"Una cosa es la vida privada de personas anónimas y otra la vida pública de personas públicas, que creo que es el eje de lo que se discute en el caso Denegri", dice el docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Conicet Martín Becerra para luego afirmar que si la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ratifica el fallo "podría estar sentando un precedente muy peligroso que le abre la puerta a la censura".
Sobre el "derecho al olvido" el investigador explicó a Télam que "se trata de una figura que está reglamentada en Europa pero que no forma parte de nuestra tradición regulatoria y que recién empieza a aparecer en algunos fallos". Y advirtió que "una interpretación desproporcionada del Derecho al Olvido puede conducir a la censura colisionando con la libertad de expresión y el derecho al acceso a contenidos que fueron concebidos para ser difundidos o publicados".
"Cómo en la actualidad la mayoría de los usuarios de internet en occidente utilizan Google para sus búsquedas, el hecho de que un contenido sea desindexado es asociado de manera desproporcionada al 'Olvido', pero no es el contenido el que se elimina sino su indexación al buscador", dijo Becerra.
El jueves y viernes de la semana pasada la Corte escuchó en la audiencia pública a los "amigos del tribunal" con diferentes posturas y al procurador fiscal de la Nación, Víctor Abramovich. Este sostuvo que que "al inhibir ciertos resultados en los buscadores se interrumpe el proceso comunicativo, ya que la búsqueda del contenido se convierte en algo muy difícil". Para el fiscal se trata de "información de interés público todos los aspectos vinculados a la cobertura del caso Cóppola e incluye todas las aristas".
También hablaron los representantes legales de Natalia Denegri, Martín Leguizamón y Graciela Medina. La propia Denegri sostuvo frente a los jueces del máximo tribunal: "Vivíamos secuestrados por los productores, vivíamos en hoteles y nos llevaban a los canales", dijo. Luego fue el turno de los abogados de Google, quien tienen entre sus abogados a Mariano Grondona quien explicó que "la búsqueda y acceso a la información pública es libre y solo puede restringirse cuando es ilegal".
Para Becerra "es lógico reconocer que nadie 'tiene la posta', todos los días a cada instante miles de ciudadanos de a pie sufren las consecuencias de su exposición y hay situaciones super delicadas" aunque recordó que "la regulación europea protege las acciones privadas de las personas cuando los contenidos indexados son ilícitos, falsos o desactualizados".
También recordó el papel que debiera tener el Poder Legislativo que "debería por lo menos dar el debate sobre la necesidad o no de introducir la figura del Derecho al Olvido en nuestra legislación, para establecer una posición frente a estas presentaciones judiciales que invocan figuras que no están reglamentadas".
"En Argentina no hay una legislación específica sobre la desindexación, y forzar una interpretación más amplia del derecho al honor que es algo que si existe, podría abrir una puerta muy problemática para el ejercicio de la libertad de expresión en situaciones ambiguas o fronterizas", concluyó el investigador.
Comentarios recientes