Sin duda, pensar en una Justicia Federal cerca de la gente es absolutamente urgente. Tanto como realizar reformas que garanticen un mejor acceso a la justicia es necesario.
En el esquema de la Justicia Federal del interior del país, el rol del Ministerio Publico de la Defensa (MPD) es fundamental para garantizar el acceso a la justicia. Hoy las defensorías son multifueros del interior. Se encargan no solo de la asistencia y patrocinio de víctimas o victimarios de temas penales, sino también de una gran gama de temas de otra naturaleza relacionados con garantizar el acceso a los derechos económicos sociales y culturales.
Actualmente, en las provincias hay unas 107 fiscalías y 84 defensorías, de las cuales 76 (90%) son multifuero. La ventaja numérica de las fiscalías junto al hecho de que las defensorías multifueros tienen una enorme carga de trabajo (en materia previsional, obras sociales, migrantes, ambiental, etc.), sitúan al Ministerio Público de la Defensa en desventaja estructural.
En lugar de mejorar la situación del MPD, el proyecto propone acentuar la desigualdad estructural entre los Ministerios Públicos, al elevar la diferencia de magistrados en favor del Ministerio Público Fiscal de 23 a 85 cargos. Asimismo, el proyecto incrementa la cantidad de jueces en 95 en el interior del país, lo que genera un desequilibro en el sistema.
Un proceso penal justo supone igualdad de herramientas a favor entre las partes. La asignación desigual de recursos entre los Ministerios Públicos impactará negativamente en las posibilidades materiales de defensa en juicio. El impacto de tal reforma no puede ser otro que el de una menor calidad del servicio del MPD.Esto se traduce en más dificultades de acceso a la justicia en materia no penal.
Como dijimos, el Ministerio Público de la Defensa se encarga de la defensa y protección de derechos humanos y garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos. Promueve toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
A modo de ejemplo, se pueden indicar varios procesos en los que el MPD ha intervenido: procesos colectivos ambientales en defensa de los ríos de la región; asistencia y garantía de los derechos de los migrantes y refugiados; contención y canalización de distintos temas relacionados con los derechos de nuestros adultos mayores.
Por otra parte, se ha trabajado fuertemente en brindar asistencia letrada a las personas con discapacidad. Como parte del MPD, hemos llevado adelante reclamos judiciales de hijos e hijas de víctimas de violencia de género para que el estado garantice su protección. A su vez, patrocinamos a trabajadores víctimas del moobing laboral en defensa de sus derechos. Hemos acompañado a estudiantes de la UNCO en distintos reclamos de reivindicación de derechos. También a pacientes que requieren tratamientos con cannabis medicinal.
A su vez, las Defensorías garantizan el derecho de las personas privadas de la libertad a un trato digno. Por ejemplo, se intervino para que se garantice la adquisición de alimentos y se respeten los precios cuidados.
Hemos garantizado a los ciudadanos de la región, el patrocinio en temas previsionales, de salud y reclamos de la obra social, que son de suma importancia para la vida de las personas.
El MPD no ha dejado de intervenir en reclamos sociales o cortes de ruta, a la vez que garantiza la protección a los pueblos originarios, o la intervención en los reclamos por falta de clases por parte de las familias de Neuquén.
El presente proyecto de ley, en relación a la reforma de la justicia federal en las provincias, modificará sustancialmente el mapa del fuero y las estructuras y, en lugar de ser un camino hacia el sistema acusatorio, es un modo de condicionar su puesta en marcha y el acceso a la justicia. Este proyecto debería aprovechar la oportunidad para fortalecer el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, que sin duda equivale a fortalecer al Ministerio Público de la Defensa.
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El autor es Defensor federal de Neuquén. Cotitular de la comisión de Cárceles e integrante de la Asociación Pensamiento Penal Capítulo Comahue.
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