Con la firma del presidente de la Nación, y de todos los ministros del gabinete nacional, este jueves se prorrogó por cuatro años la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena que frena los desalojos a las comunidades hasta tanto se realicen los relevamientos de las comunidades del país. La norma tuvo media sanción en el Senado a fines de octubre pero no se alcanzaban los acuerdos para ser sancionada en la Cámara de Diputados.
El decreto 805/2021 fue publicado este jueves en el Boletín Oficial y prorroga la Ley que vencía el 23 próximo por cuatro años más. En lo esencial se prorrogan los artículos 1 y 2 de la Ley que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras. “La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”, sostiene la ley que ahora regirá hasta 2025.
Tiempo Judicial consultó a la docente de la UBA especialista en derechos indígenas, Silvina Ramírez, quien explicó que “lo ideal y lo deseable hubiera sido que saliera la prórroga por Ley” pero “dado que la Ley vence la semana que viene, el 23, y que si vence y no se discute a tiempo las comunidades indígenas quedan en una situación de fragilidad notable y expuestas, no había otra solución que sacar un decreto”.
“Espero que se discuta y salga por ley eventualmente, y que si se termina de discutir en diputados el decreto ya no tendría razón de ser” pero “en este escenario es lo que hay”, insistió la especialista que concluyó “prefiero que salga por decreto a que queden las comunidades expuestas las semana que viene porque pierde vigencia la ley”.
Un punto que ya comenzó a circular es la posibilidad que desde la oposición parlamentaria al actual gobierno nacional utilicen la vía judicial para intentar frenar este decreto. No sería la primera vez que se intenta una embestida contra esta ley.
El decreto dispone un presupuesto de 290 millones de pesos, para los 4 años de prórroga, destinados a la atención del Fondo Especial creado por el artículo 4 de la Ley 26160. Además el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) presentará, a partir de 2022, y antes del 30 de noviembre de cada año, ante el Congreso de la Nación, un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento.
“Ante un universo de 1.760 comunidades indígenas identificadas a la fecha, el INAI ha finalizado el proceso de relevamiento 746 comunidades indígenas”, explican en el decreto en sus considerandos.
Actualmente hay una sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que declaró nula una resolución del INAI en la que se reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad Lof Che Buenuleo de Río Negro. En un caso que seguramente llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La prórroga de la Ley 26.160 tenía media sanción de la cámara alta que se consiguió a fines de octubre pasado. Sin embargo en la cámara de Diputados su tratamiento se vio frenado por el actual contexto en el que medios de comunicación se encuentran en plena estigmatización de las comunidades originarias y legisladores de la oposición responden a ello trabando el tratamiento de la iniciativa.
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