Justamente el mismo día que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que los estados podrán forzar a las denominadas startups a recaudar impuestos por sus ventas, la Justicia porteña rechazó un recurso de la empresa más importante de comercio electrónico en Argentina por no querer brindar información de un vendedor. El hecho se remonta a 2014, cuando una usuaria realizó la compra de 100 sándwiches de miga a un vendedor del sitio, producto que nunca le fue entregado.
La justicia porteña rechazó un recurso de Mercado Libre, contra una disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que impuso una multa de 30 mil pesos por no dar información del vendedor a una compradora que contrató a través de dicha plataforma on line.
La decisión del Máximo Tribunal de Justicia de los estados Unidos fue debatida por sus magistrados que terminan 5-4 en la votación que mantuvo una ley del Estado de Dakota del Sur impugnada por las empresas Wayfair Inc, Overstock.com Inc y Newegg Inc. Así revirtió un precedente de 1992 que prohibía a los estados pedir a empresas sin “presencia física”, como minoristas online que no fueran del estado, que recolectaran los impuestos a las ventas.
En Argentina, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, integrada por las juezas Mariana Díaz y Fabiana H. Schafrik y el juez Carlos F. Balbín, rechazó el recurso interpuesto por Mercado Libre SRL contra lo dispuesto en 2016 por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor que le impuso una multa de 30 mil pesos, por infracción al artículo 4º de la Ley de Defensa del Consumidor.
Se dio en el marco de la causa “Mercado Libre SRL c/ Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor s/ Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor”. El caso se remonta a 2014, cuando una usuaria realizó la compra de 100 sándwiches de miga a un vendedor del sitio, producto que nunca le fue entregado.
La compradora efectuó una serie de reclamos para obtener “los datos reales del vendedor y la indemnización del daño producido por el incumplimiento contractual”. Ante la negativa, desencadenó la imputación de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor a Mercado Libre por infracción al artículo 4º de la ley n.º 24.240.
Díaz citó jurisprudencia para decir que “Mercado Libre interviene -y por ende es responsable– desde el mismo momento en que, creando apariencia, logra atraer para sí la confianza de sus clientes.
Y precisamente, esa confianza constituye la fuente primaria de sus obligaciones. También lo es de sus ganancias. Sea cual sea el argumento que se tome, no es discutible que Mercado Libre es un intermediario que integra una cadena comercial” (Cámara Nacional en lo Civil, Sala “K”, en los autos “Claps, Enrique Martín y otro c/ Mercado Libre S.A. s/ daños y perjuicios”).
Además, expresó que “la multa de 30 mil pesos aplicada a la empresa, aparece suficientemente motivada y no luce desproporcionada, si se tiene presente, tal como fue merituado por la autoridad de aplicación, su posición en el mercado y, asimismo, su carácter de reincidente“.
Por otro lado, afirmó que “Mercado Libre tampoco logra demostrar que la transmisión al comprador de la información solicitada hubiese vulnerado un deber de confidencialidad sobre datos personales del vendedor. No se vislumbran razones plausibles por las cuales el vendedor podría objetar que se suministre a quien contrató con él datos como su CUIL, o un domicilio al cual dirigir eventuales comunicaciones o reclamos. En definitiva, se trata de datos (razón social, domicilio y CUIT) con los que se procura precisar la identidad del vendedor y que, conforme el principio de buena fe que rige los contratos, quien acuerda voluntariamente una operación de esta índole no debería tener reparos en facilitar”.
En suma, Balbín dijo que “el vendedor se encuentra obligado a brindar estos datos al consumidor”, y que “queda claro que Mercado Libre no es ajeno a la relación de consumo“. “De hecho, la confianza de los usuarios en la plataforma ofrecida por la recurrente resulta clave para la concertación de las operaciones de venta”, explicó. Para finalizar, indicó: “La negativa injustificada a suministrar información básica sobre el vendedor conspira contra la transparencia en el comercio electrónico y coloca al consumidor en una situación de mayor vulnerabilidad”.
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