El pasado lunes 28, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, junto a su par de la cartera de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, presentaron la nueva Guía para la Investigación y el Juzgamiento con Perspectiva de Género en materia de drogas.
Según el informe, las infracciones de la Ley de Estupefaciente Nº 23.737 representan actualmente la tercera causa de encarcelamiento en la Provincia de Buenos Aires y, en particular, son la primera respecto de mujeres cisgénero, mujeres trans y travestis. En base a datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, estos delitos explican la detención del 40% de las mujeres cis y del 72% de las mujeres trans y travestis, mientras que en los varones asciende al 11%.
El escrito especifica que esta situación en territorio bonaerense se replica a nivel nacional y que, por tanto, merece esto un análisis contextualizado, es decir, desde una perspectiva de género.
En el acto de presentación, Alak indicó que “esta guía introduce la perspectiva de género a los procesos judiciales por delitos relacionados con el narcotráfico, con el propósito de realizar un análisis contextualizado de los casos en los que pueden encontrarse involucradas mujeres cis, mujeres trans y travestis”.
En concordancia, Díaz expresó: “El camino es ir desandando este andamiaje patriarcal sobre la mirada de la intervención del Poder Judicial. Estos aportes los trabajamos en conjunto desde el Poder Ejecutivo y Judicial. La tarea que tenemos por delante es el acceso a la Justicia con perspectiva de género que forma parte de la agenda que se está construyendo”.
Dicha guía se presentó como una herramienta para lograr mayor eficiencia e impacto en las investigaciones criminales, bajo la premisa de que desarticular los mercados de drogas ilegalizadas sólo será posible en tanto se avance contra los eslabones menos visibles y más encumbrados de la cadena delictiva.
Esta guía también promueve la articulación entre las distintas agencias del Estado en búsqueda de un abordaje integral e interseccional de las conflictividades asociadas a las drogas ilegalizadas.
Para elaborar este material se contó con la colaboración del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires; el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte bonaerense y la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior de la Nación.
Estándares normativos
Tal como reza el escrito, en diferentes informes e instrumentos que forman parte del sistema internacional de derechos humanos, se plantea la necesidad de que los Estados efectúen medidas eficientes con perspectiva de género para abordar el impacto diferenciado de las políticas de drogas sobre las mujeres y otros colectivos particularmente expuestos a situaciones de sometimiento.
En este marco, se ha señalado que las consecuencias desproporcionadas del encarcelamiento sobre estas poblaciones obligan a que se hagan esfuerzos adicionales por encontrar alternativas en todas las etapas de los procedimientos de justicia penal.
El abordaje jurídico de estos casos no puede anclarse, entonces, en respuestas automáticas o aparentemente neutrales que invisibilicen las violencias por razones de género que sufren las mujeres cis, mujeres trans y travestis en una estructura social que sostiene y reproduce un modelo masculino como base del sistema normativo y de las prácticas judiciales.
La omisión de este análisis que toma en cuenta la experiencia de estos sectores sociales, pueden tener también efectos discriminatorios.
La perspectiva de género puede ayudar a la identificación de prejuicios o estereotipos de género en la actuación institucional que afectan al principio de igualdad y no discriminación que, a su vez, comprometen al deber de imparcialidad judicial.
Aquí, la guía completa para investigar con perspectiva de género delitos relacionados a drogas.
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