El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) deberá proveer una solución que le garantice condiciones dignas y seguras de atención sanitaria a una mujer que padece obesidad mórbida severa que es incapaz de movilizarse.
La resolución fue firmada por el juez subrogante del juzgado N°24 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Guillermo Scheibler, que hizo lugar a la acción de amparo presentada por la damnificada.
El magistrado ordenó que, hasta que se dicte sentencia firme, el GCBA deberá, en el plazo de cinco días, disponer las medidas necesarias para la internación la mujer que presentó el amparo en un centro de atención en el que "puedan estabilizarse sus condiciones de salud y se le suministren los tratamientos, medicación y alimentación adecuada y necesaria a su patología”.
Si bien Scheibler reconoció, a partir del testimonio de profesionales del Hospital Piñero y del Ministerio de Salud, que la paciente recibe atención domiciliaria de enfermería, kinesiología, y de profesionales de salud mental, médico de cabecera y nutricionista, consideró que esa asistencia es paliativa.
A partir de un informe médico del Programa Federal de Salud (PROFE), se habrá indicado "un seguimiento y control de la paciente en un centro especializado de obesidad con atención multidisciplinaria".
Scheibler destacó para conceder la medida cautelar que “el derecho a la salud tiene rango constitucional ytambién apeló al texto constitucional porteño que en su artículo 20 “garantiza el derecho de los ciudadanos a la salud integral, y establece que el gasto público en materia de salud constituye una inversión prioritaria”.
Así, el magistrado acreditó “el delicado estado de salud de la actora y la situación de vulnerabilidad del grupo familiar”.
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