La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, pidió el juicio político para los integrantes del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata debido al mal desempeño de sus funciones en el caso del femicidio de Lucía Pérez.
Se trata de los magistrados Aldo Daniel Carnevale, Pablo Javier Viñas y Juan Facundo Gomez Urso, quienes condenaron a Matías Gabriel Farias y Juan Pablo Offidani por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo. Sin embargo, los absolvieron por el delito de acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona y favorecido por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio. Asimismo, el tribunal absolvió a Alejandro Roberto Maciel por el delito de encubrimiento.
“Más allá de la injusticia material de la decisión, lo intolerable en un Estado de derecho son los fundamentos desarrollados por el tribunal”, explica el escrito al que accedió Tiempo Judicial. Asimismo, destaca que la sentencia pone de manifiesto un desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos con respecto a la incorporación de perspectiva de género en el juzgamiento de delitos contra las personas y contra la integridad sexual.
También, enfatiza: “Se encuentran estereotipos sexistas y discriminatorios, transformando el juicio en un juicio sobre la biografía de Lucía -la víctima-. En lugar de concentrarse el fallo en el análisis de la conducta de los acusados”.
Además, observa que la sentencia se basa en aspectos de la vida personal de Lucía Pérez “que son utilizados por los Magistrados señalados de manera prejuiciosa y destinados a avalar la existencia de un supuesto consentimiento por parte de la víctima (menor de edad), en una escena en la que participaron hombres (plural) adultos que comercializaban drogas en cercanías de instituciones educativas”.
Cabe recordar que en el mes de agosto el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló el fallo y ordenó al tribunal a que se desarrolle un nuevo juicio. Allí el el juez Carlos Natiello sostuvo: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgado a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”. En ese mismo sentido, consideró que durante ese juicio Lucía sufrió una nueva victimización secundaria que que atentó contra su intimidad y su dignidad, y la de su entorno “y se debe considerar como un claro signo de estigmatización”.
El pedido de juicio político hace una descripción de la normativa vigente y explica las distintas formas en las que se materializa la violencia de género. En ese sentido, subraya que: “La ausencia de la perspectiva de género al analizar el caso, provocan una afectación del acceso a justicia de las mujeres y por ende una grave vulneración de los derechos expresamente tutelados como grupo especialmente vulnerable”.
Por último, concluye: “El contenido de las resoluciones de los jueces denunciados constituye la manifestación de un patrón general de conducta desarrollado en este caso y que representa, sin dudas, un contexto de falta de idoneidad y de mal desempeño por abuso de sus facultades funcionales, con fundamento en razones ilegítimas”.
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