"Lo dicho lleva a declarar la incompetencia de este Tribunal, para analizar una ley de materia procesal, dictada por la Legislatura de la CABA. Refuerza esta decisión, que una cuestión análoga, referida por el accionante, se encuentra a decisión de la Corte Suprema, la que se sucitó entre la Cámara Nacional en lo Civil y el Superior Tribunal de la CABA, es decir sin intervención del Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal. Por lo expuesto y oído el Sr. Fiscal Federal corresponde declarar mi incompetencia para entender en autos y remitir la presente causa a la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA", sentenció la jueza Cecilia Negre, a cargo del juzgado Contencioso Admninistrativo Federal 8 y da lugar a especulaciones que la causa podría pasar a la Justicia porteña donde justamente el oficialismo de Rodríguez Larreta estaría mucho más cómodo con este expediente iniciado por la agrupación Gente de Derecho que también tiene otro amparo presentado por el CPACF y una acción declarativa de inconstitucionalidad por la Asociación de Magistrados.
Todo indica que estos dos amparos serán tramitados en un terreno más amigable para el jefe de Gobierno porteño, el fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Fue una ley aprobado entre gallos y medianoches en la Legislatura porteña y como contó Tiempo Judicial fue cuestionado por todo el arco judicial nacional desde los abogados, las asociaciones de jueces y fiscales, hasta los gremios.
El amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pidió que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 4 y 7 de la Ley 6452 de la Ciudad de Buenos Aires (B.O. 29/10/21), sancionada por la Legislatura de la Ciudad en su sesión del 30/09/21, que modifican los arts. 26 y 37 de la Ley 402 (Texto consolidado por la Ley 6347), por cuanto comportan una inexcusable violación del orden jurídico constitucional, vulnerando lo dispuesto por los artículos 1, 5, 18, 31, 75, inc. 30 y 129 de la Constitución Nacional,
“La Ciudad no tiene competencia para dictar ese tipo de normas, el Congreso debe hacerlo. Pero tampoco estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión porque creemos que hay un espíritu secesionista porque parece que se quiere tener un país dentro de otro”, dijo Jorge Rizzo, abogado en representación de Awad y autor de la otra presentación que busca detener la aplicación de la ley.
“Es inexplicable que en la carrera prolija que tiene Larreta, que es muy prolijo en su construcción de poder, haya validado una medida inconstitucional desde el punto de vista formal. Es algo que podría haberse resuelto con una ley nacional o a través de la vía jurisprudencial esperando el pronunciamiento de la Corte Suprema”, opinó en declaraciones a la radio Cooperativa AM 770. “Lo que nunca se puede hacer es tratarlo de manera unilateral a través de la Legislatura como ocurrió en este caso”, remató.
Gil Domínguez está de acuerdo en el fondo de la cuestión pero no en la forma. “La Justicia tiene que ser transferida, no hay dudas. Pero hay que saber que la Justicia provincial de Córdoba es pagada por los ciudadanos cordobeses y la de La Pampa por los pampeanos, no así en la Ciudad de Buenos Aires, que la pagan todos los argentinos”, dijo.
A pesar de las opiniones, la última palabra la tiene la Corte Suprema, que tras pedirle la opinión a Casal debe sentar su postura en torno al tema y lo más probable es que eso ocurra después de las elecciones.
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