La Corte Suprema el pasado 16 de diciembre declaró la inconstitucionalidad de la actual composición del Consejo de la Magistratura de la Nación y, si no se sanciona una nueva ley, el Consejo debe volver a la conformación sancionada en 1999, modificada luego en 2006, de 20 miembros.
Por este motivo, más allá de las elecciones previstas para la nueva conformación del Consejo, el Senado avanza en otro sentido para aprobar una ley que propone un CM de 17 integrantes. Con la palabra de Soria y Lugones, avanzó el plenario de comisiones en el Senado con la mirada puesta en darle media sanción al proyecto de ley a principios de abril para luego pasar a Diputados.
El ministro de Justicia, Martín Soria, expuso sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 2021. Al hablar sobre el contexto en el que se da el debate dijo que "hoy el Congreso está obligado a legislar bajo presión, el fallo de la Corte Suprema del 16 de diciembre pasado es una extorsión sin precedentes en la historia democrática".
Subrayó que "el fallo de la Corte Suprema de la Nación es un acto político y un acto extorsivo". Destacó que "este Congreso de la Nación debería rechazar de plano esta intromisión de la Corte Suprema en facultades que le están absolutamente vedadas, como es la de legislar".
Soria explicó que "al declarar la inconstitucionalidad de una ley que tiene años de vigencia le da operatividad a una ley que fue derogada por el único cuerpo que tiene facultad de legislar que es el Congreso de la Nación". El ministro resaltó que, en su voto de disidencia, el ministro del alto tribunal Ricardo Lorenzetti, dijo que "el fallo de mis colegas contradice los principios básicos del derecho".
Al exponer sobre la iniciativa remitida por el PEN, el ministro señaló que "el proyecto que presentó el Ejecutivo es concreto y conciso: en su artículo primero se regula la composición de los integrantes de las bancas del Consejo de la Magistratura, elevándose a 17 miembros". Puso énfasis en señalar que "el proyecto enviado por el PEN no modifica ninguna de las mayorías necesarias para la toma de las decisiones".
Soria bancó el proyecto oficial en trámite y reafirmó que "la composición del Consejo de la Magistratura será integrada por 4 jueces o juezas elegidos entre sus pares, 6 legisladores - 3 de cada cámara -, 4 representantes de abogados, 1 representante del PEN y 2 del sector académico".
El ministro resaltó que "el proyecto elevado por el Ejecutivo no incluye la posibilidad de que alguno de los miembros de la Corte integren el Consejo de la Magistratura". Dijo que de esta manera "receptamos así una postura que era un consenso consolidado y transversal a todas las fuerzas políticas". En su punto subrayó que "introducir la figura del presidente de la Corte Suprema como presidente del Consejo de la Magistratura es absolutamente antidemocrático. Parece mentira que los propios integrantes no puedan elegir a sus autoridades".
El actual presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, inició su presentación diciendo que "no voy a permitir que el Consejo se pare. Haré lo imposible para que el Poder Judicial siga funcionando".
Lugones dejó al plenario de comisiones un informe sobre lo que se realizó en el Poder Judicial a través del accionar del Consejo de la Magistratura. En ese sentido destacó que "tenemos un equipo técnico de lujo en el Consejo que nos permite avanzar. Durante la pandemia, los dotamos de elementos para poder trabajar, se hicieron más de 2000 audiencias por zoom en todos los tribunales del país. En el 2021 se hicieron más de 50 concursos en Tecnópolis y en el 2020 prácticamente no se hicieron".
Lugones reivindicó el funcionamiento del Consejo durante la pandemia del Covid 19 a través del formato online y recordó que "estamos administrando con bajos recursos". En su punto resaltó que "el Consejo tiene 23 mil empleados en todo el país". A la hora de hablar de las falencias resaltó "la falta de celeridad y la aprobación de ternas".
En su condición de profesor de derecho penal, afirmó que "el artículo 114 es muy claro en que el Consejo de la Magistratura administra el Poder Judicial. Si el presidente de la Corte Suprema va a elegir al titular entonces será la Corte a través de un delegado quien administre el Consejo".
Este miércoles expusieron abogados constitucionalistas y rectores de universidades de Derecho. Alfredo Vitolo, presidente de Fores, explicó que la "Corte debe estar en cabeza del Consejo porque es la única forma de administrar al Poder Judicial y como dice la reforma del 94 hay que reducir la influencia partidaria para garantizar la independencia del Poder Judicial y minimizar el impacto de la entrevista personal de los candidatos a jueces".
El abogado constitucionalista, Alberto Sporta, expresó que "tiene que haber un representante de la Corte en el Consejo que no necesariamente tiene que ser su presidente". En tanto, manifestó que "el proyecto de ley que se haga presente el PEN en algunas comisiones como la de disciplina y la de selección, justamente porque interviene en la terna de los futuros magistrados". Sobre el Poder Legislativo, explicó que "tiene que haber 2 por la mayoría y 1, por primera minoría y 1 por la segunda minoría para tener un equilibrio que represente al pueblo y a las provincias".
El consejero Diego Marías, presidente de la Comisión de Administración y Finanzas del Consejo, afirmó que "el Poder Judicial vive una crisis de infraestructura hace muchos años donde visite 25 de las 26 cámaras de apelaciones en todo el país donde hay jueces de frontera a quienes les falta casi todo. En este sentido, creo que la Corte es importante dentro del Consejo para manejar y aportar mejor al funcionamiento del Poder Judicial. La Corte es superavitaria y el Consejo es pobre".
María Fernanda Vázquez, decana de la facultad de Derecho de la UNLZ, expresó que la "incorporación de dos miembros del estamento académico entendemos que celebramos esta discusión y es un aporte valioso, jurídico y federal de los profesiones de Derecho en el Consejo". La controversia sobre su elección, la decana elogió la elección de las "universidades públicas que son entes autónomos y autárquicos elegidos en función de trayectorias, méritos y cada uno elige a sus estamentos", pero "diferentes a los sistemas de gestión privada que son asociaciones o fundaciones con objetivos diferentes de las entidades públicas".
El proyecto UNIFICADO de la oposición
Este martes, materializaron la decisión en un proyecto de ley que propone un Consejo de 20 miembros, con el presidente de la Corte a cargo, 4 jueces, 8 legisladores, 4 abogados, 2 académicos y 1 representante del Ejecutivo. Lo presentó el jefe del interbloque, el senador radical Alfredo Cornejo.
El proyecto amplía el Consejo y establece que el mismo será presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estará compuesto por cuatro jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación, elegidos por sistema D’Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia.
Además, se sumarán 8 legisladores nacionales, 4 por cada Cámara. Para ello, los titulares del Senado y Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán 4 legisladores/as por cada una de ellas, correspondiendo 2 al bloque mayoritario, uno/a por la primera minoría y uno/a por la segunda minoría, debiendo garantizarse la representación igualitaria de género. Se entenderá por bloque, aquel reconocido por cada cámara y no a la sumatoria de ellos en el interbloque.
También integrarán el Consejo 4 representantes de los abogados y abogadas de la matrícula federal, inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales del interior. Para la elección, el territorio nacional conformará un distrito único. Dos de los representantes titulares deberán tener domicilio electoral en cualquier punto del interior del país y dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Completarán la nómina un representante del Poder Ejecutivo, y otros 2 del ámbito académico y científico, que deberán ser abogados, profesores titulares regulares cuyo cargo haya sido ganado por concurso público de oposición y antecedentes de cátedras universitarias de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales Públicas y Privadas, con reconocida experiencia y trayectoria académica y/o científica, elegidos por el voto directo de sus pares.
A tal efecto, el Consejo Interuniversitario Nacional confeccionará el padrón y organizará la elección de los o las representantes del ámbito académico y científico.
En su artículo tercero, se establece la perspectiva de género en la organización del Consejo y acarrea la paridad en los distintos estamentos. La representación de los legisladores nacionales deberá respetar una integración paritaria en las listas propuestas por las presidencias de las cámaras.
La Ley excluye la participación de magistrados en la Comisión de Acusación y Disciplina, que estará compuesta por tres abogados/as, 2 senadores/as, 2 diputados/as y los/las dos representantes del ámbito académico y científico.
Asimismo, se aumenta a 2/3 la mayoría necesaria para componer las comisiones. Esto es para garantizar el diálogo y el consenso, según los autores del proyecto, para que no haya un grupo que pueda designar permanentemente mayoría en todas las comisiones. La misma mayoría se necesitará para designar al vicepresidente y a la Secretaría General.
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