Ser homónimo de un delincuente que “copó” una comisaría de San Justo para liberar un detenido fue su perdición. La investigación lo apuntó con el dedo acusado como “perejil” y Sebastián Ariel Rodríguez fue condenado a 50 años de prisión por participar en 2018 del asalto a la seccional policial donde una mujer policía recibió dos disparos y quedó parapléjica.
Sebastián Ariel Rodríguez era un linyera que vivía en los autos al costado de la Autopista Ricchieri cuando testigo lo señaló como participante de la toma de la comisaría que el 30 de abril de 2018 simularon ser policías, irrumpieron en la comisaría a sangre y fuego para rescatar a Leandro David Aranda, un presunto narcotraficante detenido por homicidio en la comisaría distrital Noroeste 1a de San Justo.
Ese día un grupo armado y con uniformes policiales entró a liberarlos. Al entrar a la seccional uno de los que irrumpió le disparó a la sargento Rocío Villarreal. Durante su internación, la policía Rocío Villarreal recibió la visita del entonces presidente Mauricio Macri, la primera dama, Juliana Awada, y la gobernadora bonaerenses, María Eugenia Vidal. Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la provincia en aquellos tiempos, dio una conferencia de prensa hablando sobre las detenciones.
Sebastián Rodríguez condenado está por cumplir su cuarto año en el pabellón 3 de la Unidad 24 de Florencio Varela. El Tribunal de Casación Bonaerense recibió este martes el expediente y deberá resolver la apelación presentada por la defensa a cargo de los abogados penalistas Fernando Sicilia e Iván Koffman.
Tanto el CELS, como INNOCENCE PROYECT ARGENTINA, reconocidos organismos que luchan contra las condenas erróneas, se han sumado a la petición para que se determine la INOCENCIA de Sebastián Ariel Rodríguez. que ya obtuvo la absolución en la Corte Suprema de Fernando Carrera, condenado injustamente por el episodio conocido como “la masacre de Pompeya” y de Cristina Vázquez, que fue absuelta en 2020 luego de diez años privada de su libertad.
“Un ejercicio serio y eficiente de la administración de justicia debiera aspirar a construir, sostener y presentar casos fuertes y sólidos en términos probatorios, que lleven a los verdaderos responsables de los delitos. Como contrapartida de esto, debieran preocuparse por evitar que personas inocentes deban cargar con consecuencias irreparables para sus vidas derivadas de investigaciones deficientes”, aseguró Fernando Sicilia a Tiempo Judicial y agregó que estas “formas de intervención provocan la criminalización y prisionización de personas inocentes en función de meros indicios cuyo origen u obtención no es clara y sobre los cuales no se puede construir una teoría acusatoria sólida, coherente y que se respalde en prueba precisa”.
Según fuentes con acceso al expediente, Aranda dijo que no lo había visto nunca, e incluso el “D´Angelo (quien dijo ser apuntado con un arma y obligado a manejar el auto con el que irían a rescatar a Aranda por Sebastián Rodríguez) dijo que jamás vio en su vida al que estaba siendo juzgado, que no era el”.
También había cámaras en los bancos de enfrente de la parada del colectivo donde se encontraba la persona que supuestamente lo reconoció. Y nadie las pidió. La prueba en su contra se presentó “espontáneamente” en la comisaría el día del hecho, hizo un identikit que nada tiene que ver con quien luego reconoció. Este reconocimiento fue realizado más de 3 meses después de detenido el “linyera”, es decir el Rodríguez preso, y llamativamente el testigo dijo que había 5 personas en la rueda (cuando en realidad había 4), que todas las personas eran muy diferentes entre sí y que él se tomó el colectivo 30 minutos antes del hecho. Nadie llamó a los testigos que así lo acreditaban. No tenía vínculo alguno con los otros imputados. El condenado vivía en la calle, y además era adicto al paco y usa una bolsa de colostomía.
Sobre los audios secuestrados del teléfono de Aranda, según consta en el expediente, se demuestra que la voz del NN “seba” es absolutamente distinta a la del condenado Sebastián Rodríguez. Es más, la DDI de La Matanza que intervino en la investigación, secuestró una gorra con pelos, pero la defensa cuestiona al Poder Judicial porque “absolutamente nadie quiere hacer la pericia de ADN que desvincularía totalmente al linyera condenado a muerte”.
"Mi defendido es un homónimo de la persona que buscaban. Durante el juicio escuchamos los audios de los dos Rodríguez. Las voces son muy distintas. Al otro Rodríguez le dicen 'Uruguayo'. Mi defendido es argentino", explicó Sicilia.
“Les caí como anillo al dedo en un caso muy mediático”
Rodríguez en diálogo con Clarín desde el penal de Varela aseguró: "La Policía tenía presión política. Los jueces también. La sentencia ya estaba escrita antes del juicio. El día que nos condenaron estuvo Sergio Berni, el actual ministro de Seguridad. En todo este tiempo que llevo preso se murió mi hermano y no lo pude despedir. Nació mi nieto y sigo sin conocerlo. Soy fuerte y no demuestro lo que me pasa por dentro. Pero estoy muy mal. Otro persona en mi lugar se hubiese ahorcado. Pero Dios es justo; creo en él. Necesito la oportunidad de defenderme", concluye angustiado.
"Los policías de la DDI sabían bien a qué Rodríguez buscaban. Pero les caí como anillo al dedo: tengo el mismo nombre y antecedentes penales. Fue un caso muy mediático, se volvió político y necesitaban mostrar capacidad. Pero se equivocaron: creyeron que como vivía en la calle no tenía a nadie. Mi familia se movió por mí. Me pusieron un abogado, me visitan y la estamos luchando juntos, para que se sepa la verdad. No es justo que me muera en la cárcel", expresó con desazón a la espera que la Sala 1 de Casación bonaerense revise la apelación realizada por su defensa este 15 de marzo.
Sobre este tipo de casos, el CELS expresó que “desde hace varios años, constatamos que una práctica abusiva de las fuerzas de seguridad que se repite con alarmante frecuencia es el armado o fraguado de causas, la que suele afectar a personas de bajos recursos, desocupadas y en algunos casos hasta menores de edad, con o sin antecedentes penales. En este sentido, centramos nuestro análisis en aquellos procesos penales en los que se registran deficiencias en la investigación, lo que posibilita la errónea (o arbitraria) imputación de un delito a una persona que es, en realidad, inocente”.
Otros casos de perejiles e injusticias
La Sala I de la Casación Bonaerense absolvió a un hombre condenado en el año 2010 por un homicidio en ocasión de robo cometido en el partido de Moreno, luego de que se cuestionara la forma en que se dirigió la investigación y se recolectara la prueba. La causa, que aún debe volver a primera instancia por la posible prescripción de la acción contra otro de los condenados, contó con la participación de la Asociación “Pensamiento Penal” y a la ONG “Innocent Project Argentina” como amicus curiae.
En diciembre de 2010 el Tribunal Oral Criminal n°1 de Mercedes condenó a Alberto Martín Muñoz a la pena de prisión perpetua por robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae. En el mismo proceso, también fue condenado Oscar Luis Calderón a 4 años y 6 meses de prisión como coautor de los delitos de robo calificado por el uso de arma no apta para disparo y por ser cometido en poblado y en banda, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas.
Tales hechos tuvieron lugar el 14 de junio de 2008 cuando cuatro hombres ingresaron a un local comercial en el partido de Moreno tomando el dinero de la caja registradora y habiendo, uno de ellos, disparado en reiteradas oportunidades contra la víctima fatal Juan Carlos Miranda. Y hay otros casos más como este tweet que muestran la ineficacia policial y judicial.
Cristina Vázquez
El caso comenzó el 27 de julio de 2001, cuando la jubilada del Poder Judicial de Misiones fue asesinada a golpes en la cabeza, presuntamente con un martillo, en su casa de Posadas. La empleada doméstica la encontró al día siguiente en el lavadero y se determinó que de la vivienda habían robado dinero y joyas, pero no se hallaron testigos para esclarecer el hecho. No obstante, en 2002 fueron presas ambas mujeres, luego liberadas y detenidas otra vez en 2008; finalmente en 2010 recibieron prisión perpetua por “homicidio calificado criminis causa”.
El fallo fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, pero fue apelado a la Corte Suprema que, en 2016, ordenó revisarlo integralmente. Como eso no se hizo, volvió al máximo tribunal que la absolvió en 2019. Su trágico final ocurrió un año después.
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