El primer “informe” que brindó el juez federal Claudio Bonadio, a cargos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, especificó un total de hasta hoy hubo un total de 52 declaraciones indagatorias, habiéndose logrado la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsistiendo 2 personas con orden de captura.
Bonadio pese a que todavía no procesó a ninguno de los imputados, informó a través del CIJ un anticipo de su posterior procesamiento por la posible comisión del delito ante, según expresa el comunicado colgado en www.cij.gov.ar “la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos entre los años 2008 y 2015, que procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.
CIJ
Dentro de las personas imputadas, 17 declararon en calidad de arrepentidos, y de ellos 15 acuerdos de homologación en forma positiva. La causa es la N° 9.608/2018 caratulada “Fernandez Cristina Elizabet y otros s/ asociación ilícita” del registro de la Secretaría N° 21 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11.
Se inició por una persona a quien oportunamente se le reservó su identidad, quien acompañó copia de las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno –chofer de Julio Miguel De Vido y de Roberto Baratta–, todo lo cual da cuenta de la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional.
El informe del juez Bonadio expresó que “se obtuvieron indicios que prima facie permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años". Por consiguiente, dejaría afuera de la investigación a muchas hojas de los cuadernos de Centeno que hablan de hechos de "recaudación ilegal de dinero para campañas políticas de Néstor Kirchner desde 2004".
El informe del magistrado involucra a los ex funcionarios "Roberto Baratta (Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (Secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de la firma “Energía Argentina S.A. –“ENARSA”–)" quienes, según el informe, "efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".
A partir de ello, el magistrado explicó el procedimiento corrupto. "(...) previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (Secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".
El ex secretario de Obras Públicas de CFK al ampliar su declaración indagatoria.
En expediente,cuenta con 32 cuerpos de actuaciones y voluminosa documentación y anexos en el cual se realizaron "70 allanamientos, 36 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la provincia de Misiones, 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Mendoza" en oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los ex funcionarios públicos involucrados en la investigación.
Obras y dinero secuestrado
Tras los allanamientos, el magistrado detalló que se "secuestraron más de doscientos cincuenta 250 obras pictóricas por un valor aproximado treinta y siete millones de pesos ($ 37.000.000,00) y cuatro millones quinientos mil ($ 4.500.000,00) pesos".
Sobre el dinero en efectivo, el juzgado 11 informó que se llevó a cabo el secuestro de "aproximadamente, más de seis millones trescientos cincuenta mil de pesos ($ 6.350.000,00), más de un millón doscientos cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 1.245.000,00), más de doscientos treinta y cinco mil euros (€ 235.000,00), como así también sumas de dinero expresadas en chilenos, uruguayos y reales".
En tanto, no especificó a quien le retuvieron las "9 armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos y finalmente, una gran cantidad de rodados de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama".
El fiscal federal que impulsó la investigación, Carlos Stornelli.
En total y hasta el momento el juzgado federal de Comodoro Py realizó 52 declaraciones indagatorias, habiéndose logrado la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsistiendo 2 personas con orden de captura. Y rechazó un planteo de nulidad y tres recusaciones presentadas contra el juez de la causa y una restante, contra el Representante del Ministerio Público Fiscal, o sea Carlos Stornelli. (Foto)
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