Marcelo Moreno Pérez, 34 años, se desempeñaba en el área de “Hombres Jóvenes” de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de Villa Allende, ciudad ubicada en el extrarradio de Córdoba Capital. Como informó el periodista de Radio Universidad, Dante Leguizamón, que reveló el caso, se trata de un hecho sucedido en 2017.

Pese a que ya existía una denuncia penal tramitándose en la Justicia, las máximas autoridades provinciales de esa iglesia al momento de los hechos propusieron “un arreglo” a la madre por el que “sin reconocer hecho alguno” la propia Iglesia en nombre de Moreno (el presunto violador) se comprometió a pagarle cuatro millones quinientos mil pesos ($ 4.500.000) a la familia de la adolescente.

“A raíz de ello la institución logró, a través de sus máximos referentes provinciales, un acuerdo extrajudicial con los padres de la niña. En el acuerdo la Iglesia negocia en nombre del presunto violador un acuerdo económico a cambio de que nadie hable de lo ocurrido y se esconda la presunta violación”, publicó el sitio cba24n.com.ar

Según Leguizamón, el acuerdo que fue homologado por la justicia civil, tiene dos restricciones importantes: la primera es que la niña y su entorno deben desistir “de iniciar cualquier otra acción contra la iglesia y sus filiales en el mundo;la segunda, que se abstuvieran de divulgar el hecho bajo la amenaza de ser demandados por la iglesia si el mismo trascendía. 

De esta forma, la institución religiosa intentó acallar toda notoriedad pública de la denuncia sobre el hecho.

Al respecto, el fiscal Marcelo Hidalgo con Radio Universidad dio detales sobre la causa: “Las cláusulas son absolutamente de nulidad absoluta e inválidas, se obliga a la familia de la niña a mantener silencio y de liberar de toda responsabilidad a esta Iglesia”.

En tal sentido, señaló que en ese acuerdo de confidencialidad se le prohibía a todo el grupo familiar a declarar, divulgar información y realizar cualquier acción que dañe la imagen de cualquier integrante o de la Iglesia en general.

"No hay cláusula de esta naturaleza que pueda hacerse valer públicamente, son claramente violatorias del derecho más elemental de cualquier persona que es hacer conocer su verdad", aseguró Hidalgo.

En esa línea, expresó que el hecho, tanto el abuso sexual sobre la niña de 14 años como el acuerdo de confidencialidad firmado es "siniestro, deplorable y sórdido" y afirmó que “el convenio que se firmó es casi tan detestable como lo que le pasó a esta niña”.

Sauna interior de la Iglesia Mormona de Córdoba.

Respuesta desde la Iglesia mormona

En un comunicado difundido ayer, la Iglesia intentó despegarse el caso, señalando que “el abuso no se puede tolerar y quienes ejercen abuso son responsables ante Dios y ante los tribunales correspondientes”, al tiempo que dijo haber recibido “una notificación respecto a un reclamo judicial de resarcimiento por vía civil de parte de la familia de la víctima. Por lo tanto, sin estar obligada y respetando la normativa que rige en este fuero, con el acuerdo de los padres de la menor y ella misma, los abogados de la familia y el asesor de menores asignado por el Ministerio Público, se firma y se homologa un acuerdo poniendo fin al requerimiento judicial civil en los términos solicitados por la víctima y su familia”.

También agregó que “la naturaleza del asunto acordado exige principios de confidencialidad habitualmente utilizados que apuntan a preservar la intimidad de todas las partes evitando su revictimización” para justificar el intento instaurar un ‘bozal judicial’ sobre lo sucedido.

No obstante, la institución no logra explicar por qué Moreno siguió hasta el lunes pasado ejerciendo sus actividades de manera normal en la Iglesia, con el riesgo que implica para las y los niños y adolescentes que concurren al lugar.

Además, el fiscal Hidalgo afirmó que cuando la iglesia firmó el acuerdo con la familia, los apoderados recibieron información que el acusado ya había cometido hechos similares en otros espacios de la institución. Hoy se supo que la media hermana de Moreno, de nombre Ludmila, denunció que sufrió abuso del detenido cuando tenía 5 años y el detenido 17.