El presidente de la Cámara Federal de Córdoba concurrió hoy al Juzgado Federal Nº3, a cargo de Hugo Vaca Narvaja, para prestar declaración indagatoria en una llamativa causa donde fue denunciado por dar a publicidad una resolución en el Centro de Información Judicial (CIJ).
Se trata del juez Ignacio Vélez Funes quien declaró hoy ante la Justicia Federal acusado del delito de violación de secreto e incumplimiento de deberes de funcionario público imputado porque el Centro de Información Judicial publicó una resolución con su firma, donde se nombraba a un imputado cuyo domicilio iba a ser allanado. juez Ignacio Vélez Funes Se trata del juez Ignacio Vélez Funes quien declaró hoy ante la Justicia Federal acusado del delito de violación de secreto e incumplimiento de deberes de funcionario público imputado porque el Centro de Información Judicial publicó una resolución con su firma, donde se nombraba a un imputado cuyo domicilio iba a ser allanado.
Para el fiscal federal Carlos Casas Nóblega eso alertó sobre el operativo y ahora le tomará declaración el juez federal Nº3, Hugo Vaca Narvaja. El camarista dice que actuó conforme a la acordada de la CSJN que estableció criterios sobre la publicidad de las sentencias.
La imputación estuvo a cargo del fiscal Casas Nóblega, a partir de una denuncia del su par de la fiscalía Nº 1, Enrique Senestrari, en el marco la causa por una presunta mega defraudación con facturación apócrifa, en la que uno de los tantos imputados es el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, un economista mediático que fue jefe del instituto técnico de la Fundación Mediterránea y ejerció como consultor del Ministerio de Economía durante el gobierno de Carlos Menem.
También están investigados en total 40 imputados, entre ellos los intendentes de Mendiolaza y Saldán, Daniel Salibi y Cayetano del Valle Canto, que conforman importantes ciudades del extrarradio de Córdoba Capital.
Se trata de una presunta megaestafa que se remonta a 2017, a raíz de datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que reveló el proceder delictivo de una banda que emitía facturas electrónicas apócrifas para evadir impuestos como IVA y Ganancias, robando las claves fiscales de personas humildes que luego se veían afectadas para conseguir trabajos o acceder a planes sociales.
El juez Ignacio Vélez Funes. 
El fiscal apuntó a Vélez Funes porque la publicación en el CIJ de la resolución, donde se resolvió el apartamiento de la causa del juez Federal Nº1, Ricardo Bustos Fierro, divulgaba los datos de uno de los investigados, Gabriel Agustín Céspedes, y pudo haber permitido que este se enterara con antelación de los procedimientos judiciales.
El juez, por su parte, le dijo a Tiempo Judicial que “no he cometido ningún delito en ejercicio de la función judicial” y fundamentó su actuación en “la obligación y deber que me impone la ley 26856, que dispone la publicación integral de resoluciones de las Cámaras nacionales. También cumplí con lo ordenado, en base a esa ley, con la acordada Nº24 del 21 de agosto de 2013 de la CSJN, que reglamenta de la ley y dispone la publicación de sentencia”.
Pero la acusación discute esto, indicando que debe distinguirse entre aquellas causas que contienen actuaciones que deben preservarse por el secreto de sumario. Precisamente, lo que le reprochan a Vélez Funes, es el incumplimiento de los deberes de funcionarios por la violación de secreto.
La defensora oficial Mercedes Crespi fue designada por Vélez Funes para ejercer su defensa. Luego de interiorizarse del contenido del expediente, la asesora letrada dijo que la acusación“es jurídicamente errada”.
Lo cierto es que el debate se torna alambicado porque es la Corte Suprema quien tiene a cargo el CIJ y no la Cámara Federal que emitió la sentencia. En los pasillos de tribunales se habla disputas por la Presidencia de la Cámara, donde el fiscal sería un peón para enturbiar la trayectoria del actual presidente del cuerpo. Casas Nóblega se encuentra subrogando la Fiscalía Nº 2, mientras aguarda que se abra el Tribunal Oral Nº3, donde concursó el cargo.
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