Buenos Aires es la provincia con más presos. Es la que más personas detenidas tiene en relación a su población: 254 cada 100 mil habitantes, una proporción muy superior a la media del país, que es de 186 presos cada 100 mil personas.
La provincia de Buenos Aires tiene la “tasa de prisionización” más alta del país. Hasta 2016, cuando sumaba 33.698 presos, la tasa de la provincia de Buenos Aires era de 200 presos cada 100 mil habitantes. Estaba por debajo de la de Salta y Córdoba, que en aquel momento eran de 205 y 203 presos cada 100 mil habitantes, respectivamente. Pero en los últimos años se incrementó hasta llegar a más de 40 mil presos.
Los principales problemas son la sobrepoblación carcelaria, la falta de insumos en cárceles, las contradictorias directivas del Ministerio Público Fiscal bonaerense en los últimos años, así como la falta de plazas en unidades penitenciarias que no son suficientes con medidas de corto plazo.
La última cárcel desde cero se construyó fue en febrero 2019 para jóvenes adultos en el partido bonaerense de Campana con 650 plazas en el gobierno de Cambiemos. Por estos días, el gobierno del Frente de Todos dispuso inaugurar 1350 nuevas plazas en los próximos meses en 10 unidades penitenciarias diferentes. Pero el déficit es enorme, de 17.200 mil plazas.
La provincia cuenta con una capacidad de 24.000 plazas en unidades penitenciarias, pero en la actualidad conviven 41.200 personas privadas de su libertad, más 2000 que son monitoreadas con tobilleras electrónicas. Y el gobierno estima adquirir 2000 tobilleras más, según fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense a las que accedió Tiempo Judicial.
En uno de sus últimos comunicados ante la polémica con la población carcelaria ante el coronavirus, el Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense que representa 8 mil integrantes del Poder Judicial de los 19 departamentos judiciales evidenció que “tenemos actualmente una tasa de prisionalización un 50% más elevada que el promedio nacional, lo que desmiente con datos la existencia de la pretendida puerta giratoria”.
Otro gran problema de los penales bonaerenses, son los homicidios: hay 5,7 homicidios cada 10 mil presos, de acuerdo al último informe anual sobre “Lugares de encierro y políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires” de la Comisión Provincial por la Memoria.
El hacinamiento también se produce en las comisarías. En 2014, el ex ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, sacó una resolución ministerial que habilitaba el alojamiento de detenidos en calabozos de las comisarías provinciales, pese a la prohibición que ya había sido estipulada en el “fallo Verbitsky” de la CSJN en 2005. Y en diciembre del año pasado, la jueza en lo contencioso administrativo de La Plata, María Ventura, dispuso que alojar personas en comisarías sin límite de tiempo es contrario a la Constitución Nacional. El problema es interminable ya que según Servicio Penitenciario Bonaerense hay 4000 presos en comisarías bonaerenses.
De Torquemada a Mandela
Según fuentes judiciales que trabajan en el distrito hace muchos años, uno de los problemas que se deben resolver de fondo es constitucional: el jefe del Ministerio Público Fiscal bonaerense, que fue María del Carmen Falbo hasta la llegada de Cambiemos y hoy es Julio Conte Grand, propuesto por la ex gobernadora María Eugenia Vidal y que sigue en su cargo.
La provincia de buenos aires cuenta con un Ministerio Público Fiscal que se divide en dos: los fiscales que impulsan las investigaciones de los delitos y los defensores que son quienes velan por la defensa jurídica de los acusados de algún delito. La decisión que fue centro de la polémica fue del procurador Conte Grand, jefe máximo de fiscales y defensores, la que desató una ola de malas decisiones de integrantes de la Justicia por las medidas tomadas de morigeraciones de pena a detenidos para tratar de evitar el contagio masivo en los penales.
La medida tomada el 16 de marzo pasado por Conte Grand decía: “Instruir a los defensores oficiales que procedan a la inmediata evaluación de la pertinencia, de acuerdo a las particularidades fácticas y normativas de cada supuesto, del requerimiento de medidas de prisión con detención domiciliaria, así como de morigeración de la prisión preventiva o sus alternativas respecto de sus defendidos privados de la libertad que, de acuerdo a los criterios epidemiológicos vigentes y las razones de salud pública involucradas, requieran una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo ante el COVID-19”.
El abogado defensor Diego Raidan, Tomo 1 folio 153 del Colegio de Abogados de Avellaneda y Lanús, argumentó que “este pedido del procurador Conte Grand es un freno y una limitación a los defensores oficiales que quita la independencia al ministerio de la defensa pública bonaerense que es único porque vela por la libertad, el arresto domiciliario y la morigeración de las personas privadas de libertad y no sólo por una situación de riesgo ante el Covid-19”.
El defensor oficial ante la Casación bonaerense, Mario Coriolano, expresó en su dictamen de hoy ante la Suprema Corte bonaerense que “en la Resolución n° 158 la Procuración General instruyó de modo simultáneo a defensores y fiscales - partes contrarias en el proceso penal- para el impulso de morigeraciones y libertades, contraviniendo, además, el art. 20, 2do párrafo, de la Ley 14.442”. Y que la defensoría ante la gravedad de la pandemia busco que “se agilizaran los pedidos pendientes ante los jueces naturales”.
En este sentido, Raidan evaluó que “el gran responsable del problema carcelario bonaerense es Julio Contegrand porque como jefe de todos los fiscales los instruyó en 2018 a que la excepción era la libertad y que la generalidad era la prisión preventiva. Esto es un mal uso del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires (artículo 151) que dice que la excepción es la prisión preventiva y la generalidad es la libertad. Esto hizo que llena las cárceles de presos con preventiva priorizando lo político”.
Otro abogado defensor, el histórico penalista, Miguel Ángel Pierri, explicó a Tiempo Judicial que “la problemática del hacinamiento carcelario es desde hace 15 años, que hoy se duplicó y la pandemia puso en blanco y negro la cuestión. La única solución real en el mediano plazo es la construcción de nueva unidades carcelarias pero como es una obra pública que ‘no se ve´, los Estados miran para otro lado. La cárcel nueva es un mandato constitucional ya que no sirve como castigo sino para resocializar. Los abogados así ponemos de manifiesto la grave crisis que azota al sistema penitenciario pero son los jueces quien deben dar luz a esta cuestión porque son los que tiene contacto con la realidad carcelaria, una situación conocida que se miró para otro lado”.
En el mismo sentido, se expresó el ministro de Justicia, Julio Alak, en una crisis carcelaria que viene desde el cambio de gobierno cuando empezó la mesa de diálogo entre todos los actores judiciales. "La situación en la provincia es compleja: tenemos una superpoblación del 110 por ciento", destacó y recordó que, en octubre de 2019, "el Tribunal de Casación dijo que había una crisis humanitaria en las cárceles". Y con la pandemia recrudeció el conflicto carcelario, que se fue evidenciando con las huelgas de hambre de 1200 presos en 8 penales que buscaban visibilizar su drama en los penales.
Los jueces bonaerenses, por su parte, en representación del presidente del colegio de magistrados y funcionarios bonaerense, Pablo Noel, explicó que “las cárceles existentes en la provincia, que dependen del Poder Ejecutivo, son insuficientes para albergar a la cantidad de personas privadas de libertad que genera el sistema judicial bonaerense en el cual nos desempeñamos. Tenemos la tasa de prisionización más alta del país, lo que significa que hay más detenidos por cantidad de habitantes que en cualquier otro punto de Argentina”.
Por último, organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial de la Memoria se viene expresando en el mismo sentido sobre la superpoblación penitenciara bonaerense. También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que informó que al problema “debe sumarse el desborde en las comisarías de Buenos Aires, donde más de 4.000 personas están detenidas por tiempos prolongados en condiciones de hacinamiento extremo. Los expertos en salud penitenciaria dicen que los lugares con más del 75% de ocupación ya son muy difíciles de controlar ante epidemias”.
Un colega del procurador que agradeció amablemente no dar declaraciones hizo una gran reflexión sobre el cambio de posturas de Contegrand respecto a ambos cargos en gobiernos de signo político diferente. "Pasó de Torquemada a Mandela", refirió el magistrado consultado. Tomás Torquemada por ser el "el primer inquisidor" por su labor en el gobierno anterior y Nelson Mandela por pregonar beneficios para los detenidos en el gobierno actual. ¿Se puede ser como un cura que persiguió herejes al mismo tiempo que un cultor de la paz mundial?.
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