La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) elaboró un informe sobre las condiciones que siguen manteniendo los detenidos en penales del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ante la pandemia de coronavirus que afecta al país. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en marzo de 2020 que ante la pandemia “es probable que las personas privadas de libertad, como las personas en las cárceles y otros lugares de detención, sean más vulnerables al brote de la enfermedad por coronavirus que la población en general debido a las condiciones limitadas en las que viven juntos durante un período prolongado”.
En este sentido, hoy la Procuración Penitenciaria difundió un informe para cuidar la salud de las personas privadas de libertad en el marco de la pandemia. La PPN efectuó una serie de recomendaciones a los Ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en referencia a las políticas sanitarias en las cárceles federales.
“Cualquier brote de la epidemia dentro de prisión indefectiblemente tendrá consecuencias sanitarias en la comunidad, pudiendo contribuir a la saturación de los servicios de salud si se diese un escenario de contagios masivos”, expresó la entidad conducida por Francisco Mugnolo.
Las cárceles son un ámbito propiciado para enfermedades atípicas para un mundo sin encierro. De hecho, las personas privadas de libertad se contagian por ejemplo de tuberculosis. La experiencia muestra que las cárceles, comisarías y entornos similares donde las personas se reúnen cerca pueden actuar como fuente de infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas dentro y más allá de ellas.
Desde el organismo de derechos humanos creado en 2003, entienden que “la salud de la prisión, por lo tanto, se considera ampliamente como salud pública”. Por este motivo, sugieren que se conforme un “Comité de Coordinación interministerial” que pueda tomar decisiones acerca de derivaciones hospitalarias, suministro de insumos a las áreas médicas del SPF, control de la epidemia dentro de prisión, recolección y transmisión de datos confiables, monitoreo de recursos disponibles en cuanto a profesionales de la salud, insumos y equipos de protección.
En tanto, la PPN recomienda el diseño de un plan de emergencia para la administración de los recursos e insumos disponibles en el SPF para afrontar un eventual brote de COVID-19 en las cárceles.
Además, la emergencia sanitaria demanda que se adopten protocolos de actuación detallados que disminuyan los márgenes de improvisación de los agentes penitenciarios ante casos de detección de personas infectadas. Por último, también se recomienda a los Ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos extremar las medidas de higiene y prevención en las cárceles federales.
En resumen y sin alarmar, desde la entidad expresaron con crudeza que puede ocurrir lo peor si el coronavirus ingresa fuerte a los penales: “Un brote descontrolado de coronavirus en las cárceles de nuestro país generaría un enorme problema de salud pública que afectaría no solo a los detenidos sino también al resto de la población. Por eso, las autoridades competentes deben adoptar todas las medidas necesarias, en forma urgente, para evitar una situación que, desde el punto de vista sanitario, sería catastrófica”.
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