Pese a la duda que aún plantean por lo bajo algunos sectores de magistrados y abogados están dispuestos a cumplir los plazos impuestos por la Corte Suprema, en público varios sectores se pusieron a disposición para realizar los comicios pero cuestionaron los 120 días que el fallo otorgó a los sectores técnicos para realizaron elecciones para cubrir los cargos faltantes en el Consejo o para que el Congreso dicte una nueva ley. Esta última ley es la opción más coherente y tendría que aprobarse y reglamentarse antes del 15 de abril.
Según fuentes judiciales y como contó Tiempo Judicial, varios estamentos técnicos ya presentaron cartas al Consejo de la Magistratura de la Nación sobre la postura de cada una de las asociaciones que deben apurar las elecciones. Ya sea los dos sectores de los abogados, por la Capital Federal y por el interior del país que deben elegir dos miembros, el mundo académico que debe sumar uno o una integrante y los magistrados que también sumarán una integrante respetando la perspectiva de género.
En este sentido, el Consejo pidió expresamente a las cámaras de senadores y diputados, y al mismo presidente que habilite sesiones extraordinarias para sancionar una nueva ley referida al Consejo. Esa ley podría ser un proyecto del oficialismo que actualiza sólo en tres integrantes la actual conformación.
En sendos oficios emitidos al Poder Ejecutivo y a las dos cámaras del Poder Legislativo con fecha del 29 de diciembre, Molea fundamentó su pedido en el "exiguo lapso que resta hasta la expiración del plazo de 120 días dispuesto por la referida resolución judicial para procurar la integración completa de este cuerpo en los términos de la ley 24.937, y la posibilidad que vencido ese término sin lograrse la composición plena, pueda generarse una paralización de las actividades".
La postura de los estamentos técnicos
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), presidido por Rodolfo Tecchi, envió una nota al Consejo en la cual planteó dudas pese a que debe sumar un integrante a la nueva composición dispuesta por la CSJN: “La tarea ordenada por parte del Máximo Tribunal resulta de difícil -por no decir imposible- cumplimiento en los plazos estipulados”, sostuvo el CIN que nuclea 57 universidades nacionales.
Por su parte, la comisión directiva de la Asociación de Magistrados, presidida por el juez Marcelo Gallo Tagle, aprobó realizar las elecciones del integrante faltante y no tomar el resultado electoral de las elecciones realizadas en 2018.
En este sentido, la AMFJN comunicó que “las elecciones podrían desarrollarse la semana previa en la cual debería asumir el nuevo consejero o consejera y que esta vacante debe ser cubierta por un juez de primera instancia de la Capital Federal preferentemente mujer en consonancia por las propuestas realizadas por AMJA y ABOFEM”.
Por su parte, la FACA que elige un representante de la abogacía del interior del país expresó en una carta al Consejo que “se debe convocar inexorablemente a un acto eleccionario dentro de los plazos previstos por el Superior Tribunal”. Y que no dejan de considerar que “el muy acotado margen de tiempo que se dispone para el dictado de un nuevo reglamento de carácter transitorio como así la organización y el cumplimiento de un calendario electoral con plazo abreviados”.
Por último, y con más críticas que consensos, el CPACF cuestionó el plazo de 120 días que impuso la Corte para completar la integración de los dos abogados o abogadas que deben integrar el nuevo Consejo de 20 integrantes y la exhortación del Máximo Tribunal al Congreso a dictar una nueva ley.
En este plazo que los abogados creen “incomprensible que se haya dispuesto un plazo tan breve para que los tres estamentos llamen a elecciones. No se ha reparado que nos encontramos a fin del año laboral y en vísperas de la feria judicial, por lo cual en sólo dos meses habría que convocar a elecciones y celebrar el acto eleccionario”.
En este lapso, la CSJN ordenó que los abogados, los jueces y los académicos convoquen a elecciones inmediatas y asuman los nuevos cargos antes del 16 de abril de 2022, sólo hasta completar el actual período que vence en diciembre de 2022. De no cumplir con ese cronograma al 16 de abril de 2022, los actos o decisiones que pudiera emitir el Consejo de la Magistratura con posterioridad serían nulos.
“Además, en el segundo semestre de 2022, deberían celebrarse nuevas elecciones para renovar todo el cuerpo del Consejo generando otra vez una total confusión por cuanto, al menos en el estamento de la Abogacía, sería la cuarta en seis meses (la que se ordena, la del CPACF o colegios provinciales, otra vez Consejo Nación y finalmente el del Consejo de la Ciudad)”, expresaron desde el CPACF.
Tras las críticas, este fin de semana, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, salió a hablar y explicó que “es un plazo razonable porque la Corte dice que hay un espacio de tiempo para que el Congreso decrete otra ley y si no se sanciona la norma nueva, vamos a la otra norma que había sancionado el Congreso antes del 2006 y que contemplaba el equilibrio”, dijo el ministro sobre el plazo de 120 días que definió el máximo tribunal para que el Congreso apruebe una nueva ley o se elijan a los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura antes de 15 de abril.
Anexo-Oficio-Presidente-CMN-29.12.21-
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