En un hecho histórico la masacre de Napalpí, ocurrida en julio de 1924, será juzgada en el marco de un "Juicio por la Verdad". La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, aceptó que la causa se tramite de esa manera entendiendo que se tratan de "delitos de lesa humanidad, cuya imprescriptibilidad posibilita que a pesar del tiempo transcurrido se pueda investigar". Durante la masacre fueron baleados y perseguidos más de 1500 integrantes de comunidades Moqoit y Qom por hacer una huelga y protestar por las condiciones de esclavitud en las que vivían. Fallo completo.
El requerimiento de juicio por la verdad fue realizado por la fiscalía semanas atrás argumentando que se trató de "una multitudinaria masacre de relevancia neta, que constituye un delito de lesa humanidad, donde aún permanece latente la vindicta pública” destacando que en este tipo de juicios se "trata de ejercer la memoria colectiva e individual, y que su objeto se agota en la fijación judicial de la verdad".
La jueza hizo lugar a la tramitación de lo que será el primer juicio por la verdad por crímenes del Estado contra la población indígena. "Considero necesario transitar un proceso que establezca la verdad de lo acontecido por su valor simbólico, histórico y humano, buscando la determinación judicial de tales hechos", explicó la jueza en la sentencia que también aceptó al gobierno provincial como querellante y que otorgó un plazo para el Ofrecimiento de Pruebas de las partes de 10 días.
"Existen numerosos antecedentes en nuestro país respecto de procesos de ésta naturaleza, instados ante la imposibilidad de juzgamiento causada por las leyes de amnistía de los delitos cometidos durante la última dictadura militar y con el objetivo principal de establecer la verdad sobre el paradero de las personas desaparecidas en tal contexto", destacó en su sentencia la magistrada.
Para hacer el pedido de juicio por la verdad la fiscalía realizó durante varios años una investigación que incorporó el testimonio de dos sobrevivientes, hoy fallecidos, que son Rosa Grillo y Pedro Balquinta. También se sumaron los testimonios de Meritona Enriquez y Rosa Chara que, aunque no declararon en sede judicial, existían entrevistas audiovisuales realizadas a ellas con anterioridad al inicio de la investigación judicial y a partir del testimonio de sus hijos.
Otro material que también figura en el expediente, de unos ocho cuerpos, tiene que ver con los archivos históricos de la época y archivos de la reducción indígena, del Ministerio del Interior de Nación, un expediente judicial de la época, un periódico que hizo una investigación al año de la masacre, y archivos del Congreso de la Nación. Es que en 1924 diputados socialistas interpelaron al ministro del Interior de esa época. A ello se le suma los trabajos de investigación científica de antropólogos, sociólogos e historiadores que estudiaron los hechos.
"La trascendencia institucional que revisten tales hechos justifica la promoción de una instancia institucional que agote los recursos disponibles para reconstruir los sucesos históricos ocurridos en la denominada “Masacre de Napalpí” en el año 1924", consignó Niremperger en el fallo firmado el pasado 10 de septiembre.
‘Avión contra el levantamiento de indios de Napalpí’. 
La masacre
Las condiciones de vida de las comunidades indígenas en Napalpí en 1924 eran de esclavitud. Los indígenas estaban en huelga por sus condiciones laborales. Es que les daban vales, en lugar de dinero, por su trabajo; sufrían maltratos; y, además, estaban cercados por el propio gobierno provincial. La provincia de Chaco era territorio nacional en ese entonces.
Al iniciarse la protesta, y ante los reclamos de los terratenientes de la zona, el entonces gobernador Francisco Centeno firmó un decreto con el que prohibió la salida de los indígenas de la reducción indígena de "Napalpí". A mediados de julio de ese año, con la huelga firme, comenzó la represión mientras integrantes de las comunidades qom y mocoit esperaban reunirse en el parlamento indígena. En los días previos una avioneta piloteada por policías había pasado por el lugar de la huelga para ver quiénes estaban. Mientras, los medios de comunicación provinciales hablaban de “sublevación indígena”.
“Yo era niña, pero no tan chica, por eso recuerdo. Cuando la reducción, mi abuelo cazaba cualquier bichito para rebuscarse. Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón. Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. Mi abuelo y mi mamá gritaban disparemos, disparemos. No sé por qué mataron a muchos niños y grandes, fue mucho el sufrimiento", contó la sobreviviente Rosa Grillo en 2018 durante su declaración.
“Nosotros disparamos en el monte porque queríamos vivir. Ahí comíamos algarrobo y cualquier fruto de los árboles y tomábamos agua de los cardos. Mi mama me contó que lo mataron a mi papá. No quiero ver que se repita. Duelen estas cosas", dijo.
La represión fue llevada adelante por el Estado Nacional a través de 130 efectivos de la Policía de Territorios Nacionales y Gendarmería quienes no solo asesinaron a los indígenas a tiro de fusil durante una hora sino que después a los que sobrevivieron los asesinaron a machete y balloneta. “Las fuerzas policiales se tuvieron que limitar a incendiar la toldería y a dejar a unos cuantos muertos en el lugar del suceso”, publicó en la edición del 20 de julio de 1924 del diario La Nación. Se calcula que cerca de mil quinientos indígenas fueron asesinados, incluyendo mujeres y niños.
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