Este jueves se realizó la primera de las dos jornadas de audiencia pública que la Corte Suprema de Justicia de la Nación realiza para analizar el “derecho al olvido” en internet. El expediente se inició por la presentación de la modelo y empresaria Natalia Denegri donde exige que Google borre la desindexación de los motores de búsqueda para que no se llegue a contenidos de televisión y fotos protagonizados por ella en la década del 90. Este jueves fue el turno de los “amigos del tribunal”, distintas organizaciones y especialistas que dan su opinión sobre el caso frente a los magistrados.
El encargado de abrir la jornada fue el actual presidente del tribunal Horacio Rosatti que tras una breve presentación del expediente, y explicar las razones de la presentación de los “amigos del tribunal”, dio la palabra a las organizaciones. “Todas las presentaciones de los amigos del tribunal serán incorporadas al expediente y valoradas por esta corte”, aclaró el magistrado pidiéndoles que usen un lenguaje claro para que sea “comprensible y asequible para todos”.
Maria Rosa Muiños, actual defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, fue la primera en hablar de las doce presentaciones que hubo este jueves. Cada uno de ellos tuvo 8 minutos para exponer su mirada sobre el expediente. “Bajo el entramado normativo de habeas data que corresponde dar solución al presente caso”, dijo Muiños explicando que “los intermediarios son los grande ordenadores de la información que condensa internet”.
“La web es parte de nuestra vida y allí deben aplicarse las reglas vigentes” dijo la defensora y contó como por ejemplo “el caso de personas denunciadas por una contravención y luego absueltas que tienen dificultad para conseguir empleo porque sus datos continúan apareciendo en la red sin actualizar” o el caso de “personas que optando por un cambio de género siguen figurando con la identidad anterior”. “El retiro de información no consentida y sensible por motivos de género debe ser una prioridad”, señaló.
Por su parte el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) también expuso su opinión a través de su director de litigio y defensa legal Diego Morales quien hizo hincapié en la libertad de expresión y dijo que “las eventuales restricciones legítimas a su ejercicio son de carácter excepcional y deben ser interpretadas en forma restrictiva”.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) también formo parte de la audiencia Carlos Laplacette fue el encargado de dar la postura y señaló que la “desindexación que se plantea en la sentencia no deja de constituir una barrera a la búsqueda y difusión de información” ya que “googlear información es la herramienta principal del desempeño de un montón de profesiones, entre ellas el periodismo”.
Por eso, explicó el representante de ADEPA, “limitar el flujo de información disponible o las formas de acceder a esa información a través de los buscadores es una forma de limitar la información disponible para el público en general y una forma de limitar los carriles de difusión de esa información”.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez también expuso este jueves y destacó que es necesario diferenciar entre “aquellos contenidos digitales que se vinculan directamente al interés público relevante que produjo el caso Coppola, de aquellos contenidos digitales que no se vinculas con el caso Coppola”. La jornada tuvo otras opiniones vertidas por el Defensor del Pueblo de la provincia; la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); la Asociación Civil de Estudios Constitucionales (ACEC) Asociación Civil Usina de Justicia y la Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia entre otros.
Mañana será el turno del Procurador Fiscal de la Nación y de los abogados de las partes y también el momento en que los integrantes de la Corte Suprema realizarán preguntas.
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