El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Bolivia detalló las graves violaciones a derechos humanos que hubo en aquel país durante la dictadura liderada por Jeanine Añez. En un informe de casi 500 páginas el GIEI detalló que ocurrieron masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y una fuerte violencia social de carácter racista y misógino.
El informe se centra en las violaciones a derechos humanos y hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Durante esos meses se obligó a renunciar al entonces presidente Evo Morales y asumió el gobierno de facto de Añez. “Se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia” dice el informe que detalla que “en el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas”.
“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas”, señala el informe del grupo creado a partir del acuerdo que en diciembre de 2019 se dio entre el Estado Boliviano y la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Más allá de que el acuerdo fue firmado durante la presidencia de Añez el trabajo recién pudo realizarse de manera plena con la asunción de Luis Arce tras elecciones democráticas. El informe detalló la particular saña contra los pueblos originarios: “La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados”.
En el informe se describe el carácter fuertemente autoritario de acciones tomadas por grupos civiles como el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y el impacto del discurso racista y anti indígena de sus líderes en la profundización de la violencia.
También se destacaron el accionar arbitrario, la desidia e ineficiencia del poder judicial, con violaciones al debido proceso, uso político del derecho penal y abuso de las prisiones preventivas. “Cuando las violaciones de derechos no son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades, se instala la impunidad”, explica el informe.
Aclararon que “es fundamental que se avance en las investigaciones y los procesos judiciales de rendición de cuentas por los hechos documentados en este informe y otros similares”. Se refiere, entre otros hechos, por ejemplo a las dos masacres más significativas de la dictadura de Añez, la de Senkata y la de Sacaba, donde las fuerzas del gobierno de facto asesinaron a muchas personas.
“El Estado debe asegurar el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia y reparación”, sentencia el informe que aclara que su trabajo “no equivale a una investigación penal” aunque realiza una serie de recomendaciones como por ejemplo “actos públicos para reconocer la dignidad de todas las víctimas y la responsabilidad estatal”.
Durante la presentación realizada este martes del informe en la ciudad de La Paz, el presidente de aquel país Luis Arce pidió perdón a las víctimas por lo ocurrido en 2019: "Hoy honramos la memoria de todas las víctimas mortales durante este funesto periodo y, aunque los culpables nunca lo hicieron, a nombre del Estado les pedimos perdón y acompañamos el dolor de sus familias", dijo al recibir el trabajo realizado por el GIEI.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que participó de manera virtual en la presentación del informe que se hizo en La Paz, sostuvo que “la presentación del informe del GIEI-Bolivia culmina una etapa de trabajo realizado por personas expertas independientes con idoneidad técnica, integridad e imparcialidad”. Asimismo detalló que el grupo “desarrolló sus labores con absoluta autonomía respecto de la propia Comisión y del Estado boliviano”.
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