La Asociación de Profesores de Derecho Procesal Penal (AAPDPP), que nuclea a abogados y abogadas que enseñan derecho procesal penal en todo el país, emitieron un comunicado basado en la “experiencia recogida por sus integrantes quienes en las diversas provincias han asesorado y colaborado en la implementación de la mayor parte de las reformas judiciales” de la Argentina. Según información de la propia entidad, el abogado de la vicepresidenta, Alberto Beraldi, no integra la entidad.
En la primera parte del comunicado, realizar elogio a los principales objetivos de la Reforma Judicial como “mejorar una justicia federal problemática”, “crear una estructura orgánica de Magistrados y funcionarios que acompañe la reforma del nuevo Código Procesal Penal Federal” y “transferir las competencias no federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“Transformar un sistema es mucho más que modificar normas; se trata de un cambio sustancial de la cultura jurídica, que puede dividirse en tres planos: a) Reforma de los procedimientos, b) la mutación de la estructura orgánica que acompañe al nuevo sistema y c) el diseño de estrategias de implementación dinámicas, que puedan proponer las prácticas requeridas por el modelo y su monitoreo constante para su ajuste permanente”, destacó la entidad presidida por el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Daniel Cuenca, y profesor Adjunto por concurso de la materia Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
En la segunda parte, enumeraron diez puntos críticos en los cuales señalaron como la ampliación de juzgados federales, las subrogancias y la falta de previsión de infraestructura edilicia para la implementación del nuevo código acusatorio que acá detallaremos.
Por el lado de las vacantes, desde la AAPDPP entendieron que si “la imparcialidad de los jueces federales ha sido entendida como problemática, por qué razón puede suponerse que el nombramiento de 23 jueces “subrogantes” podría mejorar el sistema”. La subrogancia, explicaron, ya fue cuestionada por la Corte en los fallos “Rosza” del 2007 y “Uriarte” del 2015, entre otros, e “implica una dotación de magistrados que pueden resultar influenciables, en la medida que pretendan ganar el concurso para el cargo al que están subrogando”.
Sobre la implementación del Código Procesal Penal, desde una entidad que contiene letrados de todo el país que son especialistas en derecho procesal penal, cuestionaron que “no se revisa la competencia federal; se mantienen las antiguas atribuciones, cuando en la actualidad existen nuevos problemas que merecen la atención de este fuero a cargo de los intereses nacionales (por ejemplo: injerencias extranjeras en la soberanía digital local, ataques informáticos que comprometan intereses nacionales: bancos, servicios esenciales, etc.)”.
En cuanto a números, la entidad criticó que el proyecto de Reforma Judicial del Gobierno nacional “aumenta de 12 a 46 el número de magistrados que, en realidad, debieran dejar sus funciones de instrucción (la más costosa en recursos humanos), para limitarse al control de la investigación fiscal (principio básico del sistema acusatorio)”.
“También atrasa la estructura orgánica propuesta”, esgrime el comunicado y detalla que la ampliación de más juzgados en un sistema acusatorio donde predominan la actuación del del Ministerio Público Fiscal, “restringiendo la plasticidad orgánica que requiere un acusatorio moderno, donde los equipos de trabajo y su posición frente a las instancias jurisdiccionales, son modificados según directivas de política criminal”.
Y también cuestiona que se dota a todos estos juzgados de numerosos empleados y funcionarios cuando ya no tendrían actividades jurídicas “pues los jueces en el sistema acusatorio no investigan ni toma testimonios y, además, en el nuevo modelo procesal se resuelve en forma inmediata en audiencias presenciales”. Es decir, lo hace solo el juez frente a las partes sin la intermediación de funcionario alguno.
Por último, desde la entidad de profesores de derecho procesal penal deben mencionarse los “ruidosos” silencios del proyecto; no se mencionan “colegios de jueces”, instituto imprescindible para la toma de todas las decisiones en audiencias. En esa línea, explicaron que tampoco se crean “Oficinas de gestión” que acumulen el trabajo burocrático (citaciones de testigos y peritos, agenda de audiencias, superintendencia, etc.) para separar las actividades administrativas de la jurídicas, a cargo de jueces y fiscales; y si se "crean centenares de cargos de alta jerarquía" sin pensar "en la dotación de personal técnico para investigaciones informáticas –que hoy resultan esenciales- y pericias de calidad, que son la base de cualquier investigación compleja".
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