La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), realizó 36 denuncias en diferentes tribunales del país por estafa contra farmacias que en 2017 simulaban la compra de medicamentos con datos de afiliados al PAMI que habían fallecido. Se estima que la estafa alcanzaría una cifra mayor a los 5 millones de pesos.
Las maniobras se habrían desarrollado entre enero y diciembre de 2017 en diferentes localidades del país. La metodología del delito se dio en que las farmacias simulaban la compra de medicamentos e insumos (unas 14.872 unidades) mediante la utilización de datos correspondientes a 811 afiliados que se encontraban dados de bajas como beneficiarios del INSSJP, es decir, que habían fallecido.
Aunque el mecanismo fue desplegado a lo largo de todo el país, la unidad fiscal señaló que entre las provincias de Córdoba, Santa Fe y el conurbano bonaerense se agrupa el 47.74% de los consumos (7057), llevados a cabo durante el 2017.
Las maniobras ocurrieron en 758 farmacias repartidas en Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, Chubut, San Juan, Tucumán, Catamarca, Misiones, Entre Ríos, La Rioja, Corrientes, Formosa, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, San Luís, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Rio Negro y Santa Cruz.
La UFI-PAMI se encuentra a cargo de Javier Arzubi Calvo, quien realizó el viernes pasado 36 denuncias en 35 jurisdicciones federales de todo el país. La investigación se activó tras una denuncia formulada por la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ante la UFI-PAMI, donde se detalló que luego de un relevamiento llevado a cabo por la Subgerencia de Auditoria de Medicamentos, de los afiliados a la Obra Social Nacional que fueron dados de baja en razón de su deceso durante el 2017, se encontró que 811 de ellos presentaron consumos con posterioridad a la fecha del fallecimiento.
También la justicia federal tiene otra causa similar en la cual en octubre del 2020 el juez Casanello procesó a seis personas acusados de simular la venta de productos para diabéticos y haber causado un perjuicio de 18 millones de pesos a la obra social. También se dispuso la inhibición general de bienes de los imputados y la investigación patrimonial al respecto, tendiente a recuperar el dinero sustraído al erario público.
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