En la apertura legislativa, el presidente Alberto Fernández tuvo pocas pero duras referencias hacia el Poder Judicial. Vinculó a la Corte Suprema con el poder económico, pidió una reforma “integral” de la justicia federal y de los servicios de inteligencia, así como cargó contra la deuda tomada por Macri con el FMI lo que generó que la oposición se retirara del recinto.
La primera referencia al Poder Judicial del presidente Alberto Fernández recién llegó a la media hora del discurso cuando recordó que inició a través del Decreto 8/2021 la querella contra ex funcionarios del gobierno de Cambiemos y contra el ex presidente Mauricio Macri por la deuda contraída con el FMI.
“Instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”, expresó Fernández. Esta causa no tiene avances significativos y está siendo investigada por el fiscal Franco Picardi y la jueza María Eugenia Capuchetti.
Contra la Corte por su complicidad con los grupos económicos
Previo a criticar la falta de sanción de la Reforma Judicial impulsada previo a la pandemia en 2020, explicó que hubo complicidad del Poder Judicial, con los grupos económicos que judicializaron el frente a los aumentos de los servicios de telecomunicaciones en la pandemia dispuesto por el Gobierno. Las causas recayeron en el fuero Contencioso Administrativo Federal y las cautelares están en la CSJN hace un año.
“A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario. Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico. Necesitamos una Reforma integral del sistema de administración de justicia federal”, cargó el presidente contra la Corte Suprema de Justicia.
Y agregó: “Déjenme hacer una observación. En el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital”.
“La conformación y el funcionamiento de la Corte Suprema debe ser objeto de análisis en este proceso legislativo”, agregó el presidente en su discurso con duras críticas a los cuatro ministros presentes en el Congreso.
Consejo y Reforma Judicial cajoneada
El presidente anunció el envío de la reforma del Consejo de la Magistratura al Congreso, que está convulsionado tras el fallo de la Corte Suprema así como enviará una reforma a la ley de Inteligencia realizado por la ex fiscala y actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
En este sentido, Fernández criticó el proyecto de ley de Reforma Judicial que presentó el Gobierno Nacional en plena cuarentena de Covid-19 y que perdió estado parlamentario sólo fue aprobado por el Senado. En este sentido, pidió un “Poder Judicial que recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos”.
Y lo ligó con críticas a la oposición y sus vínculos con algunos fiscales y jueces de Comodoro Py: “Lamentablemente, el proyecto de Ley de Reforma Judicial que envié en 2020 que fue aprobado por el Senado ahora ha perdido estado parlamentario. Lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave. Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia delos tribunales afincados en Comodoro Py”.
Narcotráfico y vacantes
Fernández admitió el “muy serio problema de la inseguridad”, dijo que “luchamos de manera implacable contra el narcotráfico y el contrabando. Priorizamos la lucha contra el crimen organizado y entendemos a la seguridad democrática como un derecho de los argentinos y argentinas. No hay modo de combatir al crimen organizado sin un sistema judicial eficiente”.
Vinculando con la Reforma Judicial, dijo que ese proyecto de Ley, además, se “creaba el juzgado federal y una fiscalía en San Lorenzo y la Cámara Federal de Apelaciones Rosario, instrumentos jurídicos indispensables en la lucha contra el narcotráfico”. También ese proyecto establecía la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. No se debería demorar más tiempo en tomar decisiones tan fundamentales. En este sentido, la cámara que hoy funciona en Rosario espera también la cobertura de sus vacantes efectivas más allá de un posible nuevo tribunal.
Están vacantes dos cargos en la Cámara Federal de Rosario, tres cargos de jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2 de Rosario y un cargo de juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe.
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