El proyecto de reforma judicial que presentó el presidente Alberto Fernández generó diversas reacciones en todo el arco político y también en el judicial. En ese contexto, el juez Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, opinó sobre las modificaciones propuestas.
Cabe resaltar que la iniciativa consiste en aumentar la cantidad de juzgados federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior del país. “Resulta inconsistente con el modelo acusatorio, donde la centralidad la tiene el Ministerio Público Fiscal”, explicó el magistrado en una entrevista con el diario Perfil.
“Es correcta la eliminación de la división inútil entre lo penal y económico, pero hay algunas incompatibilidades técnicas. ¿Qué sentido tiene multiplicar los juzgados? Es entronizar al juez, la idea del juez que se apropia del caso, al punto que algunos juzgados son llamados embajadas”, completó.
En ese mismo sentido, agregó: “Creo que la auténtica reforma ya se había puesto en marcha en el año 2014 con la instauración del modelo acusatorio a través de un régimen procesal nuevo, con un fiscal que investiga y acusa y un juez que controla y decide, como sucede en casi todas las provincias del país, menos en Comodoro Py”.
Por otra parte, el Presidente convocó a un Consejo Consultivo conformado por juristas de renombre que a partir del 18 de agosto tendrán 90 días para elevar un dictamen al Poder Ejecutivo con el análisis de posibles modificaciones sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Ministerio Público y el juicio por jurados.
Sobre la posibilidad de introducir modificaciones en el máximo tribunal de Justicia, Slokar expresó: “La división en salas ya está prevista en el decreto que regula actualmente a la justicia, aunque esa parte está suspendida. Probablemente lo que molesta en la Corte es que no haya sido invitada al consejo de expertos, pero no tiene que rehuir”.
Con respecto a la dinámica del Consejo de la Magistratura, indicó: “Es inadmisible que un concurso se demore tanto tiempo, o que las imputaciones estén en pausa durante tres años”.
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