Como si se tratara más de un capricho que una deuda electoral pendiente, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz se las ingenia para tener el asunto presente en la agenda provincial.
El 6 de mayo pasado, y esta vez con la complicidad del Procurador General de la Provincia Abel Cornejo, el gobernador salteño Gustavo Ruperto Sáenz reunió a sus dos últimos antecesores en el cargo, Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero, uno de ellos un reconocido reformista de la Constitución provincial.
Pero para que el acto no sea tan proselitista, a la reunión también fue invitado otro ex gobernador, Hernán Cornejo, quien mantiene una posición crítica a la reforma de la constitución provincial que Sáenz impulsa para unirse así a sus antecesores inmediatos.
La excusa fue un encuentro organizado por el procurador a través de la Escuela del Ministerio Público, la cual preside y utilizó para reunir a Sáenz y los tres ex mandatarios, para festejar nada menos que los 200 años de la Constitución de Salta.
El evento, denominado “Jornada de Derecho Constitucional. A 200 años de la Primera Constitución de la Provincia de Salta y la actualidad de su Reforma”, sirvió para volvió a instalar la temática de la reforma, aprobada el 18 de febrero pasado por la legislatura local (FOTO).
Claro que la funcionalidad prestada por el procurador para el evento no surgió de la necesidad del debate, sino porque es el gran ausente en el proyecto, el cual, en materia de judicial, sólo tiene presente la discusión por la inamovilidad de los integrantes de la Corte de Justicia de la Provincia.
Es que, al parecer y previo a enviar el proyecto de reforma, el gobernador solo tuvo contactos con integrantes de la Corte, mientras excluyó al procurador de cual consulta respecto al proyecto, con lo cual la chance de que la inamovilidad se extienda también a su cargo, quedó desechada.
En Salta, cabe mencionar, el procurador es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Senadores y su duración en el cargo se extiende por seis años, cuya renovación depende de una nueva designación por parte del gobernador.
Por ello, y fuera del plato, el procurador se mostró inicialmente contrario a la reforma, aunque luego se ofreció como candidato a convencional constituyente, pese a que ese cargo exige que sea propuesto por un partido político, imposible para un funcionario de la justicia, a menos que renuncie.
Ahora, acortó distancias y aparece como promotor del proceso de reforma, con lo cual no se descarta que haya recibido alguna señal, aunque no se sabe si para que la movilidad se extienda a su cargo, o bien, sea incluido en otro proyecto político.
Abel Cornejo, procurador actual y ex gobernador. 
En busca de respaldo
Lo cierto es que el escenario creado, a través de la jornada organizada, sirvió para que el gobernador no sólo vuelva a presentar la reforma como una necesidad imperiosa para fortalecer la institucionalidad, sino mostrarse con los principales líderes políticos de la provincia.
Uno de ellos, Romero, es casualmente uno de los principales promotores de la reforma, algo en lo cual tiene experiencia, pues la reformó en dos oportunidades, en los años 1998 y 2003. Urtubey, quien se contuvo de hacerlo, también aparece ahora como otro impulsor de este cambio.
El ex gobernador Cornejo, por su parte, fue el único que se mostró crítico de la reforma, principalmente por la metodología utilizada para llevar adelante, en particular porque la convocatoria no fue lo suficiente amplia sino se centró sólo en el arco político, como así también criticó el momento en que se la pretende llevar a cabo, en medio de una crisis sanitaria nunca antes vivida.
Saenz, en tanto y con el respaldo de sus antecesores, se mostró entusiasta con la reforma con la cual, según asegura, cumplirá una de sus promesas electorales. El proceso ya está en marcha, pues los convencionales serán elegidos el 4 de julio próximo.
El proyecto aprobado por la Legislatura local el debate de la reforma tendrá como eje 11 artículos, desde el 95, 103,111, 137, 140, 144, 156, 169, 170, 171 y 172, en los cuales se reglamenta desde la cantidad de mandatos, la representatividad legislativa, la actuación de la Auditoría General de la Provincia, el tiempo de gestión de concejales y la posible inclusión de nuevos cargos en el ejido municipal hasta la inamovilidad de los jueces de la Corte.
Si bien estos puntos, aparentemente, podrían ser importantes, lo cierto es que en este momento no son urgentes para los salteños y tampoco importantes, pues ninguno de ellos, principalmente, va a reflejar un cambio sustancial en la sociedad, aunque sí en un sector reducido, el político.
Tampoco los cambios van a significar un ahorro en el presupuesto provincia, pues la discusión no incluye la supresión de cargos políticos, sino por el contrario, se podrían sumar más funcionarios, como un vice intendente municipal.
Por lo tanto, la reforma constitucional solo significar un gasto más, por cierto, no menor e innecesario en estos momentos de crisis, pues la elección de los convencionales y el posterior debate, no será gratis para los salteños.
Con la pandemia del COVID-19 cada vez más presente en la provincia, la que día a día asciende en cantidad de contagios y también muertos, el gobierno se muestra ajeno a esa realidad que sí es advertida por sus súbditos, quienes esperan que el gobernador presté atención a lo urgente e importante, como es todo lo atinente en materia de salud y economía.
Desde el arco intelectual, en tanto, se reclama más acciones tendientes a afianzar la práctica institucional que el apuro por cambiar el espíritu de la Ley Madre, mientras el ciudadano común percibe la reforma constitucional como otro asunto que el sector político impulsa para permanecer o favorecer del poder.
Comentarios recientes