Con la llegada de la nueva ola de contagios por el coronavirus se agravó la situación de muchísimos inquilinos en el país. Mucho de ellos, al ver su fuente laboral afectada por las restricciones y no poder pagar el alquiler, se vieron envueltos en un proceso judicial que busca desalojarlos de sus viviendas. Ante esto, se comenzó una demanda colectiva para frenar los desalojos ante el fuero Contencioso.
En diálogo con Tiempo Judicial, el abogado de Inquilinos Agrupados y e integrante del Equipo de Abogados de la Federación de Inquilinos Nacional, Andrés Bernal, indicó que la medida solicitada por la asociación para frenar los desalojos la tramita el juzgado número seis del Foro Contencioso Administrativo Federal de Capital Federal. VER AMPARO.
“El decreto 320 suspendió la ejecución de las sentencias de desalojo, pero no el inicio y la tramitación de las causas, en este tiempo los procesos se iniciaron igual”, explicó el abogado, y recordó que “cayó el 31 de marzo sin previsión estatal, en plena escalada de contagios y todas las sentencias que se dictaron se están ejecutando ahora, está sucediendo una ola de desalojos en la segunda ola de contagios."
Como respuesta, se presentó un amparo en representación de los inquilinos del país que tuviesen sentencias de desalojo en su contra. “Con la medida cautelar en particular le pedimos a la justicia que le ordene al Gobierno Nacional instrumentar la suspensión de desalojos hasta que esté asegurada la vida y salud de las personas en esta situación”, aclaró.
En esa sintonía, relató que “quien atraviesa esta situación y está buscando desesperado donde vivir, no puede ni siquiera subir a los colectivos”, y aseguró que “la crisis que desato la pandemia afecta a los que alquilan, y no hubo acciones del Estado para evitar la propagación del virus en las personas están buscando desesperados alquiler”.
Al respecto, recordó que cuando terminó el decreto que prohibía los desalojos el Gobierno Nacional oficializó el primero de abril el protocolo de atención temprana en casos de “desalojos formales”. Bernal aclaró que “el protocolo tiene como objetivo la protección de la familia, pero es un proyecto, no instrumenta la actuación del Estado ahora mismo, son lineamientos para un futuro”.
Desde la asociación, en tanto, se solicitó información y respuesta en tres lugares. Primero al Ministerio de Salud, para corroborar que como máxima autoridad en salud esté al tanto y emita su opinión sobre los peligros de desalojar en un pico de pandemia. No hubo respuesta.
En segunda instancia, al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para saber cuántas personas estaban en riesgo de ser desalojadas y si disponían un plan de contención, pero tampoco hubo respuesta.
El tercer pedido de informe fue a la Cámara Nacional en lo Civil, sobre la cantidad de juicios de desalojos había en la justicia nacional, y respondieron con el alarmante dato de que en los primeros 45 días del 2020 se iniciaron la mitad de causas que en todo el 2019.
“La causa está actualmente se encuentra a la espera del dictamen del fiscal, y que el juzgado resuelva con urgencia la cautelar”, concluyó el representante de los inquilinos.
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