El aporte de la política de drogas vigente al colapso de los sistemas penitenciarios en Argentina es innegable, aunque sea prácticamente imposible saber exactamente cuántas personas están privadas de su libertad por estos delitos. Se sabe que hay, por ejemplo, miles de detenidos y detenidas penando en comisarías provinciales y en destacamentos de la Gendarmería o la Prefectura que no se computan. Lo mismo ocurre con quienes tienen arresto domiciliario.
En algunas provincias con leyes propias de “Narcomenudeo”, los servicios penitenciarios publican datos desactualizados. Aunque la recolección de datos resulte una foto incompleta, ilustra el hacinamiento que justifica la construcción y ampliación de cárceles.
Según la base de datos del Ministerio de Justicia de la Nación hasta septiembre pasado había 11.486 personas privadas de libertad en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Casi el 38 por ciento estaba por delitos de drogas: 4298 personas. Más de la mitad de ellas sin condena. Esta base también permite desagregar por género, oficio, profesión, edad y monto de la pena. Basta con poner “23.737” en el buscador (es el número de la ley de drogas) y a continuación la categoría que se busque, por ejemplo “femenino”, “cartonero/a”, etc.
De esta forma surge, por ejemplo, que de las 220 mujeres procesadas en el ítem “Profesiones” 63 declararon ser amas de casa, 21 estar desocupadas y 17 carecer de oficio. Sumados estos tres ítems representan casi la mitad de las detenidas sin condena. Se llega al mismo porcentaje entre los 2346 hombres procesados si contamos 310 albañiles o peones de la construcción, 269 detenidos sin profesión,188 sumando choferes, remiseros y taxistas, 165 hombres más entre agricultores, changarines, electricistas, carpinteros, herreros y vendedores ambulantes y por último 161 desocupados.
Las proporciones no varían mucho al ver entre quienes están condenados. Lo llamativo es que haya solo 6 policías, 3 empresarios y un contador cumpliendo condena intramuros. Las personas privadas de libertad por “tenencia y tráfico de estupefacientes” en el SPF son eslabones menores y reemplazables de este negocio ilegal. Se nota en los bajos montos de las condenas. Las cárceles grandes, como Ezeiza en provincia de Buenos Aires, y Güemes, en Salta, están repletas de personas pobres, con bajo o nulo nivel educativo acusadas o condenadas por la ley 23.737.
A estas 4298 personas que están presas en cárceles federales habría que sumarle la cifra oculta mencionada al principio. “Aunque varía semanalmente, creo que entre los escuadrones de Gendarmería y Prefectura, que están en zonas fronterizas, y las comisarías federales del interior habría entre dos mil y tres mil personas más detenidas, entre las que el 95 por ciento, siendo generoso, están por delitos de drogas”, estima el procurador adjunto interino, Ariel Cejas Meliare.
Si se toma la cifra oculta más baja, al menos la mitad de las personas abarrotadas en el SPF está por estos delitos menores y no violentos. Mientras tanto, se siguen ampliando unidades o construyendo nuevas en Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Corrientes. Hace unas semanas, este procurador habló ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el Senado de la Nación y sugirió eliminar algunas de las penas mínimas obligatorias de esta ley, penas que implican el encarcelamiento ante la primera infracción.
La Meca del Narcotráfico
La Cárcel Federal de Güemes se comenzó a construir en 2008 y se inauguró en 2011 en un acto que compartió el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Venía a resolver una crisis de hacinamiento penitenciario en el norte argentino, por donde pasa gran parte del clorhidrato de cocaína que se consume en las ciudades del país. Se la presentó como una cárcel modelo: celdas individuales y sin rejas, con capacidad para alojar a 200 mujeres y 288 varones.
La sobrepoblación había generado hechos gravísimos en el norte argentino. Por ejemplo, en 2005, la Defensoría General de la Nación encontró en Jujuy a 26 mujeres y tres niños de entre 4 y 5 años penando en un contenedor de dos metros por diez de largo con un baño improvisado, sin agua caliente, y una ventana a tres metros de altura, la única entrada de luz y de aire al cerrar las puertas. El hecho derivó en un habeas corpus, por el que se rescató a esas mujeres y sus hijos.
Ya se imaginan por qué delito estaban.
Hoy Güemes es la cárcel federal con más sobrepoblación del país. Como informa la defensora Ana Clarisa Galán Muñoz, en 2019 se llegó a alojar a 637 personas, luego de que en 2016 las celdas dejaran de ser individuales al habilitarse camas cucheta. “Entre el 70 y 80 por ciento están por delitos menores no violentos de drogas. La mayoría claramente estaba en situación de vulnerabilidad. En el caso de las mujeres pasamos de tener 140 en 2016 a 204 en 2019”, agrega.
Galán Muñoz coordina el trabajo de las defensorías federales de Jujuy, Orán, Tartagal y Salta capital. A diario ella y sus colegas defienden mujeres pobres que fueron captadas por las redes de tráfico con promesas laborales, incluso a través de Facebook. Mujeres que accedieron para juntar la plata para la fiesta del primer año de su bebé o que buscaban pagar una cirugía o un tratamiento oncológico para sus hijos e hijas. Transportaban pequeñas cantidades “encapsulándose” o escondiendo mercadería entre la ropa.
“Escuchamos de nuestras defendidas que muchas veces cuando las fuerzas de seguridad sospechan que tragaron cápsulas, las demoran y les piden que tomen jugo, sabiendo que ellas fueron advertidas por los traficantes que si beben algo, al accionarse los jugos gástricos las cápsulas pueden destruirse y causarles la muerte. Es casi tortura lo que les hacen”, cuenta la defensora. Un alto porcentaje de estas mujeres son engañadas o presionadas por sus parejas para traficar.
Galán Muñoz asegura que no prosperó ningún caso donde había indicios de trata o explotación, por lo que no podría punirse el delito. “Los juzgados dicen que faltan pruebas de que haya trata, pero tampoco se investiga cuando las detenidas aportan datos. Es complicado plantear casos donde se nota que hubo un estado de necesidad que justifica la conducta de estas mujeres. Algunos jueces dicen ‘podrían haber buscado otra solución’. Las causales de vulnerabilidad son muy discutidas en la cultura judicial”, detalla la defensora.
La ausencia de una perspectiva de género en esta cultura judicial, agrega, hace que las detenidas sufran una doble o triple vulnerabilidad, por ser mujeres, “malas madres” y estar en la pobreza. “A muchas las usan de señuelo, para que mientras las detienen a ellas pasan cargamentos más importantes”, agrega.
El intento de “perforar” el piso mínimo de la pena no siempre prospera. Muchas veces el pedido es rechazado, argumentando que las penas mínimas las establece el poder legislativo y el Poder Judicial no puede legislar. Algunos juzgados acceden, pero cuando desde las fiscalías apelan, en la Cámara de Casación Penal Federal les dan la razón (salvo la Sala II que integran Ángela Ledesma y Alejandro Slokar).
Abarrotadxs
La provincia de Buenos Aires tiene el sistema penitenciario más grande del país y fue la primera en tomar competencia de los delitos menores de drogas en 2005, a partir de su adhesión a la ley de Desfederalización. Este proceso se ha extendido con los años a otras jurisdicciones y con los mismos resultados: más represión y hostigamiento contra quienes consumen y una creciente incidencia de las policías provinciales en la regulación ilegal del mercado clandestino, “protegiendo” y/o “volteando” a quienes venden pequeñas cantidades.
Según la planilla “Detenidos por Infracción a la Ley 23.737” de la Unidad de Gestión y Coordinación Estadística del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en 2019, de 45.366 internos e internas, 4915 estaban por drogas. Es decir, el 10 por ciento del total. En diciembre de ese mismo año, las comisarías de esta provincia hacinaron a 3854 personas, 626 por infracción a la 23.737 (representa el 16 por ciento del total), según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales.
El informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria de 2019 advirtió que el crecimiento de la población femenina por estos delitos hizo que de las 14 cárceles de mujeres, 9 fueran creadas o empezaron a alojar mujeres (utilizando anexos) a partir de 2005, cuando se desfederalizó en territorio bonaerense. “Es decir que el encierro de mujeres comienza a tomar magnitud para la política penal en los últimos años, a partir del endurecimiento de las políticas de criminalización de la pobreza bajo el lema de la ‘guerra contra las drogas’”, concluye el informe.
Hace pocos días el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), de la Universidad Nacional Tres de Febrero, presentó un estudio sobre el crecimiento de la población penitenciaria de los servicios penitenciarios federal y bonaerense. La aplicación de la ley de drogas es el factor determinante: “Mientras que en 2013 nuestra encuesta encontró que el porcentaje de internos por este tipo de delito representaba el 7.7% del total, en 2019 ya representa el 18.4%”, dice el informe. La mitad de los arrestados habían cometido transacciones ilícitas de 5000 pesos o menos.
“Este porcentaje de 18,4 va a subir porque en ese estudio cuando preguntaron por la razón de ingreso a la cárcel de los últimos dos años, 1 de cada 4 ingresos eran por drogas. Es decir que ya ronda el 25 por ciento”, advierte el investigador Alejandro Corda, quien presentó hace unos días, junto al sociólogo Juan Gabriel Tokatlián, este informe titulado: Población privada de libertad en Argentina: un análisis comparado en perspectiva temporal 2013-2019.
Corda es secretario de un juzgado del fuero federal penal e integrante de la asociación civil Intercambios. Dice que en las instancias judiciales advierten la desproporcionalidad de esas escalas penales, que van de 4 a 15 años por delitos de comercialización, “pero es muy difícil tocar la pena”. Con el paso del tiempo y la aplicación de las leyes de “narcomenudeo” en Córdoba, Salta, Chaco y Entre Ríos algunas personas acusadas de menudeo “negocian” una condena en suspenso a partir del cambio de calificación, por ejemplo, de tenencia para comercio a tenencia simple (con penas de 1 a 6 años).
El poroteo nunca se acaba
La desfederalización profundizó esta maquinaria punitiva y transformó la publicación de datos sobre personas detenidas en “un rompecabezas que no se termina de armar”, tal como define Corda.
Córdoba, por ejemplo, solo tiene disponibles datos del 2018 que informó al Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), sin distinguir calificaciones: hay 1.144 personas detenidas por la aplicación de la ley de Narcomenudeo en esa provincia.
“La primera persona condenada por la desfederalización en Córdoba fue una mujer que tenía un hijo y no tenía donde vivir. Le ofrecieron una casa a cambio de que vendiera drogas. Ese es el tipo de personas que termina presa”, describe este investigador. El mínimo no excarcelable de la pena fue declarado inconstitucional en esta provincia por el Tribunal Superior de Justicia, como se informó desde Tiempo Judicial.
En algunos juzgados bonaerenses se tomó la misma resolución ante casos de notoria vulnerabilidad.
Un rápido repaso por los datos disponibles de las otras provincias donde se aplican leyes de narcomenudeo muestra que en Entre Ríos, como ya se analizó en otro artículo, entre 2018 y 2019 hubo 676 personas detenidas.
Y en Chaco, según estimaciones del Ministerio Público de la Defensa local, en el año 2019 ingresaron 1405 causas y hubo 131 requerimientos a elevación a juicio oral por parte de las fiscalías. Esta situación derivó en la superpoblación de los penales provinciales.
“A falta de lugares apropiados, los detenidos por drogas son alojados en el Escuadrón 51 de Gendarmería, Policía Aeroportuaria de Presidencia Roque Sáenz Peña, y Comisarías comunes, hasta tanto se resuelva su situación procesal. En toda la provincia hay 89 personas detenidas con causas en trámite por narcomenudeo”, advierte un informe que evalúa los efectos de la desfederalización inicada en 2015.
Informe-Narcomenudeo-chacoEn caso de Salta, según datos de la Ufinar, la fiscalía especializada en microtráfico, entre el enero de 2019 y hasta el 16 de octubre de 2020 hubo 219 personas detenidas por delitos de venta el menudeo. “De esas personas, 119 tienen condena y el resto ya tiene requerimiento a juicio y está esperando audiencia de debate”, se informó oficialmente. Salta comenzó a perseguir en 2014 estos delitos menores de drogas.
En enero pasado el procurador salteño Abel Cornejo pidió que se suspenda la aplicación de la ley de microtráfico, entre otras cuestiones, por la falta de transferencia de fondos desde el estado nacional. Además, denunció el hacinamiento de personas presas en comisarías, alcaidías y cárceles provinciales.
En 2008, había 1714 internos, diez años después el 3266. “El salto se produce en 2014, con la adhesión a la ley microtráfico, aunque no es el delito de mayor incidencia (cuarto en cantidad de casos) provocó un aumento exponencial”, reconoció.
El poroteo de esta nota no incluye a quienes son detenidos y detenidas un rato en la calle o “paseados” en un patrullero y a quienes pasan horas e incluso días en un calabozo por tenencia de drogas para consumo personal. Ocurre mucho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se sumó a la ola represiva a principios del año pasado.
La principal actividad policial en la materia, como surgió en el último informe estadístico del Ministerio de Seguridad de la Nación, es hostigar a miles de personas que usan drogas, violando derechos básicos, como la intimidad, la autonomía o el libre desarrollo de la personalidad.
Solo en 2019, el 88.8% de los delitos contra la Ley de Drogas fue por tenencia para uso personal mientras que los delitos contra el narcotráfico a gran escala no alcanzaron el 1 por ciento de las denuncias, según el informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal.
De acuerdos a los datos aportados, durante el 2019 se registraron 98.037 hechos de infracción a la Ley 27.737 mientras que en 2018 habían ocurrido 61.746, es decir que se registró un aumento del 58.8 por ciento.
Comentarios recientes