En la segunda jornada de debate sobre el proyecto del aborto legal más de 20 especialistas jurídicos, religiosos y médicos expusieron sus posturas a favor y en contra de la iniciativa que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados de la Nación.
El plenario de las comisiones de Legislación General, Mujeres y Diversidad, Legislación Penal y Salud de la Cámara de Diputados, se inició cerca de las 10:30 con testimonios, divididos a favor y en contra de la iniciativa. De acuerdo con el cronograma diseñado por los diputados que integran esas comisiones, la intención es emitir dictamen este viernes para debatirlo en el recinto en una sesión especial la semana próxima, probablemente el jueves 10 de diciembre.
La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci explicó sobre el proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo y sus implicancias legales que “todos los tratados, como todas las leyes, tienen que ser interpretadas. Tiene que haber una interpretación dinámica de los textos, conforme a las realidades y las necesidades actuales y no mirando hacia atrás".
En este sentido, la ex integrante de la Suprema Corte mendocina subrayó que "no se le puede negar a nadie la posibilidad de tener sus propios proyectos de vida", defendió la "autonomía" de la mujer y señaló: "Si no aprueban esta ley, no respetan la autonomía ni la igualdad social".
Por su parte, el actual integrante del Consejo Consultivo para la Reforma Judicial el catedrático Néstor Sagués manifestó en su exposición que “no estoy en la tendencia que considera que la vida de la persona por nacer es un derecho totalmente absoluto. Entiendo que puede haber restricciones y limitaciones en tanto respeten el principio de razonabilidad y de no arbitrariedad".
Mirian Andújar ex decana de la Facultad de Derecho de Universidad de Cuyo quien señaló que “no hay que invisibilizar al niño por nacer y hay que defender las dos vidas porque la realidad es que es un individuo como lo demuestra la ciencia”.
La directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Diana Maffía, sostuvo que "la legalización no obliga a nadie abortar" y afirmó que "no se está legislando sobre embarazos avanzados". Al mismo tiempo, aseveró: "Defendemos la visa los que estamos a favor del aborto" y concluyó con la frase "Que sea Ley".
El constitucionalista Andrés Domínguez explicó que "es una obligación del Estado despenalizar el aborto" y consideró que de esta manera se cumple "con obligaciones internacionales y ejerce el control de convencionalidad interno que el congreso esta obligado. No existe ninguna norma que prohíba que este proyecto sea inválido".
La abogada y profesora de feminismos de Tucumán, Soledad Deza, advirtió que la objeción de conciencia "se teje y desteje políticamente" y cuestionó que la penalización del aborto "es una inmoralidad que se cobra vidas", al considerar que "nadie merece estar presa por no ser capaz de parar en determinado momento".
María Angélica Gelli, especialista en Sociología Jurídica de la UBA, expresó que la legalización del aborto "está pensada como un método de control de la natalidad, como una política de Estado", y sostuvo que el "derecho al aborto no figura en los tratados internacionales como se menciona en el texto".
Paola Bergallo, doctora en Derecho, explicó que “es urgente y oportuno este debate como país y hay evidencia en el derecho comparado sobre el proyecto modernizador y moderado en el mundo jurídico”. En este sentido, la investigadora del CONICET se explayó que "el derecho penal fracasó en penalizar el aborto porque las mujeres mueren en condiciones inseguras muchas instancias". "Es una reforma moderada porque el mundo ya abandonó el derecho penal sobre el aborto", finalizó.
También expusieron Margarita Bosch, Carolina Comalera, Siro de Martini, María De Urraza, Segolene Du Closel, Magui Fernández Valdéz, Pablo Garat, Natalia Gherardi, Cecilia Ousset, Débora Rainieri, Gisela Reynaga, Sonia Terragona y Fernando Toller.
Especialistas religiosos y médicos
Además de los especialistas jurídicos expusieron religiosos y diversas especialidades médicas como bioética, infectología y clínicas.
El especialista en Bioética, Nicolás Laferriere, consideró que el proyecto "impone el aborto más allá de las declamaciones por la libertad" y advirtió que en países con aborto legalizado "las personas con discapacidad son eliminadas antes de nacer" por la disponibilidad de los estudios genéticos y el aborto legal.
El obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, expuso que “si una ley puede definir en qué momento una vida puede ser eliminada, entonces todo queda sometido a necesidades circunstanciales, a las conveniencias de los que tengan más poder o a las modas culturales del momento".
En sentido contrario, Aníbal Bakir, presidente del Centro Islámico de Argentina, señaló que, según la religión islámica "se antepone el derecho del vivo al del potencialmente vivo" y sólo se permite el aborto" si se afecta a la salud de la madre, si padece alguna malformación o si es producto de una violación hasta los 4 meses".
El ex ministro de Salud de Jujuy, Víctor Urbani, señaló que “el aborto es un problema de salud pública. Y esta ley tiene por objeto disminuir los daños que provocan los abortos inseguros, ya que las muertes por aborto son evitables".
En tanto, la doctora Leda Guzzi, infectóloga de la clínica Olivos, se sinceró que “mi mirada respecto a este tema era contraria hace 20 años. Y ver morir a tantas mujeres jóvenes y pobres, condenadas por un aborto inseguro me interpeló y me condujo a un giro en mi mirada".
Y un crudo relato de la médica general de Córdoba e integrante de la Red Federal de Trabajadores y trabajadoras de la salud, María Belén Carcedo, que contó relatos de abusos de niñas y mujeres que apoyó el proyecto de IVE porque “son el eslabón mas concreto de la política pública y acompañan a las personas en cada momento de su vida, también cuando tienen un embarazo no deseado y deciden abortar”.
“Con evidencia científica, está demostrado que las mujeres que deciden abortar, aborta porque es un problema de salud pública y es nuestra responsabilidad como trabajadores de la salud hacernos cargo y no acordamos que se siga penalizando y tiene que salir del Código Penal”, sentenció Carcedo para finalizar que “forzar a una niña de entre 10 y 14 años a ser madre es una tortura porque la mayoría son producto de abuso sexual intrafamiliar, hubo 506 en el último año”.
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