Entre el 20 y el 27 de julio de 1976 la dictadura realizó operativos donde se secuestró a unas 400 personas en las localidades jujeñas de Libertador, Calilegua y El Talar, donde tiene su ingenio y las mayores fincas cañeras el grupo Ledesma, propiedad de Carlos Blaquier. Los hechos se conocieron como "La Noche del Apagón" porque en coordinación entre la dictadura y la empresa Ledesma organizaron cortes de luz en varias localidades de Jujuy, para secuestrar trabajadores, estudiantes y militantes.
Precisamente, el papel jugado por Blaquier y el administrador del ingenio Ledesma durante la dictadura Alberto Lemos, fue el que estuvo durante seis años sin resolución en la Corte Suprema. El 8 de julio pasado el máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti , Juan Maqueda y Elena Highton de Nolasco, dejaron sin efecto la falta de mérito que la Cámara Federal de Casación Penal le había otorgado a Blaquier y a Lemos en marzo de 2015.
Allí los magistrados sostuvieron que la decisión se “apartó en forma manifiesta de la solución normativa prevista para el caso, obstaculizando indebidamente el avance del proceso”. El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia al considerar que se debía dejar firme la falta de mérito, y Ricardo Lorenzetti no votó.
Blaquier y Lemos fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad por los secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales. El procesamiento fue confirmado en forma parcial en 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta pero la Casación dictó en 2015 la falta de mérito que dio vuelta la Corte.
El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, solicitó que se devuelva cuanto antes la causa al juzgado federal de Jujuy para que avance. Es que con el fallo de la Corte ahora es la Casación la que debe apurar el trámite.
Un dato que ya fue corroborado en el expediente y que es sólo un ejemplo de la participación civil en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. La empresa a cargo de Blaquier aportó los vehículos con los que se secuestraron personas y a los propios trabajadores del ingenio Ledesma.
“Yo tenía 16 años cuando el 24 de marzo de 1976 se llevaron a mi padre en una camioneta del ingenio Ledesma", dijo Ricardo, hijo del ex intendente de Libertador Gral. San Martín detenido-desaparecido Luis Arédez. Lo mismo ocurrió con Omar Gainza y los primeros días de noviembre cuando se llevaron secuestrado a Carlos Melián.
Los militares y miembros de la policía de la provincia de Jujuy llegaron a bordo de camionetas que la empresa Ledesma les había proporcionado, ingresaron a sus viviendas sin orden judicial alguna y mediante fuerza e intimidación, los privaron de su libertad. "Tanto Blaquier como Lemos participaban del órgano más importante de la empresa desde el cual se tomaban todas las decisiones que hacían a su administración, entre las que se encontró la de prestar colaboración y facilitar a las fuerzas de seguridad recursos y vehículos de propiedad de la empresa para llevar a cabo las tareas propias del Plan Sistemático", explicaba el recurso extraordinario que presentó en su momento ante la Corte el fiscal De Luca.
Arédez, Melián y Gainza, tuvieron una activa participación en conflictos laborales y sociales que involucraban al ingenio Ledesma. Este año se cumplieron 45 años de los hechos y el juicio oral con respecto a Blaquier y Lemos viene demorado desde hace años. Blaquier actualmente tiene 93 años, y Lemos 78, y aún no fueron juzgados por los hechos.
Actualmente se está realizando un mega juicio en Jujuy donde la jueza Alejandra Cataldi y los jueces Mario Juárez Almaraz y Federico Díaz, se encuentran juzgando a 21 imputados, entre ellos militares retirados del Ejército y expolicías jujeños, Policía Federal, gendarmes e integrantes del servicio penitenciario provincial juzgados, entre otros, por el secuestro, la tortura y la desaparición de trabajadores de Mina El Aguilar y del Ingenio Ledesma.
La megacausa suma 120 víctimas, de las cuales 44 siguen desaparecidas. Según datos de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, a diciembre de 2020, se encontraban al menos 101 recursos pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que involucraban a 150 personas en 39 causas.
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