Mediante una audiencia realizada de manera virtual la Corte IDH, en el marco del 141 período de sesiones del tribunal, tomó declaraciones de los hermanos Larrabeiti Yáñez (cuyos apellidos al momento del secuestro eran Julien Grisonas) en el caso "Julien Grisonas y otros Vs. Argentina". Fueron los primeros nietos recuperados.
El caso fue elevado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hace las veces de "fiscal" ante el tribunal internacional, porque consideró que no fueron sancionados los responsables por la desaparición de los padres, ni a los responsables por lo sufrido por los hijos. Para la Comisión hubo carencia de una adecuada investigación, sanción y reparación por estos hechos.
La desaparición
Anatole y su hermana Victoria fueron secuestrados con sus padres el 26 de septiembre de 1976, un día domingo, en San Martín provincia de Buenos Aires. Mario Roger Julien y Victoria Lucía Grisonas estaban con sus hijos cuando un comando militar que tomó el control de toda una manzana mediante el uso de vehículos del Ejército secuestró en su domicilio a Roger y Victoria. Anatole tenía entonces 4 años y Victoria 16 meses.
Testigos del operativo aseguraron que Julién fue asesinado en el mismo momento de su detención y Grisonas fue brutalmente golpeada y llevada junto a sus dos hijos al centro clandestino de detención conocido como “Automotores Orletti”. En el operativo intervinieron el Departamento de Asuntos Extranjeros de la Superintendencia de Seguridad Federal, el Grupo de Tareas n° 5, efectivos de la SIDE y del Ejército.
En "Orletti" fue donde Anatole y Victoria vieron por última vez a su madre. Después fueron trasladados clandestinamente a Uruguay y después a Chile donde fueron abandonados en La Plaza O’Higgins en Valparaíso. Fueron recogidos, llevados a un orfanato, y luego fueron adoptados por el médico Jesús Larrabeiti y la educadora Silvia Yáñez, quienes no tenían relación con el aparato represivo. En junio de 1979 María Angélica Cáceres de Julien, la abuela paterna de los niños, los encontró y consintió la adopción manteniendo el vinculo con la familia biológica. De esta manera fueron los primeros niños desaparecidos que fueron recuperados.
Yuliza Marisa Falcon (CIDH) vicepresidenta de la CIDH tomó la palabra durante la audiencia y sostuvo que el caso "es emblemático de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura argentina y de cómo operaba la cadena del horror en el marco de la Operación Cóndor". Y agregó que "refleja la coordinación represiva argentino-uruguaya en contra de personas uruguayas refugiadas en Buenos Aires y develó por primera vez el plan sistemático de robo de niños y niñas luego de que sus progenitores eran desaparecidos o ejecutados".
"Las violaciones ocurridas en este caso no implican un desmerecimiento al gran esfuerzo desplegado por el Estado argentino en materia de políticas públicas de memoria, verdad y justicia", aclaró Falcón. Mientras que los representantes de argentina no formularon preguntas y "se solidarizaron con el sufrimiento padecido" por toda la familia dijo Andrea Pochack, Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos.
Una muñeca, una historia
Cuatro años y un año y medio tenían los hermanos Larrabeiti Yáñez cuando pasaron los hechos. Anatole, quien actualmente vive en Chile, fue el primero en hablar: "Recuerdo a mi padre irse a otro sector y señalarnos con el dedo que mantengamos silencio y que estemos escondidos", contó ante los jueces Anatole como parte de sus recuerdos vívidos de la época. "Me acuerdo estar de la mano de mi madre y que tenía en brazos a mi hermana escondidos en una especie de estacionamiento. De repente veo un fuego azul de metralla y un miliar nos apunta directamente y nos lleva", detalló.
"Mirar hacia atrás y ver a mis padres tirados en el piso apuntados y veo como uno de ellos le agarraba el pelo a mi madre", apuntó sobre el recuerdo de aquel domingo cuando fue secuestrado con sólo 4 años. También recordó también el hecho de ir en un avión pequeño donde le permitieron ir a la cabina donde "vio grandes montañas de nieve".
"De pequeña mis primeros recuerdos fueron de mis padres Larrabeiti Yáñez" contó Victoria y que cuando mi madre tenía que ir a trabajar "era terrible separarme de ella". Así retrató el trauma que quedo en ella y después, comentó cómo fue recuperando su historia e intentando conocer a sus padres desaparecidos. "Recibí un llamado de Abuelas de Plaza de Mayo, cuando cumplieron los 30 años de Abuelas y eso tuvo un hito en mi vida", contó.
También describió como empezó a investigar quienes eran: "Quería saber cuál era el tono de voz de mi padre, cómo miraba mi madre, cómo caminaban" dijo y ante todos los presentes en la audiencia, ya con lágrimas, mostró una muñequita que le hizo su mamá y que pudo recuperar en todo este proceso de reconstrucción de su historia.
"No teníamos acciones penales, no podíamos reconstruir la historia en base a las indagatorias de un proceso penal", cuenta y agrega que "intentamos la acción civil porque era lo que nos quedaba, era injusto". Contó sobre los momentos en los que en Argentina las leyes de obediencia debida y punto final no habían sido declaradas inconstitucionales y eso solo lo dejaba con la instancia civil que después la Corte Suprema declararía prescripta.
"No voy a dejar de buscar un lugar donde llevarle unas rosas a mi madre en el día de la madre", concluyó Anatole. "Me gustaría recuperar algo más que esta muñequita", recalcó Victoria y concluyó: "quiero saber que les pasó, donde están".
Alegatos
Durante las dos jornadas de audiencias pudieron escucharse también de dos peritos del Estado, uno de la Comisión y uno de los representantes. Los peritos propuestos por el Estado fueron Pablo Parenti, actual titular de la Unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y María José Guembe, directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (también integra la Comisión Directiva del Centro de Estudios Sociales y Legales -CELS-). Mientras que Juan Ernesto Méndez fue el perito propuesto por la Comisión y Francesca Lessa por parte de las víctimas.
Las preguntas de los jueces y las partes rondaron sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y el cómo, los 18 años de vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ocasionaron un impacto concreto en el deber de investigar el caso de los hermanos Larrabeiti Yáñez.
Al momento de los alegatos Eduardo Marques Iraola, abogado de los hermanos, mencionó las obligaciones pendientes de cumplimiento del Estado Argentino. El abogado destacó que aunque en noviembre del año pasado se dictó sentencia contra cuatro genocidas por los delitos cometidos contra los hermanos en el marco del juzgamiento de lo ocurrido en el Centro Clandestino de Detención "Automotores Orletti" que "son delitos por los cuales nosotros venimos pidiendo desde 2012".
"En el caso nuestro hubo y siguen habiendo grandes falencias por parte del Estado", agregó Anatole, que también fue uno de los que realizó alegatos. Mientras que la Comisión Interamericana destacó, mediante la palabra de Fontan, que "en el caso concreto la vigencia de las leyes (de Obediencia Debida y Punto Final) provocó una situación de impunidad" y solicitó la condena internacional del país y pidió una reparación civil.
Andrea Pochack, Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, volvió a lamentar en representación del Estado lo ocurrido y honró la memoria de sus padres y abuela. "El amor solo se construye con verdad y pleno respeto de la identidad", dijo la funcionaria y agregó: "Este caso refleja el accionar el accionar represivo ilegal del Estado que el gobierno y la sociedad argentina repudiamos enérgicamente".
Destacando que "los hechos que tienen por víctimas a los miembros de la familia Julien-Grisonas fueron esclarecidos en cinco procesos judiciales celebrados por tribunales argentinos" y "en modo alguno corresponde una condena por parte del máximo tribunal regional en DDHH en este caso".
Ahora será la Corte IDH la que debe decidir la responsabilidad internacional o no del Estado Argentino. Serán los jueces Elizabeth Odio Benito; Patricio Pazmiño Freire; Eduardo Vio Grossi; Humberto Antonio Sierra Porto; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Ricardo C. Pérez Manrique quienes decidan esto. Eugenio Zaffaroni, quien integra la Corte Interamericana, no estuvo presente en la audiencia debido a que no puede participar puesto que es argentino y tampoco participara en la deliberación en el caso.
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