad, integración y no discriminación", dice el primer artículo de la ley que recibió aprobación inicial al ser votada hoy por la Legislatura porteña. Ahora deberá hacerse una Audiencia Pública antes de su sanción definitiva.
La norma también crea la Mesa de Gestión Participativa para la Reurbanización del Barrio Rodrigo Bueno (MGP) "con el objeto de garantizar e instrumentar la participación de los vecinos del barrio en todas las etapas de la ejecución de la presente ley".
La MGP estará conformada por: el Instituto de Vivienda, los representantes por manzana del Comité de Delegados, la Defensoría General de la Ciudad, el Ministerio Público Tutelar, la Procuración General del Gobierno y la Defensoría del Pueblo. La ley también estipula que invitará a participar a vecinos y representantes de diversos organismos del GCBA, el Estado nacional, las universidades, empresas prestatarias de servicios y organizaciones sociales o barriales.
La villa empezó a asentarse en la década del 80 sobre una zona ribereña comprendida entre la Avenida España, la Reserva Ecológica y un estrecho canal que la separa de los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.
La Legislatura porteña decidió "la reurbanización en busca de soluciones habitacionales definitivas para los pobladores del asentamiento, respetando, protegiendo y promoviendo el derecho a la vivienda digna y un hábitat adecuado de acuerdo a los estándares internacionales, se afirmó en los considerandos todos los proyectos".
- Se garantiza a través de una serie de disposiciones el derecho de los habitantes del barrio a ser dueños de sus viviendas y la disponibilidad de servicios materiales e infraestructura.
- Habrá diagnóstico social y relevamiento físico y social, según ordena la ley.
- Se construirán viviendas nuevas, se mejorarán otras viviendas, apertura de calles, mejora del espacio público, equipamiento urbano, servicios (agua, luz, desagües, gas natural).
En tanto, según la ley aprobada a fin de año, el IVC será el responsable de ejecutar las diferentes etapas del Proyecto Integral de Reurbanización definido por la MGP. "Las soluciones habitacionales únicas y definitivas estarán destinadas a la población del barrio Rodrigo Bueno registrada en el Censo del IVC 2016", expresa la norma que se espera que empiece su ejecución el año que viene.
Sobre las relocalizaciones de los ciudadanos, el IVC efectuará una "valuación de la vivienda existente" así como el monto que arroje dicha valuación "se descontará del precio correspondiente a la solución habitacional definitiva". Así como el Gobierno "promoverá el acceso al crédito mediante programas dirigidos a brindar una solución habitacional definitiva para aquellas familias del barrio que deseen relocalizarse fuera del polígono".
La ley fue aprobada en general, por unanimidad de los 57 diputados presentes. El texto había obtenido dictamen, conjunto de las comisiones de Vivienda, Presupuesto y Planeamiento Urbano, en base a proyectos de Maximiliano Sahonero (Pro) y otros legisladores de su bancada, Javier Gentilini (FR), la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el vecino Luis Espinoza, referente a la reurbanización e integración sociourbana del “Barrio Ecológico Costero, Rodrigo Bueno”.
Es muy importante este párrafo para las 4 mil familias que viven en la villa Rodrigo Bueno y su relocalización: "Las acciones implementadas en el marco de la presente ley no podrán implicar la realización de desalojos forzosos. En los casos de que, en virtud del PIRU, una familia deba ser relocalizada, se le garantizará una solución habitacional única y definitiva dentro del Barrio con características similares o superiores a la vivienda que ocupaba".
Playón Chacarita - Barrio Fraga
La Legislatura aprobó en primera lectura la reurbanización, zonificación e integración social, cultural, ambiental y urbana del barrio denominado Playón Chacarita. El predio se encuentra delimitado por el eje de la avenida Elcano, desde su intersección con la avenida Triunvirato, ejes de las calles Guevara, Céspedes, Fraga, Teodoro García, deslinde entre las Fracciones A y Parcelas 05ª y 20, de la Manzana 178, Sección 49, eje de la avenida Federico Lacroze, calle interna existente delimitadora al edificio de la Estación del Ferrocarril General Urquiza, deslinde con el área de operaciones ferroviarias hasta el eje de la avenida Elcano.
La norma creó la Mesa de Gestión Participativa -MGP- con el objeto de garantizar e instrumentar la participación de los vecinos del barrio en todas las etapas del proceso de reurbanización. Deberá constituirse "en un plazo no mayor a los quince días desde la promulgación de la ley" y estará conformada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad -IVC, la Junta Vecinal integrada por la Comisión Directiva y los Delegados de cada manzana y la Defensoría del Pueblo.
Además, deberá invitar a dos vecinos por manzana, distintos de los delegados, quienes tendrán derecho a expresar su voz y ser oídos en el proceso de deliberación y decisión. Como regla general, el artículo 4° estipula que "las decisiones surgirán del consenso de la MGP. Excepcionalmente, en caso de disenso, el IVC – en cumplimiento de las funciones que le son propias conforme a la ley de su creación (Art. 3° y conc.- Ley 1251) – asesorará al Jefe de Gobierno respecto de la decisión a adoptar para el cumplimiento del Proyecto Integral de Reurbanización -PIRU. La MGP estará coordinada por el Gobierno porteño a través del IVC.
Según la normativa aprobada el 19 de diciembre, las soluciones habitacionales únicas y definitivas estarán dirigidas a la población del barrio registradas en el Censo realizado por el IVC en el año 2016. Y las operatorias de créditos que se promuevan e implementen para otorgar soluciones habitacionales definitivas en el marco del PIRU asegurarán condiciones iguales o más beneficiosas que las establecidas por la Ley 341.
En tanto, el Gobierno de la Ciudad a través de los organismos técnicos competentes, gestionará y/o realizará la adecuación de infraestructura a los fines de lograr el correcto funcionamiento de los servicios públicos, dice la nueva ley. "La infraestructura de servicios públicos será diseñada y ejecutada teniendo en cuenta los relevamientos y estudios demográficos que permitan determinar la población futura correspondiente a un horizonte de diseño de 20 años", expresa la normativa.
Por último, se prevé la contratación de personas que habiten el barrio para la ejecución de las obras públicas. "Las empresas y cooperativas adjudicatarias de las obras deberán contratar un 20% de personas que habiten en el barrio para la ejecución de las obra o hasta completar los inscriptos en la bolsa de trabajo por rubro o especialidad buscada, lo que ocurra primero".
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