La actualización del sistema judicial y el camino hacia una transformación que esté en línea con la actualidad social, sin dudas es uno de los ejes principales en las preocupaciones y las políticas aplicadas por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Esta semana, se presentaron 6 proyectos de ley para mejorar el sistema actual y Tiempo Judicial entrevistó a Mauro Benente, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense.
El gobernador bonaerense anunciará el Nuevo Código Procesal de Familias, Civil y Comercial, la revisión de la Ley de Procedimiento Laboral N° 15.057, una Ley de Régimen Pericial, una nueva Ley de abogada y abogado del Niño, Niña y Adolescente y una Ley de Responsabilidad del Estado y la Ley de Ética Pública y Transparencia.
Los proyectos estarán evaluados, en un futuro cercano, por mesas de diálogo entre el Estado y universidades, asociaciones de magistrados, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, partidos políticos y demás espacios sociales.
Al respecto, Benente, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires señaló varias de las reformas y explicó la importancia de poder realizar estas modificaciones. Benente es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Teoría del Estado (UBA) y Filosofía del Derecho (UNPAZ), director ejecutivo de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y representante y vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense.
¿De qué tratan los cambios a la figura del Abogado para niños, niñas y adolescentes?
Básicamente ya existe una ley en la provincia sobre el tema, y bastante pionera a nivel comparativo con las demás provincias, pero es una ley que genera dos grandes problemas: El primero es que no regula con precisión la intervención del abogado al niño, no queda claro en qué tipo de procesos vale la pena que intervenga o no. Esto tiene sus discusiones, porque si hay un niño de siete meses, o de un mes o de un año, que no pueden hablar, es una discusión no menor si merece o no la intervención de un abogado o abogada.
Entonces ordenaría ese problema…
Sobre todo, porque el Ministerio Público tiene participación en ese proceso. Y por el otro lado, lo que se crea es un cuerpo de abogados del Estado para cubrir, sobre todo, los casos en los cuales por falta de recursos de los tutores no pueden cubrir los costos.
¿Y con respecto al Código Procesal de Familias, Civil y Comercial?
Es un trabajo de mucha más envergadura, porque es completamente un nuevo código, no es una reforma parcial a los códigos que ya tenemos. Una de las cuestiones de pasar a procesos civiles a completamente orales. Estuvimos revisando cuál fue la experiencia del plan de la Generalización de la Oralidad, al cual adhirió la Suprema Corte, y los efectos positivos que trajo en términos de tener procesos mucho más cortos. La sistematización de esos datos arroja que el promedio de duración de los procesos, en algunos departamentos judiciales, se redujo a un tercio.
¿Y qué ventajas daría?
Permite más inmediación entre el juez y las partes, mayor posibilidad de conciliar en el marco del proceso. Es un primer cambio bastante estructurado en el funcionamiento del Poder Judicial y que también va a repercutir favorablemente en el ejercicio de la profesión y en la persona que lleva sus pleitos a tribunales, que es en definitiva lo más importante.
También se informó que se tendrá en cuenta la situación vulnerable de muchas personas que recurren a la justicia en búsqueda de una respuesta. ¿Está articulado esto con la mejora del sistema en general?
Todo tiene que estar atravesado por el valor de la igualdad, de no detener un proceso más rápido, más ágil, que consagre desigualdades existentes. Llegar a soluciones injustas, pero que son más rápidas, no tiene ningún mérito. Lo que hicimos es establecer específicamente estar atento a la desigualdad de las partes. Incluimos para todos los procesos un trámite que se llama Declaración de Situación de Vulnerabilidad. En el cual la parte tiene que explicar por qué su pertenencia a un grupo vulnerable.
¿Esto no condicionaría el proceso?
No, no es que una persona por ser vulnerable gana el proceso, si no que se busca equipararlo para que materialmente tenga las mismas posibilidades de argumentar y de traer, cuestiones, hechos, documentaciones en el marco del proceso. También reconocimos algunos trámites procesales que en el código procesal vigente.
¿Cuál sería otro de los ejes de cambio?
Ordenar un poco el funcionamiento de los trámites en el marco del proceso de familia. Dentro de los trámites incluimos dos cosas que son un poco más novedosas. Una es un proceso simplificado, qué es un trámite que estamos pensando como súper corto en el cual una demanda, por ejemplo, de casos de menor cuantía o de sencilla actividad probatoria. Ahí lo que hicimos es un proceso en el cual la demanda se presenta con un formulario prestablecido, la contestación también se hace por formulario, se convoca una audiencia, ahí hay una cuestión bastante restringida probatoria con menos testigos, documental informativa, sin posibilidad pericial -si es necesaria se sale al proceso ordinario- y que el juez resuelva en una única audiencia qué llamamos audiencia multipropósito.
¿Hay cambios en los trámites procesales?
Para algunos casos pusimos un proceso de estructura monitoria. Esto invierte buena parte del funcionamiento del proceso cómo se lo piensa actualmente, y lo que supone es que se presenta la demanda y se dicta sentencia. Y que en todo caso la parte demandada, si quiere oponerse a esa sentencia, tiene que abrir esa parte un proceso. Por ejemplo, los divorcios lo pensamos como “proceso estructura monitoria”. Vos por el Código Civil no te podés oponer a divorciarte, entonces no tiene mucho sentido la estructura tradicional del proceso.
¿Qué ocurre con los cambios propuestas para el régimen pericial?
Esto se presentará estos días. Ahí hay como dos cosas: La idea es generar incentivos para que haya más peritos y peritajes inscriptos en la lista. En ese sentido tenemos resuelto tener algún tipo de mecanismo para que los peritos no cobren cuando termina el proceso, sino que puedan cobrar una parte antes. Eso estamos de alguna manera definiendo cómo, si es con un adelanto de honorarios, si es partiendo el esquema de cobro de honorarios, pero si hay un primer punto de alguna manera tratará de generar esa situación. También, estamos conversando si tiene sentido la estructura actual de que el monto de la pericia se define por el monto del pleito. Una opción es dejarlo así, y la otra opción es pasar a un esquema en el cual el monto de la pericia no dependa del pleito, sino que esté un poco más tabulada en función del trabajo que hace el perito.
¿Estos proyectos tardaran mucho en ser aprobados?
Se presentó el pasado jueves. Queremos dar tiempo para que el proyecto sea leído y que las reuniones sean con los proyectos conocidos, armar mesas de trabajo con colegios profesionales, con jueces, con universidades, con sindicatos, ojalá que también se sume la oposición para conversar artículo por artículo, capítulo por capítulo. Si eso demora meses serán meses. La verdad es que no tenemos un apuro especial para que esto llegue rápido a la Legislatura, lo que nos interesa es que sea discutido con lectura, con buenos argumentos y que podamos enviarlo cuando esté, no hay una fecha límite.
En este sentido, Kicillof aceleró designaciones pendientes en el Poder Judicial y cubrir más de 250 vacantes. Los primeros 31 cargos de jueces, fiscales y defensores fueron firmados por Kicillof el 15 de julio. El gobierno ya tiene en carpeta 60 pliegos más para enviar antes de fin de año. Lo que todavía no está en carpeta es la cobertura de las dos vacantes que existen en la Suprema Corte, que funciona hoy con 5 de sus 7 miembros.
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