Los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Mar del Plata, dejaron en libertad en el 2018 a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, los imputados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, ocurrido en 2016.

“Negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta” es la carátula que pesó sobre estos jueces el pasado jueves 23 de noviembre, fecha en la que comenzó el jury que los dejó suspendidos para ser sometidos a este juicio político, tras una decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Además, se les redujo su sueldo un 40%.

En el 2020, la Sala IV de Casación Penal bonaerense revocó el fallo de Gómez Urso y Viñas, quienes fueron denunciados y se constituyó el jury de Enjuiciamiento.

“Se aproxima el juicio político, votado por el jurado de forma unánime”, contó a Tiempo Judicial la madre de Lucía Pérez, Marta Montero. Y agregó: “Luego de esta nueva audiencia que tuvimos el 23 tenemos que tener otra para ver cómo continúa el tema del jury. Por el momento, sólo tenemos esto”.

Según la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires, “dan cuenta las denuncias de manera concordante que la niña fue drogada, abusada sexualmente y asesinada, por lo que la sentencia dictada, lejos de ajustarse a derecho evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio, de lo que demuestra con supina claridad la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores".

Los jueces “negaron una situación de vulnerabilidad dentro del contexto de género y que (Lucía) fuera cosificada para satisfacer sus deseos”, subraya el documento, y cuestiona que el TOC 1 se dedicó a “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, como su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados y, a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense llama a un nuevo juicio para juzgar, de nuevo, a los tres imputados del abuso sexual y asesinato de la adolescente. Sin embargo, no hay aún una fecha establecida. La mamá de Lucía insiste con que sea “ya”.

Al respecto, Marta comentó que “ya se presentó toda la prueba que había que presentar”. “Ya estamos en condiciones de pedir una nueva fecha de juicio, y estamos pidiendo que sea ya. Esto no se puede demorar más, ya pasaron 5 años en los que Lucía no tiene justicia, se siguen vulnerando sus derechos. Es vergonzoso”, sentenció Montero.

La madre de la víctima se ha mostrado inconforme y ofuscada con el accionar de la Justicia, quien luego de 5 años sigue pululando entre tribunales y luchando para que finalmente haya justicia para Lucía: “Lamentablemente el Estado no ha estado a la altura de la circunstancia de la situación respecto a los tratados internacionales y leyes que amparan a los niños y mujeres de nuestra Nación ante todo tipo de violencia”.

Y, haciendo referencia a este fallo misógino que responde a una lógica machista ignorando a todas las leyes contra la violencia sexual, alejado de toda perspectiva de género, Montero adhirió: “Lucía ha sido el caso más escandaloso que se ha visto y se ha tratado disparatadamente sin ningún problema. Es muy duro para una Nación que no acata tratados internacionalmente”.

“Lo que nosotros pasamos como familia y que aún padecemos, en ir a una fecha de juicio, pedir una nueva fecha, a pedir, y pedir, y exigir como familia. Esto es vulnerar también nuestros derechos como familia. No se los escucha ni respeta”, sentenció.

Ahora, los jueces del Tribunal N° 2 que han sido designados para llevar la causa son Roberto Falcone, Alexis Leonel Simaz y Gustavo Raúl Fissore. En tanto, el fiscal a cargo será Leandro Arévalo.