En el marco de los 30 años de la sanción de la Ley de Estupefacientes N°23.737, la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado organizó jornadas de debate.
La semana pasada participaron jueces y fiscales que pidieron avanzar con la despenalización para consumo personal.
En esta oportunidad, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que "es imprescindible que se reforme la ley" y juzgó que "la tenencia para consumo no debe figurar en la normativa penal" y que "la tenencia simple sólo debe ser alcanzada por la norma cuando se puede insertar en un proceso de narcotráfico".
La funcionaria explicó que "cuando nació la ley el consumo estaba amparado por ser una acción privada y cuando antes se preveía aplicar una sanción por vía judicial por tenencia a un adicto, después se llegó a la negativa porque no había lugares para alojarlos" y advirtió que "falta lugares de tratamiento de nivel que puedan ocuparse de esta patología".
"Otro tema muy grave es el de las ´mulas´. El 60% de las mujeres privadas de la libertad están vinculadas al tráfico de drogas. Son mujeres en extrema situación de vulnerabilidad. Lejos de ser coautoras del delito son víctimas de trata laboral", enfatizó.
En ese mismo sentido, Martínez señaló que en la ley de estupefacientes "hay un montón de puntos que deben ser revisados". Asimismo, consideró que Argentina podría tener una normativa similar a la de Uruguay para cannabis medicinal, con producción controlada y venta en las farmacias y lamentó "carecer de un régimen penal juvenil".
Por último, reclamó que "el Congreso debería abordar el tema con mucha urgencia porque es una deuda que tenemos" y estimó que se debería "dictar una ley que no avance represivamente contra los que tienen que ser protegidos y no reprimidos, que sea más eficiente, más técnica y que concentre esfuerzos en la lucha contra el verdadero narcotráfico".
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