El 56% de los imputados detenidos por delitos de lesa humanidad tiene prisión domiciliaria, según el informe que presentó la Procuraduría de Crímenes contra la humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat y la fiscal Ángeles Ramos.
En vísperas del aniversario del aniversario número 42 de la última dictadura militar, la procuraduría especializada publicó tres nuevos informes sobre el avance de los procesos judiciales en todo el país, un dossier de sentencias con comparaciones interanuales y un análisis del estado de las causas en trámite. Desde 2006 a la actualidad, 205 personas fueron condenadas por delitos de lesa humanidad. En 2017 se dictaron 27 sentencias por delitos de lesa humanidad, la cifra más alta desde que se reabrió el juzgamiento de ese tipo de crímenes en 2006.
El año pasado resultó ser el año con mayor cantidad de sentencias porque, entre otros, terminó el tercer juicio de la mega causa ESMA en el que el Tribunal Oral Federal N° 5 impuso a 48 imputados 29 condenas a prisión perpetua y otras 19 de 8 a 25 años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención. Se juzgaron hechos que tuvieron por víctimas a casi 800 personas.
Si bien la Procuraduría evaluó que en 2017 hubo un ascenso en la cantidad de sentencias, informó que el estado de las causas en las que aun no se dictó veredicto presenta "serias demoras". Más del 66% de las causas que están en trámite aún no tienen sentencia; se trata de 397. De un total de 599, 278 todavía se encuentran en etapa de instrucción. Es decir que un 47 por ciento del total de causas todavía no alcanzó la etapa de debate, una cifra que se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años según los datos de la Procuraduría.
De los 2985 imputados investigados por delitos de lesa humanidad, el 23% (694) está procesado. El 43% (1293) está libre, el 34% (1034) detenido, el 21% (621) fallecido y el 1% (37) está prófugo.
Son 977 los sentenciados, que representan el 39% de las personas actualmente bajo investigación (867 condenados y 110 absueltos). Sólo el 24% de los condenados (un total de 211) tienen su sentencia firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 11% (12 imputados).
De los 1034 imputados detenidos, 580 se encuentran en arresto domiciliario mientras que 411 están en cárceles del servicio penitenciario federal o provincial. Además, 43 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.
En cuanto a la demora de las causas, el informe de trayectorias temporales arroja que la demora general es de cinco años y seis meses para las causas que ya se encuentran firmes, y de 4 años y 5 meses para las que continúan en trámite.
"Con ese ritmo, aun suponiendo que se presente el requerimiento de elevación en 2018 en todas las causas en instrucción –cuestión poco probable – como mínimo, la finalización de los procesos demoraría hasta mediados de 2024, año en el que se cumplirían 18 años de juicios, y cerca de 50 años desde los hechos investigados", estima la Procuraduría.
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