La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Brasil y lo consideró "responsable internacionalmente" por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley. Es que allí se aplicó indebidamente la inmunidad parlamentaria en beneficio del principal responsable del homicidio de Márcia Barbosa de Souza.
En la sentencia firmada en septiembre pasado, aunque comunicada en los últimos días, Brasil fue considerado también responsable por "la falta de debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre dicho delito; el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones, y por la violación del plazo razonable, así como la violación al derecho a la integridad personal" de la familia de Márcia Barbosa.
Márcia era una estudiante afrodescendiente de 20 años de edad que vivía en la ciudad de Cajazeiras, en el noreste de Brasil. Vivía con su padre y hermana, y a unas cuadras vivía su madre. En la noche del 17 de junio de 1998 se encontró en un motel con el entonces diputado estatal de Paraíba, Aércio Pereira de Lima. Se encontraron a las 19 horas en el Motel Trevo, donde se realizó una llamada del celular que utilizaba Pereira de Lima a un número de teléfono de Cajazeiras. Durante la llamada, Márcia conversó con varias personas y una de ellas incluso habló con el parlamentario.
Al otro día, el 18, una persona vio que alguien tiraba el cuerpo de una persona desde un vehículo a un terreno baldío en el Altiplano Cabo Branco, cerca de la ciudad de João Pessoa, en el estado de Paraíba. Ese cuerpo sería identificado como el de Márcia. La autopsia concluiría que la joven había sido asfixiada y golpeada. Además de Pereira de Lima, quien tenía en su poder el auto usado para el crimen, fueron imputadas otras cuatro personas por el asesinato.
La investigación se inició formalmente el 19 de junio de ese año pero la inmunidad parlamentaria de la que gozaba el diputado estatal, principal sospechoso del hecho, complicó la investigación. Se solicitó en dos ocasiones distintas a la Asamblea Legislativa de Paraíba autorizaciones para iniciar la acción penal en su contra, las cuales fueron rechazadas, indicó la Corte Interamericana.
Recién en 2003 se pudo iniciar la investigación contra Pereira. Es que hubieron modificaciones constitucionales y la pérdida del fuero del entonces diputado. En 2007 fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de homicidio y ocultación del cadáver. Pereira apeló esa sentencia, pero murió antes de que dicho recurso fuera examinado.
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