Ex magistrados federales acusados de crímenes de lesa humanidad enfrentarán el enjuiciamiento por delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado en la provincia de San Luis. Se trata del ex juez federal Eduardo Allende, el ex fiscal federal Hipólito Saá, el ex teniente de Artillería del Comando de Artillería 141 Alberto Eduardo Camps, y el ex médico de la Policía de la provincia de San Luis Jorge Omar Caram.
En la causa se investigan las privaciones ilegitimas de la libertad y tormentos contra 29 víctimas. La denuncia que da origen a la investigación afirmaba "la existencia de supuestos delitos que el secretario del Juzgado Federal de San Luis Carlos Pereyra González y otros magistrados habrían cometido durante la tramitación de causas ´relacionadas con la lucha antisubversiva´. Estos delitos han consistido en omisiones de hacer cesar privaciones ilegítimas de la libertad o en la no investigación de hechos de tortura denunciados”.
El Tribunal Oral Federal Criminal de San Luis, integrado por la jueza María Paula Marisi, y los jueces Alberto Daniel Carelli y Julián Falcucci, tendrá la tarea de deslindar las responsabilidades de los imputados ya sea en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos o por haber llevado adelante tormentos y las privaciones ilegitimas de la libertad.
A Camps y Caram se les imputa de haber integrado “la organización criminal oculta tras el aparato de poder estatal que llevó a cabo el plan sistemático de eliminación de opositores políticos en esta provincia; así como por su directa intervención en la ejecución de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos impuestos” a un grupo de víctimas.
A su vez Caram es señalado por cumplir “una función clave dentro del grupo de tareas policial, durante la ejecución de las acciones criminales, pues revisaba a las víctimas entre sesiones de tortura y mientras se encontraban cautivas en centros clandestinos de detención, para facilitar las tareas de los interrogadores y torturadores”.
En relación a las imputaciones a Allende y Hipólito Saá, el Ministerio Público Fiscal dijo que el Terrorismo de Estado contó en la provincia “con la complicidad de miembros de relevancia de un Poder Judicial que se adaptó sin más al «plan sistemático de represión y aniquilamiento de la subversión»".
Los imputados Allende, Saá, Camps y Caram se encuentran actualmente excarcelados, tras así haberlo dispuesto la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en función de considerar excesiva la duración de la prisión preventiva que pesaba sobre ellos sin condena.
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