Hace unos días la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decidió anular una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad Lof Che Buenuleo de Río Negro. El INAI irá a la Corte Suprema para validar la resolución que cumple con la legislación vigente. En la causa la Justicia no le dio participación a la comunidad.
El fallo de la Justicia Federal llegó después de que una persona que se autoproclama dueño de esas tierras presentara un amparo. Los jueces entendieron que el organismo, al firmar la Resolución 90/20, cometió “vicio grave en uno de sus elementos esenciales" porque afectaría "con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta el derecho de defensa del actor".
“Es una sentencia que no se ajusta a derecho porque lo que establece esta sentencia es que la resolución es nula porque no se le dio participación a un tercero y la ley 26.160 no prevé esto”, explicó a Tiempo Judicial el abogado de la comunidad Matias Schraer y agregó que “el INAI cumplió con todos los pasos que dice la ley” que es “hacer el relevamiento”.
La Ley 26.160 declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y suspende los desalojos mientras se realiza un relevamiento de las comunidades del país. Un punto clave de la norma es que ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades Indígenas, que es lo que realizó el organismo nacional.
“Sería bloquear la ley 26.160 y darle intervención a un tercero” explica Schraer advirtiendo que “todos los relevamientos que se hicieron serian nulos si se siguiera este criterio”. "No es posible tolerar un fallo regresivo que violente el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT”, dijo Magdalena Odarda, titular del INAI, al comunicar que irán a la Corte Suprema para que se dé vuelta la sentencia.
El fallo de la Cámara Contencioso Administrativa aunque explica que el Estado debe asegurara a las comunidades indígenas “el pleno goce, posesión y propiedad de las tierras que tradicional e históricamente ocuparon” debe resguardar el derecho de defensa "de los individuos cuyos intereses legítimos pueden verse directamente afectados por las medidas adoptadas”. Pero un detalle no menor es que en la causa la Justicia no le dio participación a la comunidad.
El abogado de la comunidad también sostiene que los relevamientos son “una herramienta de paz social” ya que “si no se concretan los relevamientos vamos a estar lejos de la paz social”. Por estas horas la comunidad estudia pedir también la nulidad de la causa. Hay que recordar que el relevamiento comenzó en 2010 y recién en 2020 se firmó la resolución que ahora la justicia intenta desconocer.
Una comunidad perseguida y violentada
El lof che Buenuleo actualmente vive custodiada y vive con dos guardias policiales permanentes por los hechos de violencia que sufrió y que derivaron en una medida cautelar en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó al Estado Argentino proteger a la comunidad.
Es que en abril de 2020 en plena pandemia Emilio Friedrich, quién se proclama dueño de las tierras, ingresó a la comunidad acompañada de cuatro hombres que agredieron a la comunidad amenazando e hiriendo a dos integrantes de la misma. Después vinieron los pedidos y la medida cautelar del organismo internacional a favor de la comunidad. Ramiro Buenuleo, integrante del Lof Mapuche fue herido de arma blanca, con varios cortes.
Friedrich obtuvo una sesión de compra venta con un boleto presuntamente firmado por Antonio Buenuleo. Hoy fallecido, Antonio fue a la justicia a decir que esa no era su firma. Esta compra, que desde la comunidad consideran fraudulenta, tiene como contraparte a una persona llamada Claudio Thieck, quien sería el otro firmante.
Una ley en espera de prórroga
Por estos días está en manos de los diputados nacionales prorrogar por otros cuatro años la Ley 26.160. A fines de octubre obtuvo media sanción del Senado y el próximo 17 de noviembre será tratada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja. Su vencimiento es el próximo 23 de noviembre y es por ello que las comunidades están exigiendo su prórroga.
En Argentina existen más de 40 Pueblos Naciones Originarias con más de 2.000 comunidades que mantienen vivas más de 16 lenguas ancestrales. A la fecha menos de la mitad de las Comunidades han sido relevadas por la ley; aunque los mayores avances en el relevamiento se dieron durante las dos primeras prórrogas cuando había un presupuesto pertinente para ello.
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