La Lista Celeste de magistrados y magistradas cuestionó “nuevamente al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que "ahora en el fallo ESUVIAL y por mayoría estricta se arrogó la calidad de tribunal de alzada de la Cámara Nacional en lo Comercial”. La Justicia porteña ya se había entrometido en cuestiones nacionales cuando falló a favor de las clases presenciales.
En esta causa puntual, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires intervino recientemente en la Causa Correo Argentino y dispuso anular la resolución de la Cámara Nacional en lo Comercial, que rechazó un recurso de la principal accionista de Correo Argentino S.A. contra la negativa de apartar a la magistrada que tramita el concurso preventivo de la histórica empresa de su familia. Es una causa que involucra a la familia Macri y en la cual el ex presidente cuestionó duramente a la fiscal interviniente en el concurso preventivo, Gabriela Boquin.
¿Cómo lo hizo? El TSJ hizo lugar a un recurso de queja presentada por la empresa SOCMA para que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial trate el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la decisión que rechazó la recusación de la jueza a cargo del concurso del Correo Argentino. El voto mayoritario, conformado por las juezas Inés Weinberg y Marcela Vivian De Langhe, y el juez Santiago Otamendi, entiende que la Cámara Nacional no analizó correctamente el recurso de inconstitucionalidad. De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia ratifica su posicionamiento como máximo tribunal de las causas que tramiten en la justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta nueva decisión molestó muchísimo al menos a un sector de los magistrados nacionales quienes en el comunicado cuestionaron a los ministros del TSJ porteño que incidieron en la Justicia Nacional Comercial al considerar que “el STJ de la ciudad persiste en conductas de cuestionable legalidad” y que “es inadmisible que un tribunal de una jurisdicción -extraña- se considere habilitado para revisar una sentencia de la Justicia Nacional, excediendo claramente su competencia, cuando ninguna ley así lo autoriza”.
Lo mismo había ocurrido con el fallo por las clases presenciales donde un fallo del TSJ de C.A.B.A. lo que también ocurrió en 2017, es decir la Justicia porteña, decidió en una causa de la Justicia Nacional poniendo en jaque ambas instituciones en medio de la política partidaria que tironea a los operadores para uno u otro lado de la grieta. El debate que también se abre es sobre la autonomía del GCABA y su Justicia que no está plenamente realizada y por esto se dan estos conflictos.
En este sentido, explicaron desde la Lista Celeste a este medio que “por el contrario, desconoce las directivas de la Constitución Nacional, de la ley 24.588, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y de otras normas vinculadas a la organización de la Justicia Nacional”.
En el mismo sentido se pronunció ayer en su dictamen en una causa civil entre Gabriel Levinas y la familia del artista León Ferrari en el fuero nacional civil, el procurador interino Eduardo Casal, quien explicó según el diario La Nación que “no existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con asiento en esta ciudad”.
Así lo expresó su referente y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Alberto Lugones, en Radio 10 al señalar que "el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad lo que pretende es aplicar el código procesal de la Justicia de la Ciudad, que es un código interno, a la Justicia nacional; una interpretación absolutamente desubicada". "Buscan manejar la Justicia a través del Consejo de la Magistratura de la Ciudad", agregó Lugones.
En tanto, le tiró el centro al Máximo Tribunal de Justicia de la Nación conducido por el juez Carlos Rosenkrantz: "La Corte Suprema debería accionar, pero se va a tomar su tiempo y probablemente sea tarde; yo estoy pensando que el Gobierno Nacional debería tomar alguna medida al respecto, como dejar sin efecto todo trámite relativo al traspaso de la Justicia".
Por último, desde esta lista opositora a la actual conducción de la AMFJN a cargo de la Lista Bordó explicaron que “debiera evaluarse si ese accionar no puede ser considerado una conducta de naturaleza delictiva” ya que “sólo cabe la conclusión de que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de manera ilegítima, se atribuyó la potestad de legislar y de concretar un traspaso de hecho, causando un severo daño institucional y poniendo en serio riesgo la seguridad jurídica, la garantía del juez natural, y el derecho de defensa en juicio de los litigantes”.
En sí, la Corte Suprema interpretó en los casos “Strada” y “Di Mascio”, el concepto de superior tribunal de la causa, lo hizo con referencia a las provincias preexistentes, y a recursos procesales legislados en los códigos locales para tribunales de la misma jurisdicción, explican los jueces nacionales sobre la "intromisión" del TSJ.
¿Quién son los jueces del TSJ porteño?
Como contó Tiempo Judicial en esta nota, en mayo de 2019 se sumaron dos nuevos integrantes a la "Corte de la Ciudad" y justamente fueron dos nuevos ministros con estrictos vìnculos con Mauricio Macri y el bloque político de Cambiemos. ¿Por qué?
En primer lugar, porque el cargo previo que tuvo el flamante ministro Santiago Otamendi fue secretario de Justicia del ministerio de Justicia entre 2015 y 2019 a cargo de Germán Garavano, ex titular del MPF porteño. Hoy también conducido por un ex funcionario de Cambiemos durante la presidencia de Macri.
Crédito: Ministerio de Justicia provincia de Bs. As. 
Firma del traspaso. Garavano, Macri, Larreta y Ocampo. 
El juez Lugones criticó al TSJ
La Legislatura aprobó en mayo de ese año 2019, y asumieron en junio, en una sesión especial las propuestas para que la jueza Marcela Vivian De Langhe y el juez Santiago Otamendi integren el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Así como también dio su conformidad a la designación del doctor Juan Bautista Mahiques como Fiscal General del Ministerio Público. Fue con los votos de varios bloques de la oposición porteña. A ellos dos se suma, la otra ministra del TSJ, Inés Weinberg de Roca, que fue "la elegida" por Macri para integrar la CSJN. O causalidad, los tres de cinco ministros cuestionaron a la justicia comercial nacional en una causa de una empresa de la familia Macri.
Ambos son jueces de la Justicia porteña aunque en 2019 Otamendi estaba en uso de licencia ejerciendo el cargo de secretario de Justicia de la Nación. En tanto, Langhe era camarista de la Sala 2 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A. Ambos empezaron a ejercer su rol en el tribunal superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hace dos años.
De esta forma, el tribunal quedó conformado por una mayoría de ministros que son "funcionales" al PRO y en las causas mencionadas al principio de esta nota se nota su influencia. La más reciente fue involucrarse en una causa del fuero nacional y comercial que tramita hace muchísimos años el concurso preventivo de Correo Argentino.
La resolución del máximo tribunal porteño ocurrió a pocos días de que la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, denunciara que la firma del Grupo Macri estaba buscando un tribunal "amigo" que le permitiera revertir el trámite del concurso de la firma postal que ya lleva 20 años. Es la misma fiscal que durante el gobierno de Macri en la Casa Rosada frenó el acuerdo del Estado con la empresa, justamente cuando Macri estaba "a cargo" de ese Estado. Su dictamen del 30 diciembre de 2016 decía que el convenio era “ruinoso” y “abusivo”.
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