El intendente Ramiro Tagliaferro y los 12 ediles oficialistas fueron denunciados por la modificación del Código de Ordenamiento Urbano para favorecer la instalación del Aeropuerto de El Palomar donde hoy funcionan las aerolíneas low-cost.
En la sesión del 6 de diciembre de 2018 del Concejo Deliberante moronense se aprobó por la imposición de la mayoría automática una modificación al Código de Ordenamiento Urbano de manera irregular que habilita a modificar sustancialmente los alrededores de la Base Aérea de El Palomar (devenida en aeropuerto internacional).
La denuncia de este “negociado” la realizó la abogada Claudia Sambro Merlo, presentaron una medida cautelar sobre la ordenanza en cuestión el 27 de diciembre de 2018, denunciando una serie de notorias irregularidades.
Los principales bloques opositores (Unidad Ciudadana y Frente Renovador), fueron los encargados de denunciar este nuevo atropello del macrismo vernáculo moronense, no sólo en el recinto, si no también acompañando los diversos reclamos vecinales. Así lo expresaron a este medio los concejales renovadores Jorge Laviuzza y Marcelo González.
La medida que impulsó el municipio es para crear un corredor turístico que afectaría drásticamente la vida de los vecinos de los barrios linderos (el caso más emblemático, sin dudas, es el de las 150 familias del Barrio Obrero ó Aeronáutico que bregan para no ser desalojadas en pos de este inconsulto megaproyecto). Por la rotación con la que se manejan las Unidades Fiscales de Investigación, la denuncia de Laviuzza y González «cayó» en la UFIJ 4 a cargo de la fiscal Valeria Courtade (foto).
La fiscal Valeria Courtade, esposa de un funcionario de Tagliaferro.
La Cautelar
En la solicitud de la cautelar a la que tuvo acceso Tiempo Judicial, los ediles argumentan que su pedido se basa "en la ilegitimidad con que ha sido sancionada, en principio con un expediente que muestra adulteraciones evidentes en su formación, con saltos en su foliatura; asimismo en rigor que el procedimiento observado para la sanción ha vulnerado el requisito esencial previsto en el art. 123 inc. a) y 127 del Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante de Morón de convocar a audiencia pública."
En ese sentido, solicitan párrafo seguido "que junto con la suspensión de los efectos se dicte en los términos del art. 230 y 232 del C.P.C.C. una inhibición de ejecutar actos relacionados con el objeto de la misma, específicamente se abstengan de modificar, desalojar o realizar ninguna obra dentro del Barrio Aeronáutico El Palomar, que es el área concretamente afectada por esta reforma ilegítima."
Aeropuerto “precario”
A la hora de exponer los hechos que motivan la solicitud de los ediles, la abogada patrocinante, hace un breve pero potente recorrido por la veloz historia que lleva a la instalación de un Aeropuerto Comercial en una Base Aérea Militar que vale la pena citar: "Resulta de público y notorio la instalación del Aeropuerto El Palomar dentro del predio de la Base Aérea Militar El Palomar (1ra Brigada Aérea), lo que ha llevado a múltiples reclamos vecinales y hasta el momento decena de acciones para clausurar un establecimiento que ha sido impuesto a la fuerza, fuera de la ley y de manera amañada por parte de las autoridades Nacionales y Municipales; ello con el inexcusable silencio de las obligaciones a cargo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires."
"En esta instancia, sin precedentes en la jurisprudencia argentina, el recurso de amparo intentado por uno de los vecinos de Hurlingham, fue abierto como un proceso de conocimiento hasta el extremo de ordenarse una audiencia pública que ha sido cuestionada en su legitimidad ante la Justicia Federal. De esta manera, el 9 de febrero de este año (2018) y con una contundente resistencia, el Aeropuerto empezó sus operaciones de manera precaria, sin las mínimas condiciones técnicas de seguridad y sostenido en sobre una inusitada arquitectura jurídica, de violación de las leyes nacionales provinciales y municipales, sin precedentes desde la historia de la Nación.
"En este derrotero de flagrancia a las normas Constitucionales, el Municipio de Morón a instancias de su intendente Ramiro Tagliaferro y sus concejales afines, comenzaron a dictar ordenanzas, a las que estos denunciantes se han opuesto, en oportunidad de su votación por considerarlas violatorias de los mínimos derechos de los vecinos de Morón."
Jorge Laviuzza y Marcelo González., concejales opositores denunciantes.
"Entre Gallos y Medias Noches..."
"El día 4 de diciembre de 2018, ingresó al Honorable Concejo Deliberante el Expte. N° 4079-20923/18 remitido por el Departamento Ejecutivo para ser tratado en Sesión Extraordinaria N° 23, iniciado en la Dirección de Obras Particulares, individualizado el “Asunto” como REF AEROPUERTO EL PALOMAR.
"El expediente registra el inicio el 28 de junio de 2018 siendo remitido al Concejo Deliberante seis meses después de su inicio, para ser tratado en Sesión Extraordinaria, sin pasar por las respectivas Comisiones, y resultar aprobado entre “gallos y medianoches”. "El objeto es la reforma del Código de Ordenamiento Urbano."
Conflicto de Intereses…
Por la rotación con la que se manejan las Unidades Fiscales de Investigación, la denuncia de Laviuzza y González «cayó» en la UFIJ 4 a cargo de la fiscal Valeria Courtade (foto). Courtade es la esposa del secretario de Legal y Técnica del Municipio de Morón, Gustavo Triemstra, por lo que era de esperar que - como ocurriera en otras oportunidades (ver: "Un Joven al Borde de la Muerte por Negligencia Municipal") - se excusara e hiciera el pase de la denuncia a otra unidad fiscal.
El intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, en el eje de la polémica por el nuevo aeropuerto en El Palomar.
Sin embargo, lejos de hacerlo, habilitó la feria judicial y citó a los ediles a comparecer el 23 de enero; por lo que Laviuzza y González recusaron a la funcionaria esgrimiendo que "ostenta estrechos vínculos con el Municipio de Morón; es público y notorio que su cónyuge, el Dr. Gustavo Triemstra se desempeña como Subsecretario Legal y Técnico de ese Municipio. Ello impone que, todo acto que emita el intendente Municipal, cuenta con el Dictamen jurídico previo, lo que obliga la intervención del Dr. Triemstra en todos los actos administrativos como ha sido este caso, emitidos por el Lic. Tagliaferro, so pena de nulidad en caso de inobservar dicho procedimiento administrativo legal."
Y agregaron: "En estas instancias cabe destacar que la señora Fiscal, conoce muy bien dicha situación y debió INHIBIRSE “in límine” evitando dictar el más mínimo acto procesal. El único que le era permitido es el de la inhibitoria." Contraponiendo párrafo seguido: "Lejos de proceder como el noble ejercicio de la función que ejerce le impone, HABILITÓ LA FERIA JUDICIAL, sin que los denunciantes se lo solicitaran, y procedió el día 3 de enero a emitir una citación por vía policial para que nos presentáramos a ratificar la denuncia."
En otro pasaje explicitaron: "Lo inadmisible del comportamiento de la funcionaria es que, en este caso, la señora Fiscal fue un paso más allá; habilitó la feria y pretendió tomar la declaración testimonial a los denunciantes, cuando de la lectura del cuerpo de la denuncia, surge claramente el ligamen inexcusable de su cónyuge con los hechos que se señalan como punibles."
Por su parte, Sambro Merlo consideró en diálogo con Quinto Poder que lo que ha ocurrido en esta oportunidad "es un caso típico de Lawfare vernáculo y local".
"Un negocio millonario que prescinde de los vecinos..."
"El problema en cuestión tiene que ver con que quieren implementar un aeropuerto en El Palomar con características internacionales y para eso vienen trabajando de hace algunos años en este gran negocio millonario sin importar lo que le pase primero a los vecinos con un aeropuerto que trae inconvenientes de toda índole (y hablo concretamente de poder vivir en paz y tranquilo), y después lo que les pasa a estas familias (que en principio son 150, pero calculamos que son muchas más) que quieren desalojar para terminar la última fase de este negocio que es construir ahí hoteles, casinos... todo un andamiaje que son los estándares internacionales que les piden... para instalar ahí un aeropuerto de esas características. Esta es la cara del capitalismo salvaje que no le importa qué le pase a nadie, no le importa que haya personas, lo que le importa es poder hacer negocios ahí", sostuvo el concejal Laviuzza en consonancia con la denuncia presentada el pasado 27 de diciembre.
Y acotó en ese mismo sentido: "Estamos facilitándole a una empresa privada cosas que le negamos a los habitantes de distintos sectores de la provincia, o del país diría yo. Porque creo que esa inversión puestas en algunas provincias hubieran tenido menos problemas con las inundaciones que los que están sufriendo actualmente."
"Hay una manipulación de un instrumento público..."
Finalmente, el presidente del bloque del Frente Renovador moronense aclaró: "Más allá del debate de la política... hay un debate que tiene que ver con la manipulación de un instrumento público, y a partir de eso, de entender nosotros que... este expediente estaba en malas condiciones, estaba por fuera de la legalidad al momento de venir al concejo deliberante”, argumentó sobre la denuncia.
Y cerró “(…) No pasó por audiencia pública como nuestro reglamento interno así lo indica (NdR: un caso muy parecido al busto del ex presidente Néstor Kirchner que sacaron de la plaza)... Todo eso derivó en que nosotros tuviéramos que hacer como funcionarios públicos una observación de índole legal y es la denuncia que interpusimos con Marcelo González..."
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