A raíz de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, votada y aprobada en diciembre, comenzaron a presentarse acciones judiciales en su contra. En Chaco la jueza Marta Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial 19 dictó una medida cautelar para que se suspenda en esa provincia la aplicación de la Ley nacional 27.610.
Ante esa resolución, la ONG Católicas por el Derechos a Decidir (CDD) denunció por prevaricato a la jueza Marta Aucar de Trotti ante la Fiscalía de Turno de Resistencia . “Advertimos que la jueza Aucar no realiza un análisis ni fundamentación objetiva de los demandantes, sino que acomoda su discurso a los intereses de sectores andirechos”, manifestaron.
Asimismo, explicaron en un comunicado que la situación que plantea la jueza Aucar es de gravedad institucional para la provincia de Chaco, dado que es el Poder Legislativo quien dicta normas para todos. “El planteo llegaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado, sino que incluso podrían no compartirla", advirtieron.
En diálogo con Tiempo Judicial, la abogada feminista y presidenta de la organización Mujeres x Mujeres, Soledad Deza, opinó sobre la situación y afirmó que “no sorprende la medida porque la anticiparon en el debate, incluso dentro del recinto, pero si sorprende la convivencia judicial”.
“Es un proceso donde cautelarmente se suspende desde un juzgado de provincia sin competencia una ley nacional, y además se lo hace de manera genérica sin analizar la legitimación activa”, explicó.
Para la referente, el accionar es una muestra de “una alianza conservadora que se ha mudado del campo legislativo, donde perdió la disputa política, al campo judicial” y subrayó que esto “pone en peligro las instituciones y le hace mucho daño a la sociedad”.
Según la abogada, desde lo jurídico la resolución es “muy mala” y argumentó: “Para mí entraña una causal de juicio político, como puede ser la ignorancia inexcusable de derecho, además del tema de la falta de competencia. Quizás habría que hacer funcionar los resortes institucionales para remover este tipo de jueces que lo que visibilizan es un activismo en contra del orden jurídico”.
En tanto, la presidenta de Mujeres x Mujeres consideró que desde lo social y simbólico habrá un costo social. “Esto construye sentido y se direcciona a confundir a la sociedad, al mismo tiempo desconoce el sistema republicano de gobierno y al lado se comporta como una acción antidemocrática”, señaló.
“Si se quiere es una expresión de la objeción de conciencia judicial, esto sería un caso, donde un juez antepone su propia cosmovisión religiosa, ética, moral, sobre el derecho procesal y común y es muy grave, por ejemplo, en Tucumán van a meter algo parecido”, concluyó Deza.
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