Carlos Corvera tenía 25 años y es la novena víctima a 12 días del incendio en la Comisaría 3° de Transradio, en Esteban Echeverría. Al momento no hay policías imputados en la causa que investiga el incendio. La versión de los oficiales a cargo de los 27 presos es que hubo un intento de fuga y, cuando los descubrieron, usaron mantas y frazadas para iniciar el fuego en un supuesto intento de motín.
Corvera fue excarcelado mientras estaba internado en el Hospital de Ezeiza y tendría que haber recuperado su libertad. Falleció por las consecuencias de las quemaduras que sufrió en el calabozo.
El joven había quedado detenido por intentar robarse una cortadora de pasto y lo acusaban del delito de tentativa de hurto, un hecho menor del cual estaba con prisión preventiva. Había pasado tres semanas en la Comisaría 3°, que estaba clausurada por orden judicial y tenía prohibido alojar presos.
Corvera es la novena víctima de lo que ya se convirtió en la peor tragedia en comisarías de la Provincia de Buenos Aires. Aún queda otra víctima internada en estado grave y con pronóstico reservado. El resto de los heridos ya fueron dados de alta.
Mientras Corvera fallecía en Ezeiza, el Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Javier Maffucci Moore, aceptó a cinco familias de víctimas como particulares damnificados.
Al momento no hay policías imputados en la causa que investiga el incendio. La versión de los oficiales a cargo de los 27 presos es que hubo un intento de fuga y, cuando los descubrieron, usaron mantas y frazadas para iniciar el fuego en un supuesto intento de motín.
Frente de la comisaría en Esteban Echeverría donde se produjo el motin y hubo 4 muertos.
15.11.2018
Foto Maxi Failla
¿Qué dicen los organismos de derechos humanos?
La Comisión Provincial por la Memoria denunció que es “urgente avanzar en el establecimiento de las responsabilidades de los efectivos y autoridades de la Comisaría 3ª, así como de los funcionarios policiales de la departamental y funcionarios políticos y judiciales, considerando las graves circunstancias y acciones directas en esta masacre y también la ilegalidad del alojamiento de detenidos en esa comisaría clausurada por orden judicial".
En el momento del hecho en la comisaría 3° de Transradio había 27 presos: 21 de ellos deberían haber sido trasladados a un penal o una alcaidía por su situación procesal. La seccional sólo contaba con capacidad para alojar a 10 detenidos, aunque tenía prohibido hacerlo. Estaba clausurada por incumplir con las condiciones básicas de seguridad y habitabilidad.
Lo mismo que sucede con las comisarías 1° de Monte Grande, la 2° de Luis Guillón, la 4° de El Jagüel y la 5° de Canning, todas de Esteban Echeverría, al sur del GBA. La sobrepoblación en las sedes policiales alcanza el 290 % con 3.900 presos en 137 comisarías, cuando la capacidad es para 1.011, según fuentes judiciales.
La postura a los jueces bonaerenses
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, ante las declaraciones publicadas en distintos medios de prensa y atribuidas a voceros del Ministerio de Seguridad provincial en las que se afirma que “Los jueces y fiscales del departamento judicial de Lomas de Zamora, pese a los reiterados requerimientos de las autoridades policiales, son quienes remiten los presos a las comisarías clausuradas por ellos mismos”, expresa públicamente que esas aseveraciones son mendaces, irresponsables e inaceptables.
Quien dispone los lugares de detención es el Poder Ejecutivo de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad. En los mismos diarios se publica que “La seccional contaba con capacidad para alojar a 10 detenidos, aunque tenía prohibido hacerlo. Estaba clausurada por incumplir con las condiciones básicas de seguridad y habitabilidad.” y que “Los voceros de Ritondo aseguraron que la comisaría estaba en funcionamiento pese a que la justicia había dictado una orden de clausura que inhabilitaba los calabozos.”
El presidente de los jueces bonaerenses, Rodrigo Cataldo, en un jornada en conjunto de la Procuración General y el colegio de magistrados bonaerense.
La vocación de eludir la responsabilidad y las consecuencias de incumplir una orden judicial destinada precisamente a evitar situaciones trágicas como las vividas recientemente en la comisaría Tercera de Esteban Echeverría es correlativa con la de responsabilizar a los magistrados por la existencia de un “garantismo” que crearía una “puerta giratoria” mediante la cual los delincuentes quedan en libertad.
"Es momento de esclarecer a la opinión pública y de hablar con claridad. El Poder Ejecutivo es el principal responsable de la seguridad ciudadana", manifestó´en un comunicado la entidad conducida por el magistrado marplatense Rodrigo Cataldo.
En tanto, explicó que "los lugares de detención, que pertenecen a su órbita funcional, no alcanzan y son inadecuados. Cuando esas fuentes reclaman más personas detenidas ocultan que no tienen dónde alojarlos y que por eso deciden ignorar, de manera irresponsable y con las consecuencias a la vista, las órdenes de clausura de calabozos emitidas por los jueces".
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