La Jueza Elena Liberatori, titular del juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, declaró la inaplicabilidad total del “Instructivo sobre la forma de proceder en caso de toma de establecimientos educativos”, elaborado por el Ministerio de Educación porteño, que ordenaba al rector o director de una escuela tomada “concurrir inmediatamente a la comisaría de la jurisdicción del establecimiento, a efectos de denunciar la ‘situación de toma´”. Fue a partir del amparo promovido por un grupo de padres.
La sentencia deja sin efecto también un conjunto de instrucciones aprobado en febrero pasado bajo el nombre “Pautas para la Convivencia Escolar que deberá cumplir el equipo de conducción en caso de producirse la toma de establecimientos educativos de gestión estatal”.
Según la norma, ante esta situación los directores debían citar inmediatamente a los padres para que retiren a los chicos de las escuelas. De no hacerlo, se establecía que “la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental”.
"Consideramos al fallo muy positivo en cuanto establece un límite a la arbitrariedad de los protocolos referidos a las tomas de colegios. Ahora esperamos que, de acuerdo a lo ordenado por la Jueza, se elabore un nuevo protocolo escuchando a toda la comunidad educativa, a esta Defensoría y a la Asesoría Tutelar. De esta manera, se respetarán los derechos de los alumnos y se promoverá el diálogo, la convivencia, y las prácticas democráticas”, aseguró Ramiro Dos Santos Freire, defensor del grupo de padres.
Para Liberatori, los protocolos antitoma del Gobierno de la Ciudad no respetaban los principios constitucionales locales que establecen la participación de la comunidad en el sistema educativo y la democratización en la toma de decisiones, así como el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos.
La magistrada resaltó que tampoco se tuvo en cuenta “la aplicación de la legislación local imperante para la resolución de conflictos, específica del ámbito educativo”. Finalmente, ordenó en su sentencia que el Gobierno porteño ponga “en conocimiento de los Directores y/o Rectores de establecimientos educativos de la Ciudad esta decisión”.
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