El jueves pasado se realizó una audiencia para revisar los montos de las condenas donde las querellas pidieron celeridad a los jueces mientras que las defensas volvieron a insistir en la prescripción de la causa.
En aquel momento el Tribunal Oral Federal 6 impuso una pena de 4 años y 3 meses de prisión para el entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov, funcionario político a cargo de las fuerzas de seguridad federales; 3 años y 6 meses de prisión para Rubén Santos, quien era el comisario a cargo de la PFA; y 3 años de prisión en suspenso para Norberto Gaudiero, comisario a cargo de las operaciones de la PFA. En 2020 la Cámara Federal de Casación penal confirmó las condenas, pero ordenó revisar el monto de las penas
Tras una audiencia suspendida, que había sido pautada para el pasado 14 de octubre, finalmente el jueves 4 de noviembre se realizó la audiencia. Allí la sala I de la Casación Federal escuchó los argumentos de las partes. El poder judicial todavía no pudo determinar quiénes fueron los policías federales que mataron a Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón en la zona de Plaza de Mayo.
"Lo que planteamos es que las penas fijadas actualmente a los imputados son objetivamente bajas en función de la gravedad de los hechos y la magnitud de los daños que causaron", explicó a Tiempo Judicial el abogado querellante Rodrigo Borda quien agregó que "no hay margen para una mayor reducción de las penas y estamos cerca del vigésimo aniversario de los hechos y ya ha pasado tiempo más que suficiente para que la justicia dicte una sentencia definitiva"
En tanto, las defensas de los acusados a manos de, entre otros, Jorge Valerga Araoz, planteó que "por el paso del tiempo la causa tiene que ser declarada prescripta". En tanto que la defensa de Ruben Santos, dijo que el ex policía sufrió la pena natural, puesto que hace veinte años que está sometido a proceso y que eso sería un "castigo suficiente".
"Ellos plantearon muchas veces la prescripción, este mismo tribunal ya dijo en dos oportunidades que la prescripción está suspendida" puesto que "mientras alguno de los involucrados continúe en función publica la prescripción se suspende para el resto", contó Borda y agregó que "la defensa lo sabe, pero vuelven a insistir para dilatar el trámite del proceso"
"Se trata de idas y vueltas, trámites y audiencias, que se suman hasta llegar a estos 20 años de la represión sin una respuesta judicial plena y con un inmenso desgaste para les familiares, organizaciones y amigues que sostuvieron el proceso durante todo este tiempo", explicaron desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS).
Después de la audiencia de ayer los jueces de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal tienen 20 días para resolver según lo que consigna el Código Procesal. Los retrasos y lentitudes marcados por las querellas, se suman a todos los errores cometidos en la etapa de instrucción y que fueron marcados precisamente en la condena dictada en 2016 por el TOF 6.
"Tanto el TOF 6 y la sala I de Casación, enfatizaron que el plazo de este proceso se ha dilatado por las maniobras dilatorias de las defensas sobre todo de Mathov", recordó Borda advirtiendo que la Justicia no les puso un límite: "el juico tuvo muchos problemas, la justicia se lo permite y tiene un actuar moroso e ineficaz", sentenció.
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