Es en la famosa causa de los “sobres” en la cual los jefes departamentales de la Policía Bonaerense acusados pedían dinero a los comercios de la zona para permitir actividades ilegales. En el caso se encontraron sobres con recaudaciones de más de 150 mil pesos semanales.
La fiscalía solicitó ayer 9 años de prisión para por el delito de extorsión para los ex comisarios departamentales de Ariel Huck, Walter Skaramowsky, Darío Camerini y Sebastián Velázquez, y cuatro jefes más (Foto).
Es la primera vez que funcionarios policiales de alto rango son sometidos a un juicio oral por esas maniobras ilícitas siempre mencionadas en la fuerza de seguridad.
Se trata de ocho ex oficiales superiores que están acusados de sobornar y extorsionar a comerciantes, prostíbulos o remiserías y de armar una red de recaudación de dinero negro en La Plata y alrededores.
Los representantes del Ministerio Público consideran que los imputados integraron una banda organizada y dedicada a cometer delitos. La estructura alcanza todos los tópicos de esa figura penal: número de integrantes (dos o más); durabilidad, permanencia, vínculos entre ellos, división de roles, estabilidad en el tiempo.
Uno de los instrumentos que usaban era el régimen de “policía adicional”, que son custodias que hacen los agentes en sus horas fuera de servicio. Quedó comprobado que los comercios que contrataban, no tenían dificultades con el delito. A quienes se negaban, “les robaban todo el tiempo”.
Los ex comisarios Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky; y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck, integraban la plana mayor de la Jefatura Departamental de La Plata.
Para ellos los fiscales Victoria Huergo y Javier Berlingieri pidieron 9 años de cárcel por “asociación ilícita y autores mediatos de concusión”.
Para los ex comisarios Sebastián Velázquez (a cargo de la seccional segunda); Sebastián Cuenca (Los Hornos); Raúl Frare (Villa Elisa) y Julio Sebastián Sáenz (Tolosa) reclamaron 8 años y seis meses por el delito de asociación ilícita.
En los alegatos, luego de casi un mes de audiencias, los fiscales analizaron las pruebas aportadas por comerciantes víctimas de la extorsión y los “aprietes”. Y también el relato de otros policías que conocían las maniobras.
La investigación se inició el 1 de abril de 2016 a partir de una inspección sorpresiva de la Dirección de Asuntos Internos que investigaba dos denuncias anónimas en las que se aportaron datos de fechas de entrega de dinero en sobres, producto de recaudación ilegal. El procedimiento se hizo en la sede la dependencia, en 12 entre 60 y 61.
Se secuestraron $153.700 que estaban en 37 sobres que tenían remitente y destinatario. Provenían de distintas reparticiones de la capital provincial.
Al parecer, todos los meses, en los primeros días, se hacía la “recolección” de la plata obtenida de manera oscura. “El dinero no tiene origen lícito, es ilícito”, concluyó la fiscal a partir del aporte de una funcionaria del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, quien sostuvo que el período 2016 fue auditado y no se detectó irregularidad.
La fiscal Huergo recordó que el dinero secuestrado “está depositado en una cuenta del Banco Provincia”. Y que nadie lo reclamó.
La mirada de Huergo se posó sobre el entonces jefe de la Superintendencia La Plata, comisario general Fernando Grasso. El caso sería motivo de otra investigación penal.
Esta semana terminará la etapa de los alegatos con la exposición de los abogados defensores de los policías involucrados. Y en 10 días se conocería la sentencia de los jueces del tribunal Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini.
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