La movilización tendrá las consignas de repudio al desempeño de la Corte y sus miembros, el reclamo contra la impunidad por distintas causas y el fin del llamado "lawfare" para jugadas de índole político.
Primero con una concentración en el Obelisco desde las 16 y luego con una marcha a las 18 hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la histórica Plaza Lavalle, en Capital Federal frente al Palacio de Tribunales, diferentes organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial reclamaron cambios, contra el "lawfare" y reclamaron la “Democratización de la Justicia”.
La convocatoria, organizada entre otros por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29, Juan María Ramos Padilla, padre del juez federal Alejo Ramos Padilla, contará además con la convocatoria del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.
También, confirmaron su asistencia el titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; del co-secretario general de la CGT y dirigente camionero, Pablo Moyano; y del dirigente social Luis D'Elia. Otros de los organismos que participaran son Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH).
El único orador Ramos Padilla dijo que la marcha será "histórica" para que "se transforme en un servicio de justicia" y finalice la "protección a intereses que no son los propios de los argentinos".
¿Qué dijo el Gobierno y la oposición sobre la convocatoria?
Por su parte, bajo la línea política de Juntos por el Cambio y a través de un comunicado emitido este fin de semana, distintos dirigentes mostraron su rechazo a la movilización. “Es un acto de suma gravedad institucional y otro paso más en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos”, enfatizó el comunicado.
En esa línea, acusó directamente al Gobierno nacional y consideraron que “siempre estuvo centrado en los jueces o tribunales en los que se tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia Vicepresidente de la República”.
“Se intentó incrementar de un modo absurdo e inconstitucional el número de tribunales penales federales de la Capital, se nombró un Consejo Consultivo para que analizara, entre otras cosas, cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema y el número de sus integrantes, se trató de modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal para designar un Procurador General afín y para amedrentar a los fiscales con el riesgo de la remoción”, remarcó.
En tanto, Gabriela Cerrutti, portavoz de la Presidencia, expresó en conferencia de prensa que el Gobierno "no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social”, y destacó que dicho acto “forma parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno".
Asimismo, reconoció que "la postura del Gobierno respecto de la Corte Suprema, y de la tardanza de la Justicia, así como a la arbitrariedad con la que algunos casos se resuelven más rápido que otros, y respecto de la falta de justicia en general, es bien conocida".
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