“La Justicia de la provincia de Buenos Aires (PBA), que se lleva el 52 por ciento de las denuncias de todo el país, se debe una reestructuración importante desde hace mucho”, dijo a Tiempo Judicial, Diego Fernando Migliorisi, abogado especialista en derecho informático e inmobiliario que desde octubre de 2017 ofrece asesoramiento jurídico gratuito a víctimas de la inseguridad y propone subir las penas a quienes cometan delitos contra menores de edad.
“La lucha contra la impunidad y la injusticia es uno de mis principales objetivos desde hace años vengo trabajando incasablemente en propuestas y alternativas para que la sociedad no quede olvidada en la cifra negra del delito (o la no denuncia) por no tener medios para avanzar en defender sus derechos”, asegura el letrado en su web.
¿Cómo surgió el proyecto de asesoramiento gratuito a víctimas de la inseguridad?
El año pasado nos impactó que se repitan las cifras: hay casi 500 mil causas que se archivan por año, la cifra negra del delito está casi en el 34 por ciento. Somos un equipo de cuatro abogados. La mayoría de los casos que atendemos son amenazas, asaltos a mano armada, robos, hurtos; tenemos alrededor de 20 consultas por día. Cuando recibimos a la víctima, en caso de un particular, tratamos de que no contamine la prueba, que recopile la mayor cantidad de datos, si hay cámaras alrededor del lugar del hecho. Luego redactamos la denuncia con los hechos cronológicos y la mayor cantidad de detalles. A la víctima le recomendamos que vaya directamente a la fiscalía con un paquete ya armado de información para que se le pueda dar curso a la denuncia con mayor celeridad.
¿Por qué aproximadamente el 34 por ciento de los delitos no se denuncia?
En la cifra negra del delito inciden dos factores. Uno es el temor. Quizás en un delito menor como un robo, o inclusive un robo a mano armada de un vecino, la gente tiene miedo que se entere el agresor y le vuelva a robar, o a algún familiar. Entonces, la gente por temor decide no denunciar. Lo mismo en el caso de narcomenudeo; para que no se metan con la víctima, directamente no se denuncia. Otra causa de la falta de denuncia es el descreimiento que tiene la gente respecto del resultado que va a tener esa denuncia, en caso de que se efectúe. La mayoría de las víctimas es gente de clase trabajadora y nos dicen que pierden un día o dos de trabajo por hacer la denuncia y después no pasa nada.
¿Por la falta de celeridad en la Justicia?
Tenemos que tener en cuenta que el 70 por ciento de los delitos de toda la provincia se configuran en cinco departamentos judiciales: Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro, San Martín, La Matanza. Y realmente los pocos jueces que hay, son pocas las unidades de fiscales de investigación. Eso hace que colapse la Justicia. No hay malos funcionarios judiciales, lo que pasa es que están colapsados, debería haber el triple. Es imposible poder llevar adelante todas las causas que les llegan día a día.
¿Cuál sería una posible solución para la Justicia bonaerense?
El gran problema es que en los últimos 30 años hubo muy poca inversión en la Justicia. Y, si bien hace algunos años se creó la nueva Ley de departamentos judiciales como fijó la ley orgánica en PBA, la remodelación se ha quedado muy chica. Esos cinco departamentos judiciales, los más problemáticos, hay que dividirlos por lo menos cuatro en cada uno, crear más fiscalías en cada uno.
¿Qué opina de la nueva ley de Policía Judicial que crea la figura del “detective” y desplaza a la Policía Bonaerense de la función de investigación del delito?
Es una decisión muy buena porque le va a dar mayor especificidad desde la investigación. En Capital el nivel de esclarecimiento de hechos ha sido excelente. El cuello de botella se va a dar en la etapa de juicio porque, si no se reforma lo que es jurisdicciones judiciales, los jueces van a ser los mismos y van a tener más trabajo que antes.
También menciona algunas propuestas que le hizo a políticos, que algunos tomaron y otros no. En materia de inseguridad, ¿qué propuesta o mejora podría aportar?
Se remitió a los diferentes actores las propuestas en general, desde la etapa de prevención hasta la resocialización del delincuente. Creo que la problemática de la inseguridad no se resuelve con parches sino de forma integral, que abarque todo, hasta el patronato del liberado. El delincuente en nuestra Justicia sale, con parte de la condena o con su totalidad, si no sale resocializado vuelve a ser un problema para la sociedad.
¿Cuál es la situación de las cárceles?
El Sistema Penitenciario hoy no está pensado para la resocialización del delincuente. No produce ese efecto. De hecho, los niveles de reincidencia son muy altos. Además, faltan cárceles. Hay muchos presos en comisarías, es parte de una política que se vino aplicando que es la falta de inversión. Si la Justicia logra investigar y avanzar en todas las causas que están demoradas por el colapso de los últimos 30 años, se van a necesitar nuevas cárceles porque si no va a ser el otro cuello de botella.
Usted propuso una modificación del Código Penal para la escala de la pena a los crímenes cometidos contra menores de edad. ¿Cuál es el fundamento de ese proyecto? ¿Tiene estado parlamentario?
Es una propuesta que remitimos a las autoridades del Congreso Nacional y todavía no he tenido respuesta. De hecho, estamos en un proceso de reforma del nuevo Código Penal, no sé si se va a incorporar allí. Es un planteo al que se llegó más que nada por el daño psíquico que causa en las víctimas menores de edad y fundamentalmente a un principio del derecho internacional de la protección al menor de edad. Creo que no tiene el mismo efecto el delito configurado contra un mayor que contra un menor de edad. Creo que debe haber una sanción más grave para quien atente directamente contra un menor. Es la forma de protegerlo.
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