Ante la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio por parte de las autoridades nacionales y provinciales, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires adoptó medidas que reconfiguran el funcionamiento del servicio de Justicia. La regulación del teletrabajo, el avance del expediente digital y la reanudación de plazos para determinados procesos, son algunos de los aspectos que enmarcan el escenario actual.
Dentro de las flexibilizaciones que dispuso el Poder Ejecutivo bonaerense, no se incluyó a la actividad judicial, la que en condiciones habituales implica circulación, concentración de personas en espacios cerrados y en contacto con grandes cantidades de papel. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia dispuso prorrogar hasta el 10 de mayo el asueto con suspensión de términos procesales que ya regía desde el 16 de marzo.
En la primera etapa de la cuarentena solo funcionaron los juzgados de turno y con guardias mínimas de personal. Según datos del máximo tribunal bonaerense, hasta el 27 de abril se establecieron 7740 conexiones remotas al sistema de gestión y se despacharon 773.002 trámites judiciales por medios electrónicos entre proveídos, resoluciones y sentencias.
No obstante, desde las distintas entidades que nuclean a los abogados y abogados, se planteó la necesidad que se adopten medidas que, respetando el aislamiento, permitan reanudar el servicio de Justicia, habilitando la posibilidad de realizar otros actos jurídicos y no solo la tramitación de las causas urgentes.
Las medidas que tomó la Suprema Corte de Justicia
Ante la segunda etapa de la cuarentena, los magistrados dictaron la Resolución 21/2020 con el objetivo de avanzar en la “implementación de un esquema de grados crecientes de servicios a distancia”. En consecuencia, celebraron un convenio con la Asociación Judicial Bonaerense y con el Colegio de Magistrados y Funcionarios para regular la modalidad del teletrabajo mientras dure la pandemia.
En el acuerdo se establecieron pautas para su implementación: la adhesión del personal a esta modalidad es voluntaria, la jornada de trabajo no puede extenderse por fuera del horario estipulado para la labor presencial, el teletrabajo solo podrá realizarse sobre las constancias electrónicas, no podrán llevarse expedientes en papel a su domicilio, entre otras previsiones.
Sin embargo, luego de esa firma el máximo tribunal bonaerense dictó la Resolución 480/2020. Allí, dispone una serie de medidas orientadas a reanudar de manera progresiva el servicio de Justicia, entre ellas establece que: a partir del 29 de abril se reanudan los plazos para el dictado de sentencias, resoluciones digitales y sus notificaciones electrónicas para el fuero Civil y Comercial, Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y de Paz.
También, que a partir del 6 de mayo se restablecen los plazos para la realización de presentaciones electrónicas y actos procesales, mientras puedan realizarse por medios tecnológicos y no impliquen traslados de personas a las dependencias judiciales (esta última previsión no rige para el fuero de Familia).
Estas disposiciones generaron distintas reacciones en los sectores del ámbito judicial bonaerense. Si bien desde el ejercicio de la profesión libre lo celebraron como un avance, su implementación presentará dificultades para el personal judicial.
¿Cómo impactan estas medidas en los trabajadores y trabajadoras judiciales?
En diálogo con Tiempo Judicial, Pablo Abramovich, Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), advirtió sobre el impacto que tendrá la implementación de lo previsto por la Resolución 480, ya que los escritos que ingresen se sumarán a la gran cantidad de presentaciones que se acumularon en este período. Además, consideró que “la consecuencia que tendrá esta medida es de una convocatoria más grande de trabajadores y trabajadoras a cumplir tareas en forma presencial”, debido a que muchos expedientes no están digitalizados.
El dirigente explicó que desde el sindicato entendieron que regular el teletrabajo era una necesidad para garantizar el cuidado de la salud. Sin embargo, el convenio se firmó con la condición de que se mantenga el asueto en los mismos términos que estaban vigentes en ese momento.
En ese sentido, subrayó que el trabajo del personal desde sus domicilios no tuvo un período de prueba previo. La adhesión a esta modalidad es voluntaria, ya que no todas las personas cuentan en su domicilio con las condiciones familiares y técnicas para hacerlo. Esta alternativa implica que conecten de manera remota su computadora al equipo que utilizan en el juzgado. Por lo tanto, el rendimiento de la jornada estará condicionado a las cuestiones operativas y a la velocidad de la conexión.
Además, hay diferencias entre los niveles de litigiosidad de los distintos departamentos judiciales. En el conurbano, Escobar, La Plata o Mar del Plata los niveles de sobrecarga laboral son mucho más altos que en otras partes de la Provincia.
Ante esa situación, sostuvo: “Es irresponsable planificar la apertura del funcionamiento del Poder Judicial sin tener algún registro previo de varias semanas de monitorear cómo funciona el sistema”.
Abramovich aclaró que si bien la resolución 480 prevé que las dotaciones de personal presencial se tienen que mantener con el mismo nivel de guardias mínimas y de juzgados de turno, en la práctica no ocurrirá de esa manera. “Le estamos haciendo un reclamo a la Suprema Corte de poder acceder de forma directa a los datos de presentismo para monitorear día a día cómo se va incrementando y poder hacer las denuncias correspondientes de aquellos juzgados que convoquen a más gente de la que había antes de la resolución”, explicó.
La reacción de la abogacía ante las nuevas medidas y los reclamos pendientes
En diálogo con este medio, Mateo Laborde, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA), evaluó como un logro importante lo dispuesto por la Suprema Corte y la implementación del trabajo remoto, ya que permiten dar una mayor respuesta a la ciudadanía.
“Tener que de alguna manera completar el expediente electrónico, rearmar todo un sistema para que se pueda trabajar de manera remota y volver a la actividad después de un mes de estar parada, me parece que es lo que ha provocado que la Corte lo plantee en etapas. La segunda comenzará el próximo miércoles cuando se presenten los escritos que se habilitaron”, observó.
Ante la imposibilidad actual de iniciar demandas por fuera de las cuestiones urgentes, Laborde enfatizó: “Los abogados y la sociedad en general necesitamos que la jurisdicción se abra plenamente. Hay cuestiones que no son urgentes pero son indispensables para las personas. Entiendo que es la etapa que sigue después de la que comenzará el próximo miércoles”.
“El reclamo que mantenemos es la posibilidad de ir a los estudios jurídicos, en algunos casos con la necesidad de responder a los plazos y de que el expediente se empiece a mover”, concluyó. Asimismo, consideró que desde el Poder Ejecutivo provincial las medidas de aislamiento se dictaron con prudencia.
Por último, destacó que cada uno de los Colegios que se nuclean en ColProBA están atendiendo las situaciones particulares que se les presentan a todos los matriculados y matriculadas ante los obstáculos del contexto actual.
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